El tono y la narrativa con los que comenzaron las campañas para las elecciones federales 2024 en México están inevitablemente centrados en el tema de la inseguridad.
No es para menos. El país vive una oleada de violencia en distintos puntos del territorio nacional, mientras la indolencia y la incompetencia son las respuestas oficiales, intentando minimizar el desastre que han provocado en México.
Los hechos hablan por sí mismos. De junio a febrero, se registraron 11 asesinatos de candidatos, precandidatos y ex candidatos. Tres candidatos fueron asesinados en el arranque mismo del periodo de proselitismo y no son sino la prueba del fracaso de una “estrategia” que es más bien un pago de facturas del régimen, que todo el sexenio decidió “dejar hacer y dejar pasar” a los grupos delincuenciales, que ahora en cada vez más ciudades han decidido ser los únicos electores, eliminando a sus “opositores” no en las urnas, sino a través del único método que conocen: la violencia brutal.
No es casual que dos días después de iniciadas las campañas y en medio de un clima de zozobra, la Conferencia del Episcopado de México (CEM) haya emitido un mensaje en el que puntualiza que “creemos que el peor de los escenarios, el que mayormente debemos evitar, es aquel en el que el crimen organizado y otros grupos delincuenciales intervengan en el proceso electoral en cualquier lugar y momento”.
Los obispos mexicanos puntualizaron que “la democracia electoral mezclada con la delincuencia es un binomio totalmente inaceptable, es un signo de la más deplorable corrupción que se debe evitar a toda costa. Por ningún motivo se puede justificar y mucho menos entrar en complicidad”.
La CEM señaló que los actores políticos sin excepción, comenzando por las autoridades y siguiendo con los candidatos, partidos y ciudadanos, deben cumplir las leyes y las normas en materia electoral y enfatizó, con un claro destinatario, que “por el bien de México, primero la democracia y el Estado de Derecho”.
No es un secreto que la Iglesia Católica ha jugado un papel muy activo en estados como Guerrero, donde hay un absoluto vacío de poder y han tenido que entrar los clérigos a realizar una suerte de mediación con los grupos criminales para que detengan la violencia contra los ciudadanos de a pie. Prueba tangible de que México es, de facto, un Estado fallido.
Las alertas suenan más allá de las fronteras del país. Este lunes, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, manifestó desde Ginebra que se debe proteger de la violencia las campañas en México.
“Este inmenso ejercicio de los derechos políticos y civiles debe salvaguardarse de la violencia”, declaró Türk, quien recibió la esperada y vergonzosa respuesta de siempre del presidente de México.
“El alto comisionado es muy, con todo respeto, muy tendencioso, está en contra de nosotros y hace comparsa con los que quieren demostrar de que México es un país muy violento”, dijo Andrés Manuel López Obrador, como si su demagogia fuera suficiente para ocultar las evidencias de su fiasco como gobernante.
Nada en más en el estado de Veracruz, este sábado dejaron cuatro cuerpos desmembrados adentro de bolsas en el bulevar turístico de Tuxpan. Y el lunes, un ex candidato a alcalde de Paso de Ovejas fue asesinado a tiros saliendo de un restaurante en ciudad Cardel, a menos de 40 kilómetros del puerto jarocho.
Y apenas empezaron las campañas.
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