Es incuestionable que la educación juega un papel fundamental en la mejora de las condiciones socioeconómicas de las personas y en la movilidad ascendente en la sociedad. Al brindar herramientas y habilidades necesarias, la educación proporciona a individuos y familias acceso a más y mejores oportunidades laborales, económicas y sociales, convirtiéndose en un factor clave para mejorar la calidad de vida de la sociedad y contribuir al desarrollo del país.
Invertir en educación es de vital importancia para romper los ciclos de pobreza y desigualdad. Estudios demuestran que las personas con menor escolaridad suelen recibir salarios más bajos. De acuerdo con datos del INEGI, la diferencia salarial entre aquellos que sólo tienen educación primaria y aquellos con estudio de posgrado puede ser hasta cuatro veces mayor.
La educación también brinda oportunidades para impulsar la movilidad social. Además de adquirir conocimientos esenciales para la vida cotidiana, los estudios permiten ampliar la perspectiva, relacionarse con diferentes grupos sociales y vivir nuevas experiencias. Desafortunadamente, no todas las personas tienen acceso a los recursos necesarios para estudiar, lo que mantiene la injusticia y la exclusión social. En nuestro país, aunque la mayoría de los niños asisten a la educación primaria y secundaria, aún enfrentamos desafíos en cuanto a la cobertura y calidad de la educación a nivel medio superior y superior.
Para garantizar la efectividad de la educación como motor de movilidad social, es necesario que sea accesible y de calidad. En México, las desigualdades económicas y sociales representan un obstáculo para acceder a la educación. La deserción escolar en los niveles medio superior y superior es alta debido a dificultades económicas, familiares y sociales. Muchos niños y jóvenes se ven obligados a abandonar sus estudios debido a la necesidad de trabajar o ayudar a sus familias.
Además, el acceso a las nuevas tecnologías también influye tanto en el ámbito educativo como laboral para la movilidad social. Según datos de Statista, se estima que alrededor de 100 millones de personas en México utilizan internet, lo que nos sitúa en el segundo país latinoamericano con la mayor cantidad de internautas, después de Brasil. Si bien, la penetración del Internet en el territorio es relativamente extensa y progresa satisfactoriamente, prevalecen grandes disparidades. Por ejemplo, existe una brecha de más de 40% entre los estados con la mayor y menor cantidad de usuarios de internet, mientras que en CDMX el 88.3% de su población es usuaria de Internet, en Chiapas sólo lo es el 46.1%. Asimismo, se observan brechas similares en variables como la edad y el medio social (urbano-rural).
No obstante, más allá de del acceso a tecnologías de última generación, es necesario considerar el nivel de alfabetización tecnológica. El nivel tecnológico de una sociedad refleja tanto el enfoque de la educación como el tipo de empleo y el salario al que aspira una persona y, por ende, sus posibilidades de tener movilidad una social ascendente. Por lo tanto, el ensanchamiento de la brecha digital debe ser una de las principales preocupaciones de políticas públicas en México, ya que sus efectos en el futuro de las personas serán innegables. El aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicación posibilita la prestación de servicios básicos a poblaciones marginadas, amplia el acceso a la educación mediante cursos digitales masivos y facilita el emprendimiento en línea para personas con recursos limitados.
En conclusión, es esencial invertir en educación y abordar las brechas digitales para garantizar una educación accesible y de calidad. Esto permitirá romper los ciclos de pobreza y desigualdad, promoviendo una movilidad social efectiva en beneficio de todo el país.
Ideario en Perspectiva
El controvertido paquete de reformas enviado al poder legislativo para su análisis, discusión y eventual aprobación tiene una alta dosis de injerencia en la elección presidencial y busca establecer una línea para quien le suceda en el cargo.
Estas reformas plantean una serie de cambios significativos en la estructura y funcionamiento del sistema político y pueden tener un impacto profundo en el futuro de nuestro país. Por ello, los legisladores, deben analizar y debatir estas reformas con detenimiento, considerando tanto sus implicaciones inmediatas como sus posibles consecuencias a largo plazo.