Aunque están inmersos en su propia elección presidencial y hay cierta alarma en la Casa Blanca y en el establishment estadounidense por el imparable ascenso de Trump hacia la candidatura republicana, la administración de Joe Biden y las élites políticas de Washington también se dan tiempo para voltear a ver lo que está sucediendo en los comicios por la Presidencia de México. De entrada, hay preocupación por la amenaza que representa la intervención del crimen organizado en las elecciones mexicanas y, sobre todo, causa inquietud en los círculos políticos de la Unión Americana la inestabilidad que pudiera causar un escenario de falta de legalidad y conflictos poselectorales en su vecino del sur.
La visita de congresistas de Texas a México esta semana, a donde vinieron a recabar información sobre los temas migratorios y a observar el avance el proceso electoral mexicano, es un indicador del interés estratégico que despierta la sucesión mexicana al otro lado del Río Bravo. Los tres congresistas, dos republicanos, Michael McCaul y Randy Weber y el demócrata Henry Cuellar, además de reunirse ayer con el presidente López Obrador en Palacio Nacional, estuvieron antes dialogando con la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum.
Por su parte la candidata opositora, Xóchitl Gálvez, está invitada para asistir el próximo 5 de febrero a una reunión en Washington con el Comité de Seguridad del Congreso de los Estados Unidos, en donde muy seguramente la abanderada expondrá sus denuncias sobre acoso y ataque desde el poder a la oposición, además del duro diagnóstico sobre la inseguridad y la violencia del narcotráfico que afectan a la mayor parte del territorio nacional y que amenazan también el desarrollo libre de las elecciones democráticas.
No hay duda de que tanto en la Casa Blanca como en el Congreso de los Estados Unidos están realizando un seguimiento puntual sobre las condiciones en las que se lleva a cabo el proceso electoral mexicano y de que el tema preocupa tanto a los republicanos como a los demócratas, que ven en la estabilidad política, social y económica de México un tema de seguridad nacional para los Estados Unidos.
Y es sabido también, por sus declaraciones públicas, que los temas del narcotráfico, el combate al fentanilo y la migración ilegal son los tres problemas mexicanos que más ocupa tanto a la administración Biden como a las bancadas del Senado y la Cámara de Representantes en el vecino país, en donde las posiciones van desde la visión de mayor cooperación bilateral para enfrentar esos problemas, hasta las críticas demoledoras de los republicanos ante el fracaso y la inacción del gobierno de López Obrador para controlar a los cárteles de la droga o las posiciones extremas que piden intervención militar del ejército estadounidense para combatir a los narcos mexicanos como organizaciones terroristas.
Por eso, conforme avance el calendario electoral en México y se acerque la fecha de las votaciones presidenciales y de Congreso, es muy probable que aumente el interés, pero también la presión de los sectores políticos de Washington sobre lo que sucede en su llamado “Patio Trasero”. Y para cuando en México se estén cerrando las campañas y preparando las votaciones del 2 de junio, los candidatos a la Presidencia de Estados Unidos y al Congreso estarán ya claramente definidos y en sus discursos el tema de México será sin duda uno de los principales focos de la retórica de las campañas.
Tan sólo ahora, cuando aquí estamos en esa especie de limbo electoral llamado «intercampañas», fuentes de agencias estadounidenses están manejando información sobre un “golpe inminente” que preparan desde el FBI y el Departamento de Justicia, que impactará directamente al proceso electoral mexicano. De acuerdo con esas fuentes ubicadas en Washington, la investigación abierta desde hace varios años en los Estados Unidos sobre las actividades criminales del empresario tamaulipeco Sergio Carmona, relacionadas con la importación ilegal a México de gasolina estadounidense y sus relaciones con el narcotráfico, estarían muy avanzadas y con base en declaraciones de un testigo protegido, se estarían preparando acusaciones concretas en contra de políticos mexicanos pertenecientes al partido Morena.
Se trataría, según nos dice la fuente, de «cinco o seis políticos de alto nivel del partido Morena que serían acusados o señalados de haber recibido financiamiento de Sergio Carmona para sus campañas, con dinero ilegal procedente del contrabando de gasolinas». Los nombres de esos políticos morenistas, que hoy ocupan cargos importantes, se conocerían en las próximas semanas y de confirmarse la información que nos adelantan, se trataría de una acción inédita de la justicia estadounidense que impactaría a la política mexicana y a las elecciones en curso, a partir de acusaciones de violaciones a las leyes estadounidenses.
Veremos hasta dónde llega la investigación estadounidense sobre el caso Carmona y los vínculos del asesinado empresario con el huachicol de combustible procedente de Estados Unidos y con el narcotráfico y si las agencias del Gobierno estadounidense proceden a acusar a políticos mexicanos del oficialismo, lo que sin duda sentaría un precedente y hablaría de que el interés del vecino del norte sobre lo que pasa en México se estaría llevando a niveles que podrían incluso afectar la relación de altibajos que hasta ahora han tenido con el gobierno de López Obrador… Los dados mandan Capicúa. Malo el tiro.