La Ley General de Población que impulsaba Morena en el Senado y obligaba al Instituto Nacional Electoral (INE) a entregarle datos biométricos a la Secretaría de Gobernación fue frenada ante la falta de acuerdos entre las fracciones parlamentarias.
Al finalizar la sesión del Senado, el vicepresidente, Sergio Pérez Flores, emitió un escueto mensaje para anunciar que esa iniciativa, que permitiría al gobierno contar con datos biométricos como la huella digital de cada ciudadano, no sería votada como esperaba la mayoría legislativa del gobierno.
“A solicitud de las comisiones dictaminadoras y con el acuerdo favorable de la Mesa Directiva, el dictamen con proyecto de decreto que abroga la Ley General de Población publicada el 7 de enero de 1974 se devuelve a las comisiones”, dijo Pérez antes de clausurar la sesión de este martes.
La parte sustancial de la ley obligaba a todos los ciudadanos, aún niños, a inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos para que se les emitiera una CURP con fotografía, firma y que debería renovarse máximo cada 15 años, que serviría como documento oficial de identificación para sustituir a la credencial del INE.
El oficialismo justificaba que la emisión de este documento le permitiría conocer los grupos de población y podría generar políticas públicas que atiendan las consecuencias económicas y sociales del envejecimiento de la población.
La oposición reprochaba que la iniciativa ordenaba una serie de cambios y daba nuevas obligaciones a la Secretaría de Gobernación, pero no destinaba recursos adicionales para emprender la tarea.
Hasta el momento no se informó cuándo se retomarán los trabajos para adecuar la iniciativa de ley.