La planeación es el arte de anticipar el futuro y prepararse para él. Surge de la necesidad humana de controlar su entorno y alcanzar sus objetivos. Es una manera de expresar la creatividad, la inteligencia y la voluntad de los seres humanos. También se describe como el proceso de definir objetivos, estrategias y acciones para lograr un propósito determinado.
En el ámbito de la administración pública y el desarrollo de obras de interés público, la planeación es clave para garantizar el uso eficiente y transparente de los recursos públicos, el cumplimiento de metas y compromisos sociales, el fortalecimiento de la gobernabilidad y la rendición de cuentas, y la generación de beneficios para la población. Requiere de un marco jurídico e institucional que la respalde y la regule, así como de un sistema de información que la sustente y la monitoree.
En 1961, el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, lanzó la Alianza para el Progreso, una iniciativa para promover el desarrollo de los países latinoamericanos. Como parte de este programa, se ofreció asistencia técnica y financiera para que los gobiernos elaboraran planes de desarrollo económico y social. México fue uno de los países que se sumó a este proyecto. Creo un programa de gobierno que denominó Plan de Desarrollo Estabilizador 1962-1964, el primer plan de desarrollo de México con una visión integral y de largo plazo, formulado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Consejo Nacional de Economía (CONAE) y el Consejo Nacional de Planeación Económica (CONPLAE). El plan determinó los objetivos, las estrategias y los programas para impulsar el crecimiento económico, la estabilidad financiera, la distribución del ingreso, la educación, la salud, la vivienda, la infraestructura y el desarrollo regional. El plan fue un éxito, pues logró aumentar el producto interno bruto en un 6.6% anual, reducir la inflación a un 3.1%, incrementar el salario real en un 3.8%, expandir la cobertura educativa y sanitaria, y mejorar las condiciones de vida de la población. El plan también sentó las bases para la creación de un sistema nacional de planeación, que se consolidó en las décadas siguientes con la promulgación de la Ley de Planeación en 1983 y la incorporación de la planeación democrática y participativa en la Constitución en 1988.
La planeación es de gran importancia y sus beneficios reflejan en diversos ámbitos, tales como:
Identificar las necesidades y prioridades de la población en materia de comunicaciones, transporte, energía, agua, salud, educación, vivienda, entre otros. También favorece el diseño y ejecución de proyectos y obras que responden a éstas necesidades y prioridades. Garantiza la viabilidad técnica, económica, social y ambiental, así como el flujo de recursos financieros suficientes y que se realicen en los tiempos y con los estándares de calidad establecidos.
Además, asegura que los recursos públicos se utilicen de manera racional, equitativa y transparente, de acuerdo con los objetivos y las estrategias definidas. Esto permite optimizar el gasto público, evitando el desperdicio, el desvío, la corrupción y la discrecionalidad.
La planeación impulsa el crecimiento económico, el desarrollo social, la sustentabilidad ambiental y la seguridad nacional, mediante la articulación de políticas, programas y acciones que contribuyan al bienestar de la población, al fortalecimiento de las capacidades productivas, al aprovechamiento de las ventajas competitivas, a la reducción de las desigualdades, a la preservación de los recursos naturales y a la prevención y atención de los riesgos y amenazas.
Por el contrario, la falta de planeación o una planeación deficiente puede tener consecuencias negativas, tales como:
Ineficiencia, que se traduce en la generación de proyectos y obras que no responden a las necesidades y prioridades de la población, sin viabilidad técnica, económica, social y ambiental. Carecen de los recursos financieros suficientes o se realizan con retrasos, sobrecostos, baja calidad o incumplimiento de las normas.
Efectuar proyectos y obras sin observar los mecanismos de transparencia, participación, control y fiscalización, y que se realizan sin licitaciones, contratos, supervisión o auditoría, basándose en criterios políticos, clientelares o personales, propiciando, al mismo tiempo, la corrupción, el desvío, el fraude o el conflicto de interés.
Esto puede afectar el desarrollo económico, social, ambiental y de seguridad del país, dejando de generar empleo, ingreso, bienestar, educación, salud, vivienda, entre otros. Desaprovecha las potencialidades, ensancha brechas sociales, no preserva los recursos y no previene ni atiende a riesgos.
En el último lustro, se han evidenciado proyectos y obras cuestionados por su inviabilidad técnica, económica, social y ambiental, falta de estudios de factibilidad e impacto, opacidad en los procesos de contratación y licitación, retraso en la ejecución, sobrecosto en el presupuesto, rentabilidad cuestionable, inseguridad operativa y falta de cumplimiento de compromisos internacionales en cambio climático, entre otros.
La planeación no es solo una herramienta administrativa, sino un ejercicio de visión y responsabilidad que define el rumbo de una nación. La historia y los desafíos actuales demuestran que, sin una planeación adecuada, los esfuerzos por el desarrollo pueden resultar en vano, generando más problemas que soluciones. Es clave para el desarrollo de cualquier país. Por lo tanto, es deseable y recomendable que el gobierno y la sociedad en general fomenten una cultura de la planeación, basada en la participación, la transparencia, la evaluación y la mejora continua, para lograr un desarrollo sostenible e incluyente.
Ideario en Perspectiva
La designación de la nueva ministra de la SCJN ha generado polémica y cuestionamientos sobre la independencia judicial y la división de poderes en México. Algunos sectores han criticado que no tiene la experiencia ni el perfil adecuados para ocupar el cargo, y que su llegada a la Corte podría implicar una mayor injerencia del Ejecutivo en el ámbito judicial. Lo cierto es que tendrá que demostrar con sus resoluciones y su conducta que es una ministra con capacidad, imparcial, independiente y apegada a la ley.