La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México espió a políticos de oposición y de Morena como Santiago Taboada, alcalde con licencia de Benito Juárez; Horacio Duarte, secretario de Gobierno del Estado de México; Higinio Martínez, senador por la misma entidad, y Lily Téllez, senadora por el PAN, de acuerdo con una investigación del diario estadounidense The New York Times publicada este jueves.
De acuerdo con el reportaje, la Fiscalía que encabeza Ernestina Godoy pidió a la compañía Telcel los registros telefónicos, de texto y geolocalización de esos personajes bajo el supuesto de que correspondían a investigaciones por secuestros y desaparición de personas.
El reportaje señala que las órdenes judiciales se enviaron a la compañía telefónica entre 2021 y los primeros meses de 2023; esas solicitudes son ilegales de acuerdo con abogados consultados por el diario.
La investigación cita a Luis Fernando García, director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales: “El sistema se manipula con facilidad, los fiscales pueden inventar carpetas de investigación o usar algunas existentes para obtener información sin ninguna supervisión judicial“.
Taboada comenzó a ser espiado desde 2021, un año antes de que anunciara su deseo de buscar la candidatura del Frente Amplio por México a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Higinio Martínez, dirigente del Grupo de Acción Política, al que pertenecen Duarte y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez.
Ambos personajes negaron tener relación alguna con un hecho ilícito y Martínez reprochó el espionaje. “El presidente prometió que durante su gobierno no se espiaría a nadie. Es un hecho lamentable y condenable”.
Aunque la ley establece que la Fiscalía debe acompañar la solicitud con la orden de un juez en un plazo máximo de 48 horas, en los documentos revisados por el diario Telcel señaló que nunca se presentaron las órdenes.
Ernestina Godoy fue propuesta para su ratificación como titular de la Fiscalía por el gobierno de la Ciudad de México para otro periodo, que concluiría en 2028; el nombramiento está en manos del Congreso local, que deberá decidir a más tardar el 15 de diciembre.