Agencias/Sociedad 3.0
Con el inicio de las campañas presidenciales este viernes, México se adentra en lo que se ha señalado como el proceso electoral más costoso de su historia, con un gasto aproximado de 66 mil millones de pesos, incluyendo tanto los comicios federales como estatales. Esta cifra representa un aumento de casi el 50 por ciento en comparación con el gasto electoral de 2018, que ascendió a 45 mil millones de pesos.
El financiamiento a los partidos políticos desempeña un papel crucial en este proceso, con prerrogativas que alcanzarán los 18 mil 487 millones de pesos a nivel federal y estatal, debido a la disputa por 19 mil cargos en juego. Morena encabeza la lista de beneficiarios, recibiendo un total de 5 mil 37 millones de pesos, seguido por el PAN con 3 mil 280 millones y el PRI con 3 mil 125 millones.
La polémica en torno al gasto electoral se intensifica con la acumulación de facultades de los organismos electorales y los numerosos candados en el sistema electoral mexicano. El Instituto Nacional Electoral (INE) ejercerá un presupuesto de 22 mil 322 millones de pesos, mientras que los organismos públicos locales electorales (Oples) utilizarán 17 mil 445 millones de pesos. A pesar de algunas tareas de organización asumidas por el INE, los Oples siguen siendo objeto de debate, especialmente en estados donde se han solicitado ampliaciones presupuestales para cubrir los costos electorales.
En este contexto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) cuenta con un presupuesto de 3 mil 622 millones de pesos, mientras que los tribunales locales disponen de poco más de 2 mil 600 millones. Históricamente, el sistema electoral mexicano ha favorecido el financiamiento público a los partidos como medida de fiscalización y control de ingresos, aunque también ha sido objeto de críticas por su creciente costo.
Los partidos políticos recibirán un total de 10 mil 388 millones de pesos por parte del INE y 8 mil 109 millones de pesos de los Oples, destinando una parte considerable a campañas y el resto a financiar sus estructuras burocráticas. En términos desagregados, Morena lidera el financiamiento, seguido por sus aliados PT y Verde, así como por el PAN, PRI, PRD y MC.
A pesar de la intención gubernamental de reducir el gasto electoral, las medidas propuestas se encontraron con resistencia y el proceso continúa con su marcha, marcado por la magnitud de los recursos financieros involucrados y las disputas políticas en juego.