Desprestigiar al Poder Judicial ha sido parte de la estrategia política de la 4T, con el doble propósito de minar la legitimidad de las sentencias opuestas a la voluntad del presidente y de justificar la reforma diseñada para controlar los nombramientos de los juzgadores. El eje del argumento ha sido que la mayoría de las y los integrantes de la Corte están al servicio de la “mafia del poder” y que, en su conjunto, el Poder Judicial está corrompido hasta la médula.
El presidente ya había logrado inocular la semilla de la discordia en la cabeza colegiada de ese poder de la federación, gracias a la lealtad que le han profesado tres de las ministras designadas durante este sexenio y a la labor de zapa de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea quien, mientras presidió la Corte, cumplió los designios del Ejecutivo con fidelidad. Hoy esa semilla parece haber germinado con el anuncio de la investigación abierta en contra de algunos de los colaboradores principales de Zaldívar durante ese periodo, a quienes un denunciante “anónimo” acusa, con pelos y señales, de tráfico de influencias y abuso de autoridad. La polarización política que ha corroído casi todos los rincones de nuestra convivencia se ha instalado ya a sus anchas en los pasillos de la Corte.
Supongo que el gobierno emprenderá la defensa de los acusados, alegando que se trata de una estratagema de los conservadores para lastimar a los leales de la 4T y desviar la atención sobre sus propios actos de corrupción. Y supongo que desde la cabeza de la Corte se lidiará con este anuncio informando a cuentagotas sobre el curso de las investigaciones emprendidas, mientras el periodismo de investigación intenta sacar algo en claro de este enfrentamiento. Pero mientras se cruzan las espadas, es evidente que ese conflicto dañará aún más la credibilidad y la confianza que todavía despierta el Poder Judicial. No es difícil advertir el principio de una guerra, pero es imposible anticipar cuál será su desenlace.
Será una batalla legal como casi todas las que se libran en nuestro país: plagada de palabras y rodeada de intereses y presiones políticas. Dudo que alguien salga bien librado de este episodio, pues la creencia generalizada —y confirmada día a día desde las conferencias mañaneras de Palacio Nacional— es que, en México, las leyes no se cumplen a cabalidad sino que responden al juego del poder: que son armas arrojadizas contra los enemigos o instrumentos para negociar la impunidad y el precio de los negocios sucios (desde una mordida del policía de tránsito hasta la compra de la libertad en juicios penales, pasando por la asignación de contratos, las licencias de construcción o el intercambio de favores y nombramientos públicos).
Hasta hace poco, se creía que la Suprema Corte de Justicia estaba a salvo de esos usos de la ley. La gran mayoría pensaba que, aunque jueces y tribunales pudieran corromperse, las y los ministros estaban por encima de esas prácticas viciadas. Hoy, en cambio, esa certidumbre se ha ido desgastando por la ofensiva emprendida desde el Ejecutivo y, a partir de ahora, será prácticamente imposible negar que alguno de los dos bandos en disputa miente y que alguno de ellos –o los dos— utiliza la toga con la que se cubren para esconder conductas deleznables.
Si fuese cierto que así actuaron Zaldívar y su equipo, malo: se habrá probado que el Poder Judicial no ha sido íntegro ni independiente del poder de turno; y si fuese verdad que todo esto es un infundio difamante para cercenar la influencia interna de la 4T y de sus ministras leales, peor, pues quedará de manifiesto que los jueces pueden alinearse con quienes los controlan, en función de sus espacios de poder. Alguien lanzó un anzuelo y lo mordieron. Alguien estará sonriendo, complacido.