Serpientes y Escaleras
Salvador García Soto
El proceso electoral en marcha, considerado una elección histórica para el país por la importancia y el número de puestos públicos en disputa, se está manchando de sangre. Todavía no arrancan las campañas oficiales de la elección federal, de las nueve elecciones estatales y de los comicios municipales en disputa y ya han sido asesinados 16 políticos y ciudadanos que buscaban contender por un cargo público de los tres niveles de gobierno que serán votados el próximo 2 de junio por los mexicanos.
La lista de muertos la integran lo mismo aspirantes y precandidatos de Morena, que del PRI, el PAN o el Partido Verde y en la mayoría de los casos la forma de los asesinatos tiene todo el sello de ejecuciones del crimen organizado. Porque al final el foco principal de la violencia asesina que está tiñendo de rojo esta contienda política sigue siendo el narcotráfico y el crimen organizado, que ha encontrado en la intimidación, la cooptación, amenazas o de plano el homicidio doloso contra los candidatos y candidatas una forma de influir en las votaciones al erigirse en «el gran elector» que decide, aun antes de que voten los ciudadanos, quién sí y quién no puede competir para ocupar un cargo de elección en este país.
El fenómeno no es nuevo. Ya ocurrió en 2021 cuando se documentaron con base en las carpetas judiciales abiertas, el asesinato de 102 políticos durante aquellas elecciones intermedias, de los cuales 36 eran candidatos a algún cargo público por los distintos partidos, de acuerdo con el registro de consultoras privadas como la firma Etellekt. A la fecha la mayoría de esos homicidios violentos siguen impunes y hubo casos como el de la candidata de Movimiento Ciudadano en Moroleón, Guanajuato, Alma Rosa Barragán Santiago, que fue ejecutada en pleno mitin y frente a sus simpatizantes y familiares, el 25 de mayo de aquel año, apenas unos días antes de que se realizaran las votaciones.
Así, por la ley de las balas, los criminales y narcos decidieron ya que los aspirantes de Morena, Yair Martín Romero, junto con su hermano no debían seguir haciendo campaña por una diputación federal en Ecatepec; que Samantha Carolina Gómez Fonseca no debía ser candidata en Xochimilco; que Miguel Ángel Cruz Robles tampoco podía competir en Villa del Carbón, Estado de México; que Ricardo Taja Ramírez no sería candidato en Acapulco; ni que Dagoberto García Rivera era apto para buscar un cargo en Maravatío, Michoacán; o que Porfirio Hernández no podía aparecer en las boletas de la elección municipal en Chietla, Puebla.
También, como no entendieron por las buenas ni hicieron caso de las amenazas, eliminaron a Alejandro Lanuza Hernández para que no compitiera por el PAN en Salvatierra, Guanajuato; a Jaime Dámaso Solís, lo asesinaron en Zitlala, Guerrero, para que no llegara a la elección; lo mismo que a Alfredo Giovanni Lezama Barrera, que fue baleado en Cuautla, Morelos; mientras que a Javier Torres lo secuestraron, torturaron y asesinaron para que no influyera en las elecciones municipales de Chiautla, Puebla.
Lo mismo les pasó a los aspirantes de Movimiento Ciudadano en Armería, Colima, Sergio Hueso; Mirian Noemí Ríos, en Jacona, Michoacán; y Wilman Monje Morales, quien fue ejecutado en Gutiérrez Zamora, Veracruz. Y a los precandidatos del PRD Marcelino Ruiz Esteban, a quien el narco ejecutó en Chilapa, Guerrero, para que no compitiera en la próxima elección, al igual que a Moisés Tomás Juárez Abarca, baleado y muerto en Acapulco. Las balas del narco también eliminaron de la competencia al priista David Ray González Moreno, en Suchiate, Chiapas y al precandidato del PVEM para alcalde de Mascota, Jaime Vera.
Y mientras la violencia política lleva una tendencia creciente y se recrudece en vísperas del arranque de las campañas, pocos se atreven a hablar del tema, como lo hicieron abiertamente los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe de la Mata, la presidenta de ese órgano Mónica Soto y el magistrado Felipe Fuentes, quienes advirtieron que el narcotráfico está influyendo en las elecciones mexicanas desde el pasado proceso y también abiertamente en la actual elección.
Mientras otros, como el Grupo Financiero estadounidense Citibanamex, encienden los focos rojos sobre la intervención descarada y brutal del crimen organizado en el actual proceso electoral. «La deteriorada resiliencia del Estado mexicano ante el crimen organizado ha dado lugar a una crisis de extorsiones y desapariciones en el país, pero también a mayor presencia e influencia del crimen en procesos electorales», dice uno de los bancos más grandes que operan en México. Y añade en su informe especial «Elecciones 2024: los riesgos de la violencia político-electoral», publicado esta semana, que «el riesgo de que el crimen organizado intervenga en las elecciones de junio próximo es alto, en nuestra opinión».
Diversos organismos internacionales, autoridades electorales y partidos políticos se han referido a la impunidad con la que cada vez más intervienen los cárteles en la competencia electoral, marcadamente en el ámbito estatal y municipal, no sólo para financiar a candidatos alineados con sus intereses, sino intimidando y eliminando a todos aquellos candidato o políticos que se opongan a esos mismos intereses criminales.
Apenas el pasado 7 de febrero, cuando ya habían sido asesinados al menos 15 aspirantes de distintos partidos, el INE y la Secretaría de Gobernación acordaron y presentaron el «protocolo de seguridad para la protección de candidatos y candidatas» a cargos de elección, en el que participan las dependencias del gabinete de seguridad federal. Hasta ahora, que se sepa, apenas un candidato, el priista Willy Ochoa, que busca competir por el Senado, ha solicitado formalmente recibir protección por la violencia del narco desbordada en Chiapas, donde ya han matado a candidatos.
Y en medio de toda esa violencia que está tiñendo ya de sangre a las elecciones mexicanas, el presidente López Obrador se atrevió a decir el pasado 2 de febrero en su mañanera que no estaba viendo riesgos de asesinatos políticos en los actuales comicios.
«No veo que vaya a haber asesinatos políticos», expresó ese día el mandatario mientras hacía el gesto de «tocar madera» a manera de cábala. Y descartó que México pueda «volver a la época en la que dominaba la delincuencia organizada». Está claro que, aun antes del tutupiche que le deformó el ojo derecho, el jefe del Estado mexicano ya había perdido mucho antes la visión y se ha quedado ciego para no ver -o pretender que no lo hace- cómo corre la sangre y las balas de sus amigos del narco votan en lugar de los mexicanos… Dados girando. Se repite la Serpiente.