Raúl Arias Lovillo
Hace algunos días el investigador del CIDE Diego Micher publicó en su cuenta de tweeter una tabla que muestra como el Sistema Nacional de Posgrado (SNP) del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología (Conahcyt) reclasifica miles de programas, poniendo en riesgo el financiamiento público para las becas de sus estudiantes al clasificarse como programas de posgrado no prioritarios.
Recordemos que el SNP organiza los programas reconocidos por las autoridades educativas del país a partir de la naturaleza pública o privada de la institución en que se imparten y de la orientación del programa de posgrado a la investigación o a la profesionalización de las personas, con el objetivo de asignar becas para estudios de posgrado. Son prioritarios de financiamiento los prosgrados clasificados como “de investigación” (categoría1), es decir, “programas de posgrado impartidos por instituciones de educación superior y centros de investigación del sector público, que estén orientados a la investigación en ciencias y humanidades, incluidas las disciplinas creativas”; mientras que no tienen asegurado su financiamiento los “programas de posgrado impartidos por instituciones de educación superior y centros de investigación del sector público, que están orientados a la profesionalización de las personas” (categoria 3).
Como la nueva ley General del Conahcyt garantiza becas para los posgrados de investigación, este organismo determina de manera arbitaria, no académica, que miles de programas se reclasifiquen de investigación a profesionalizantes. De esta manera Conahcyt no se obliga a otorgar becas y deja a miles de programas de posgrado sin becas ni financiamiento. De los 3,000 posgrados públicos que hay en México sólo 543 son prioritarios (de investigación) y el resto se clasifican como profesionalizantes, 2,271 programas.
De acuerdo a la información publicada por Micher, las instituciones más afectadas con la reclasificación de los posgrados son: la Universidad Autónoma de Coahuila (97%); la Universidad Autónoma de Chihuahua (96%); la Universidad Autónoma de Tamaulipas (95%); la Universidad Autónoma de Querétaro (94%); la Universidad Autónoma de Nayarit (93%); el Colegio de Postgraduados (93%); la Universidad Autónoma de Chapingo (92%); el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) (89%), que registran los más altos porcentajes de programas de posgrado clasificados como no prioritarios. La lista es muy grande y abarca la casi todalidad de instituciones universitarias y centros de investigación de nuestro país.
Desde la publicación de la recategorización de los posgrados, se ha abierto una intensa negociación política -no académica- entre el Conahcyt y los representantes institucionales de los programas de posgrado para reducir el porcentaje de programas afectados en cada institución. Conahcyt negocia con ventaja usando las armas que le otorga el poder, como ha sucedido durante todo el periodo de este gobierno. Como sabemos, desde la aprobación de la nueva Ley General de Humanidades, Ciencia y Tecnología, las universidades e instituciones de investigación quedan fuera de la toma de decisiones en el consejo directivo del Conahcyt; las decisiones sobre investigación, posgrados y sus presupuestos corresponden exclusivamente a los representantes de todas las Secretarías, incluyendo a Defensa y Marina. La burocracia por encima de la academia.
Se pueden hacer otras reflexiones sobre esta reclasificación de programas de posgrado.
En primer lugar, el resultado inmediato de esta acción autoritaria del Conahcyt es una importante reducción del presupuesto destinado a financiar los programas y becas de los estudiantes de los posgrado del país. La austeridad como politica pública. No es una acción novedosa, se utilizó para liquidar los fideicomisos destinados a apoyar a la investigación científica, tecnológica y humanística. Nunca se presentaron los resultados de la investigación sobre las supuestas redes de corrupción en torno a estos fideicomisos.Tampoco se ha ofrecido una explicación del destino de los fondos de estos fideicomisos.
En segundo lugar, con supina ignorancia de la burocracia del Conahcyt, se desaparecen años de inversión institucional en universidades y centros de investigación en infraestructura y formación de capital humano para echar a andar una gran cantidad de programas de posgrado en investigación. Muchos años para construir capacidades de investigación en México y que hoy se pretenden borrar de un plumazo.
En tercer lugar, se da un importante golpe a la movilidad social. La cancelación de miles de becas de estudiantes de posgrado seguramente impedirá que muchos jóvenes vean reducidas sus posibilidades de obtener un mejor empleo o un mejor ingreso. El posgrado, más que la licenciatura, se ha convertido en los últimos años en un factor destacado de movilidad social en el país.
En fin, hoy nuevamente el gobierno mexicano muestra su total desprecio por la ciencia y el conocimiento al cancelar miles de becas de programas de posgrado. Un ejemplo más de destrucción institucional. En lugar de estar construyendo capacidades de investigación para enfrentar los retos del futuro mexicano en la sociedad del conocimiento, las destruye.