La transición entre los siglos XX y XXI fue un torbellino de cambios políticos que nos tocó presenciar a todos los mexicanos. Fueron años de lucha social, de movilizaciones emergentes y reformas legales que le fueron dando forma a una nueva institucionalidad al país. Con sus bemoles por los lastres de décadas de rezagos en la atención a las demandas sociales, por los efectos perniciosos de la corrupción y la vocación autoritaria del régimen, finalmente con el peso del voto ciudadano se logró el paso a la alternancia política en México en el año 2000.
Por supuesto que la discusión sobre el “punto de arranque” de lo que se ha denominado convencionalmente como la transición política mexicana hacia la democracia es un tema polémico, como también lo es la fijación del punto de terminación de esa prolongada o corta transición mexicana, según quiera verse. O si la transición al final desembocó en lo que llamamos La Cuarta Transformación, o este es solo un invento discursivo.
Algunos colocan el punto de arranque en fenómenos sociológicos con implicaciones políticas, como el movimiento estudiantil de 1968. Otros afirman que la transición comenzó en 1976-1977 con la reforma político-electoral, pero otros lo colocan hacia la fractura del PRI en 1987, y la creación del Frente Democrático Nacional con la figura de Cuauhtémoc Cárdenas como emblema y centro cohesivo, y las polémicas elecciones presidenciales de 1988. Y hay quienes afirman, optimistamente, que fue la llegada del PAN a la presidencia en el 2000 la que hizo posible la democracia.
Muchos más dirán que no ha habido ningún cambio político de fondo a la fecha y que todo el debate es sólo una invención conceptual para favorecer ciertas interpretaciones políticas. En fin, es difícil llegar a un acuerdo entre especialistas, historiadores y opinadores amateurs y profesionales respecto al punto de inicio y término del proceso democratizador mexicano.
Desde nuestra perspectiva, la transición a la democracia del año 2000 al 2017 se basó más en compromisos entre las élites para generar la estabilidad, que en resolver el atraso económico y la marginación en nuestro país. Sin duda, los objetivos no eran menores: democratizar el régimen, pero ello se hizo –y a medias- olvidándose del desarrollo social y lo peor, buena parte de los gobernantes chapotearon en un mar de corrupción intolerable ya para amplios sectores sociales. Lo que constituyó el caldo de cultivo de la exitosa y apabullante recepción entre la sociedad de las ofertas y propuestas del movimiento que lideraba Andrés Manuel López Obrador y que a la postre habrían de llevarlo a la presidencia del país.
La ola democratizadora llegó tarde a México, después de años de políticas neoliberales, después de la caída del Muro de Berlín y del fracaso de los paradigmas de la izquierda radical. La globalización y las políticas neoliberales, asumidas acríticamente por los gobiernos del viejo régimen provocaron la pauperización de grandes sectores de la población, la desestructuración de los actores sociales y la migración masiva al extranjero por falta de empleo. Todos esos problemas, potenciados por la corrupción imperante, se expresan en el desencanto que produjeron los gobiernos panistas y priistas, y en el desprestigio de los partidos y los políticos.
Y en eso llegó AMLO con su programa de invertir las prioridades del desarrollo y dar un peso fundamental a los pobres y los sectores más desfavorecidos. Pero lo hizo con un más que evidente objetivo de rentabilidad electoral que iría acompañado de una restauración de las prácticas políticas más rancias del viejo régimen, lo que ha puesto en duda la certeza del rumbo que ofrecen y si, en aras del objetivo de consolidación del proyecto transformador, perdurarán las reglas democráticas.
Porque no debemos perder de vista que si bien la transición se inicia cuando se rompen las expectativas de continuidad autoritaria, la consolidación llega a su término cuando se modernizan las instituciones, se fortalece la institucionalidad democrática, son una realidad los pesos y contrapesos, hay un real equilibrio de poderes, se generan nuevos pactos entre las elites y se vigoriza la participación libre de la sociedad. La pregunta es si hemos llegado en verdad a ese momento.
Porque el fortalecimiento de las instituciones no queda garantizado con los acuerdos entre las élites. Son los ciudadanos, la compleja y diversa constelación de grupos y organizaciones sociales y los medios de comunicación, quienes adquieren mayor relevancia en la fase culminante de la transición, que es la de consolidación, cuando la sociedad es la que marca la pauta.
Porque los partidos en general siguen siendo estructuras autoritarias que representan sobre todo los intereses de sus elites; los intercambios clientelares siguen siendo mecanismos eficientes para la manipulación de grandes sectores de la población, no hay transparencia en la administración pública, persiste la impunidad, no se respetan cabalmente los derechos humanos; las organizaciones anti sistémicas como el narcotráfico, representan amenazas serias para la seguridad nacional y el Estado de derecho; y tampoco se ha roto con el pasado por medio de una política de «revisión de las cuentas pendientes» de los gobiernos anteriores.
De ahí la trascendencia de las elecciones federales del próximo año, donde se pondrán frente a frente dos proyectos de nación, el de la continuidad y profundización de la 4T y el de la restauración neoliberal y el retorno a la legalidad amenazada.
En nuestra «transición mexicana» existe una gran incertidumbre sobre el futuro: en plena segunda década del siglo XXI muchos aún nos preguntamos si estamos viviendo cambios profundos o se trata del mismo régimen autoritario anterior, que solamente ha sufrido transformaciones superficiales.
Será a partir de los resultados electorales del 2024 que pueda empezarse a vislumbrar la posibilidad de construir un nuevo régimen donde el poder presidencial adquiera una dimensión institucional y al mismo tiempo mantenga la eficacia en la conducción del gobierno, donde los tres poderes de la Unión realmente permitan guardar equilibrios para que nadie pueda atropellar los intereses individuales y sociales.
Del grado de rapidez y efectividad en que se efectúen las reformas necesarias para la nueva vida democrática dependerá el futuro de nuestra nación en términos de crecimiento y desarrollo económico, estabilidad política y mejores condiciones de vida de los distintos sectores de la sociedad.
Porque no basta con una democracia consolidada si ésta es débil y con una escasa calidad; que disfrace las escasas posibilidades de contar con gobiernos verdaderamente comprometidos y engañe a aquellos ciudadanos que anhelamos un México mejor.
La tarea de todas y todos, consiste entonces en construir una democracia con un alto contenido de responsabilidad entre gobernantes y gobernados; legalidad y respeto irrestricto a la ley; de rendición de cuentas; amplias posibilidades de ejercer la libertad; condiciones para la construcción de una sociedad con menos diferencias económicas y mayores oportunidades de mejorar su nivel de vida.
Se vale soñar.