En teoría política se enseña que la justificación de la existencia del Estado-nación encuentra fundamento en la irrestricta obligación de atender, entre otras, tres funciones de elemental importancia: la Salud, la Educación y la Seguridad Pública, en ese contexto cuando un gobierno no las atiende con la eficacia debida es posible nominarlo como un gobierno fallido, y si esa condición se torna permanente entonces concluiríamos en la existencia de un Estado fallido ¿se encuentra México en alguna de esas instancias? Constitucionalmente, la Seguridad Pública es una función de Estado, es decir, debe estar a cargo del Estado Mexicano, y corresponde a los tres niveles de gobierno (municipal, estadual y federal) enfrentar a la delincuencia, lamentablemente los dos primeros, es hecho histórico, irresponsablemente delegaron esa obligación en el gobierno federal y ya lucen completamente rebasados por la delincuencia. Con cierta frecuencia el presidente López Obrador ha reconocido la prioridad que su gobierno le concede al tema de la violencia e inseguridad que tanto lastiman a la sociedad mexicana y ha hecho referencia a su insatisfacción por no haber logrado reducir esa patología social, un logro ya difícilmente alcanzable por este gobierno. Porque la violencia no cesa, la extorsión, la drogadicción, el cobro de piso, el dominio territorial de los cárteles de la droga es evidente y cuán difícil habrá sido para el primer mandatario su interlocución con la reportera sonorense Reyna Haydée Ramírez. quien le torpedeó con preguntas lacerantes, una de ellas: ¿dónde está el Estado, presidente para garantizar la seguridad de los mexicanos?
En su artículo cuarto la Constitución General establece la corresponsabilidad entre la Federación y las entidades federativas para diseñar programas de acceso a los servicios de salud, sin embargo, los gobiernos estatales han visto mermada su capacidad para garantizar el derecho a la salud debido a las disposiciones dictadas por el actual gobierno federal a partir de la desaparición del Seguro Popular, un sistema de financiamiento de gastos catastróficos que cubría enfermedades de alto impacto en la población económicamente más vulnerable y lo sustituyó con el INSABI, que resultó un sonado fracaso acompañado con un descomunal desabasto de medicinas, un voluminoso expediente aún sin resolver. La aparición del Insabi redujo la capacidad de las entidades federativas en materia de salud, pues al centralizar el manejo de los recursos en el gobierno federal, financiando y gestionando la infraestructura médica en las entidades federativas, la gestión de estas en materia de salud se minimiza. Aún no se ve cómo podrá superar el organismo Público Descentralizado IMSS-Bienestar esos obstáculos para garantizar la calidad de los servicios de salud mexicanos a los proporcionados en Dinamarca.
Y en educación, tampoco tenemos elementos para presumir si nos atenemos a los resultados de la prueba PISA 2022 que nos desnudan como uno de los países con acentuadas deficiencias educativas pues ocupamos el penúltimo lugar de los países evaluados, apenas encima de Colombia, pero sideralmente lejos de Japón, el país mejor evaluado. Reprobamos en matemáticas, en comprensión lectora y en ciencias, esa condición nos remite al fracaso de la Nueva Escuela Mexicana. Con ese deprimente panorama es imposible enfrentar con éxito el paradigma contra la pobreza y la movilidad social que todo gobierno debe buscar en beneficio de su población. No íbamos muy bien, que no venga lo peor.