Agencias/Sociedad 3.0
En un nuevo capítulo de tensiones entre el Poder Ejecutivo y el Judicial en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha vuelto a hacer declaraciones controvertidas, esta vez desafiando abiertamente a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en relación a la distribución de libros de texto gratuitos por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Durante su conferencia matutina, López Obrador abordó la controversia que rodea la distribución de estos materiales educativos y afirmó que más que un asunto meramente jurídico, el tema es político. Hizo referencia a la impugnación presentada por la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, en contra de la distribución de los libros de texto. Según el mandatario, esta impugnación, al igual que otras similares presentadas por gobernadores de oposición, es un intento de frenar la distribución de los libros con fines políticos y no jurídicos.
La cuestión central radica en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe decidir si la distribución de los libros de texto se ajusta a la Constitución mexicana. López Obrador planteó que los ministros de la SCJN tienen la responsabilidad de tomar esta decisión y que, de favorecer a los gobernadores de oposición, estarían violando la Constitución al poner intereses políticos por encima de los derechos educativos de los estudiantes.
En tono desafiante, el presidente retó a los ministros a actuar en contra de la Constitución. Criticó que los salarios de los ministros de la SCJN sean superiores al suyo y sugirió que esto en sí mismo podría considerarse una violación a la Carta Magna.
«No pueden hacerlo todos los días», subrayó López Obrador, refiriéndose a las supuestas violaciones a la Constitución por parte de los poderes judiciales. Insinuó que las acciones pasadas de la Suprema Corte ya habrían sido una forma de vulnerar la Carta Magna.
Esta confrontación entre el Poder Ejecutivo y el Judicial no es la primera en el gobierno de López Obrador. Ha habido varias ocasiones en las que ha expresado su descontento con decisiones judiciales que, desde su perspectiva, han favorecido a intereses contrarios a su gobierno y a la llamada «Cuarta Transformación».