Por azares del destino, un mal día para el sistema de justicia veracruzano desde la cúpula del poder estatal surgió la ocurrencia de elevar al cargo de magistrada del Tribunal Superior de Justicia a la señora Isabel Romero Cruz, quien estaba a distancia sideral de merecer ese cargo y mucho menos para desempeñarse como presidenta del Honorable Tribunal de Justicia de Veracruz como inmediatamente ocurrió. Los testimonios de su patético desempeño al frente del Poder Judicial pronto fueron evidentes y en consecuencia ahora comienzan a aflorar los desajustes financieros en que se incurrió durante su estancia al frente de ese poder. Sin duda con este caso se confirma “lo que naturaleza no da Salamanca no presta”. Era de contundente silogismo esperar un resultado como el que detectó la Auditoría Superior de la Federación en su auditoría al periodo encabezado por la señora Isabel Romero, quien no obstante el desbarajuste señalado por la ASF se declara tranquila, “requetebién… no me llevé ni un peso partido por la mitad”, a lo cual debemos dar crédito, porque pese a sus limitaciones profesionales, en materia de dinero, cualquier infante sabría que un peso partido a la mitad no alcanza valor alguno.
Lentamente, pero apresurada por la inexorable cercanía del fin sexenal, la señora Romero irá tomando conciencia de que lo señalado por la ASF configura una seria irregularidad, aunque el ente fiscalizador no refiere un robo de dinero, ni que se haya llevado pesos partidos a la mitad, sino que imputa el incumplimiento de pagos de servicios personales, bonos y prestaciones y desvío de recursos para menesteres no autorizados en el ejercicio 2021. También acusa de aplicar pagos en montos no autorizados. 82 millones de pesos forman el bonche financiero cuestionado en la observación al ejercicio 2021, no es poca cosa, de allí que, aunque tarde un poquito más de lo normal, la señora Romero Cruz empezará a tomar conciencia de lo que la Auditoría Superior de la Federación encontró y que ella, como responsable en ese entonces del Poder Judicial tiene la obligación legal de aclarar. ¿En cuantas ocasiones la licenciada Romero Cruz presumió de su conducta anticorrupción? Para su fortuna, la vida le da oportunidad de confirmarlo despejando toda duda respecto de la multicitada observación de auditoría. Nada nuevo bajo el sol en asuntos relativos al “pinche poder”.