Una de las principales banderas políticas de Andrés Manuel López Obrador, la de su política energética nacionalista y estatista, terminará el sexenio con un fracaso rotundo en cuanto a los objetivos que se planteó el presidente al inicio de su gobierno. Ni Petróleos Mexicanos volvió a ser la empresa fuerte y rica del pasado, pese a los cientos de miles de millones de pesos que se le inyectaron en esta administración para tratar de reestructurar su deuda y evitar su quiebra, ni la Comisión Federal de Electricidad se convirtió en una empresa más moderna y más eficiente y, de la mano de un vetusto Manuel Bartlett, termina el sexenio entre apagones y fallas en el Sistema Eléctrico Nacional.
De nada sirvió la fallida cruzada presidencial para prometerles a los mexicanos una inexistente “soberanía energética” ni tampoco los esfuerzos caprichosos de López Obrador por revertir parte de la reforma energética de Peña Nieto, en el sector eléctrico, donde afectó y paralizó las inversiones privadas, nacionales y extranjeras, en favor de energías limpias, con una impugnada Ley de la Industria Eléctrica que hoy está por ser declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia, ante la avalancha de amparos, controversias y acciones de inconstitucionalidad promovida por empresarios, inversionistas y las bancadas opositoras en el Congreso.
Lo único que logró este gobierno, con su política estatista de darle total preponderancia a la CFE en el mercado eléctrico, fue frenar el crecimiento de una industria eléctrica verde, que estaba colocando a México como uno de los países punteros a nivel internacional en la transición energética. Y en contraparte, con su apuesta por una empresa estatal que sigue generando energía con combustóleo y carbón, dos de los combustibles fósiles más contaminantes, fue transferir recursos públicos millonarios y sobrecargar de facultades y responsabilidades a una Comisión que ni siquiera fue modernizada, tampoco reestructurada en sus graves problemas financieros y mucho menos ordenada en sus procesos internos burocratizados ni eficientada en sus procesos de generación eléctrica.
La gestión de un político de la vieja guardia priista, como lo es Manuel Bartlett, terminará siendo recordada por las fallas e inconsistencias en el servicio de energía eléctrica. Comenzó el sexenio con apagones, explosiones en plantas y fallas en líneas de transmisión y está terminando exactamente igual. El ejemplo más gráfico del fracaso de la política eléctrica del obradorato es lo que sucedió el martes por la tarde-noche en el Sistema Eléctrico Nacional que sufrió apagones, fallas y desconexiones en varias terminales, afectando a estados y ciudades de la República, desde Tamaulipas hasta Chiapas, pasando por el Valle de México, por lo que el Cenace, Centro Nacional de Control de Energía, declaró el pasado 7 de mayo varios Estados de Alerta y Emergencia, al haber quedado el país con una reserva eléctrica menor a 3%, muy lejos del número mínimo operativo para el abastecimiento en toda la República que es de 6%.
Y si la CFE no logró ser del todo “la Empresa de Clase Mundial” que presume su slogan con la política energética de Obrador, el fracaso en los planes de “rescatar a Pemex” y devolverle sus épocas de gloria ya pasadas en el mundo petrolizado, es todavía más escandaloso. No hay total transparencia de la cantidad multimillonaria de recursos públicos que se le inyectaron a la empresa petrolera en este sexenio, pero tan sólo en este año 2024 se le destinaron 145 mil millones de pesos del presupuesto federal como “aportaciones de capital” para tratar de reducir su enorme deuda financiera, que ha sido objeto de malas calificaciones y tachada casi como “bonos basura” por parte de las más importantes calificadoras financieras internacionales.
El propio secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, dijo esta semana a los consejeros regionales del banco BBVA, que lo invitaron a su reunión anual, que el próximo Gobierno de la República tendrá que seguir inyectándole cantidades exorbitantes del presupuesto a Pemex porque la reestructura de sus adeudos es un proceso que durará muchos años. “No se puede ocultar el sol con un dedo. Es una empresa muy grande que lleva seis años de reestructura. A lo largo de seis años esta reestructura nos ha dejado muchos aprendizajes sobre lo que es prioritario hacer en la siguiente instancia”, dijo el titular de Hacienda.
Pero a contracorriente de especialistas y expertos que proponen modificar radicalmente el papel y las funciones de Pemex, convirtiéndola ya no en una empresa solamente petrolera sino también de generación de energías limpias, la apuesta del gobierno lopezobradorista fue totalmente orientada a mantener el petróleo como la principal fuente energética de México, construyendo incluso una megarrefinería que aún no refina nada, pero cuyo costo al menos se duplicó para los mexicanos de ocho mil millones de dólares que se dijo inicialmente a 16 mmdd que hoy se dice que costó, generando además toda una opacidad y denuncias de corrupción en la asignación de sus contratos en los que se menciona como beneficiarios lo mismo a los hijos del Presidente que a la exsecretaria de Energía, encargada de la obra y hoy candidata al Gobierno de Veracruz, Rocío Nahle.
El resultado de tantos cientos de miles de millones de pesos inyectados a Pemex bien podría verse reflejado en el reciente informe de pérdidas y ganancias que dio a conocer la empresa estatal la semana pasada: sus ganancias se redujeron 92% en el primer trimestre de este año, al pasar de 56 mil 736 millones de pesos en los primeros tres meses de 2023, a cuatro mil 682 millones de pesos en el mismo periodo de 2024. Y como dato positivo, la propia empresa presume que logró reducir su deuda de 106 mil 55 millones de dólares al cierre del año pasado, a 101 mil 499 mdd, aunque el mérito no fue de Pemex, sino de la transferencia de recursos del presupuesto federal.
Luego entonces, la promesa política de López Obrador de fortalecer y rescatar a Pemex y a la CFE como el eje principal de su política energética estatista ¿era hacer a esas dos empresas más modernas y eficientes para que mejoraran su servicio y sus aportaciones al desarrollo mexicano o era atiborrarlas de recursos públicos, que se le quitaron a otras necesidades importantes para los mexicanos (salud, educación, seguridad, ciencia y desarrollo tecnológico) y de muchas más facultades en detrimento de las inversiones privadas para que terminaran siendo igual de ineficientes, nidos de corrupción al más alto nivel y ahora también un lastre para las finanzas públicas?
Si de verdad se propuso lo primero con buenas intenciones, lo único que logró el Presidente estatista es frenar el desarrollo energético de México, justo cuando más necesitamos de energía suficiente y limpia, y en lugar de eso tenemos dos empresas ineficientes, endeudadas, corrompidas y un fracaso rotundo de la política energética de este gobierno… Los dados mandaron Capicúa. Se vuelve a lanzar el tiro.