Agencias/Sociedad 3.0
El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó este lunes cinco decretos presidenciales por los que se expropian “por causa de utilidad pública, 336 hectáreas en diferentes municipios, entre ellos de Othón P. Blanco y Felipe Carrillo Puerto; Quintana Roo, así como 215 mil 530 metros cuadrados correspondientes a 77 inmuebles de propiedad privada en los municipios de Escárcega, Champotón y Campeche, en el estado de Campeche, que serán destinados para la construcción de obras de infraestructura pública relacionadas con el Proyecto Tren Maya.
Con la publicación de los decretos la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) procede a la ocupación inmediata de los bienes materia de esta expropiación. La expropiación incluye las construcciones e instalaciones que se encuentren en los bienes inmuebles y que formen parte de ellos.
Quedó a cargo de Fonatur Tren Maya, S.A. de C.V. pagar, por concepto de indemnización por las superficies que se expropian, la cantidad señalada en el avalúo emitido por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, en los términos señalados en dichos decretos.
El gobierno federal recordó que en el capítulo «Proyectos regionales» de dicho plan nacional, se dispone expresamente:
«El Tren Maya es el más importante proyecto de infraestructura, desarrollo socioeconómico y turismo del presente sexenio. Tendrá un recorrido de mil 525 kilómetros, pasará por los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo e interconectará las principales ciudades y sitios turísticos de la Península de Yucatán…
El Tren Maya es un proyecto orientado a incrementar la derrama económica del turismo en la Península de Yucatán, crear empleos, impulsar el desarrollo sostenible, proteger el medio ambiente de la zona desalentando actividades como la tala ilegal y el tráfico de especies y propiciar el ordenamiento territorial de la región. Se procurará integrar a la obra y a sus beneficios a los pobladores; se gestionarán los derechos de vía que aún no se tengan mediante acuerdos con los propietarios de los terrenos respectivos; se buscarán acuerdos benéficos en los casos en los que las vías de propiedad federal se encuentren invadidas y se pedirá la aprobación de las comunidades y pueblos originarios mediante consultas».
-Con información de La Jornada