En una misma semana, dos gobernantes surgidos del Partido Morena violentaron de manera burda, grotesca y abusiva el derecho a la privacidad que tienen los ciudadanos mexicanos. Lo más preocupante de ambos casos, que ya de por sí son graves porque representan un abuso de poder de quienes detentan la autoridad, es que, a los dos ciudadanos vulnerados en su intimidad y privacidad desde el Estado, se les ubica claramente como críticos del gobierno, lo que parece encajar con un patrón en el que, más que una casualidad o un exabrupto de los gobernantes, apunta hacia una política de intimidación, descalificación y exhibición desde el poder a los opositores y disidentes del régimen.
El primer caso de abuso y ataque a la privacidad lo cometió el mismísimo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien desde su púlpito mañanero soltó a una jauría encabezada por él mismo, sus colaboradores, opinadores, periodistas militantes y por supuesto las granjas de bots que maneja desde la Presidencia su vocero, en contra de la académica y politóloga María Amparo Casar, a quien acusan desde el poder de un presunto acto de corrupción cometido hace 20 años cuando cobró un seguro de vida y recibió una pensión post mortem, tras el fallecimiento de su esposo, Carlos Márquez Padilla, ocurrido en 2004 cuando él era un alto funcionario de Petróleos Mexicanos.
En su andanada en contra de la directora de Mexicanos contra la Corrupción, una organización civil que realiza y documenta reportajes periodísticos sobre la corrupción política y gubernamental, el Presidente no dudó en poner en marcha y utilizar todo el aparato del Estado mexicano para exhibir la supuesta conducta irregular cometida por la señora Casar, a quien no sólo le revivieron el doloroso tema del suicidio de su esposo, sino que además publicaron y difundieron desde las páginas oficiales de la Presidencia de la República los expedientes judiciales de aquel año sobre los peritajes e investigaciones de la muerte de Carlos Márquez, con la intención de desacreditar que María Amparo «no tiene autoridad moral», como lo declaró desde el viernes el Presidente.
La acusación pública del Presidente, que ni siquiera queda del todo acreditada o comprobada con la difusión ilegal de los expedientes que contienen información privada y datos personales de la familia Márquez-Casar, es que la hoy directora de Mexicanos contra la Corrupción habría cobrado, en su tiempo, un seguro de vida por 130 mil pesos y habría pedido la pensión que le correspondía a su esposo, además del pago de gastos funerarios, a pesar de que el señor Márquez, que entonces era coordinador de Asesores del Corporativo de Administración de Pemex, se había quitado la vida por su propia decisión al arrojarse de la torre de oficinas de la empresa estatal, mientras que los dictámenes en su momento hablaron de un accidente de trabajo.
El seguro de vida que tanto le molestó al Presidente lo cubrió en su momento un banco privado, mientras que la pensión post mortem que cobró la familia del funcionario fallecido era un derecho laboral adquirido, sin importar cuál fuera la causa de su muerte. Pero nada de eso se dijo en el discurso de odio lanzado por el Presidente y el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, en contra de la académica que dirige una organización civil que exhibe la corrupción del gobierno. Lo que importaba, al parecer, era cumplir la consigna del Presidente en contra de una ciudadana que cuestiona y documenta casos de corrupción de su gobierno y hasta de su familia.
El otro caso de violación a la privacidad de un ciudadano lo cometió el gobierno de Morelos, encabezado por el aliado y protegido del Presidente, el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco. Tras denunciarse la desaparición del obispo emérito de la Diócesis de Chilpancingo, Guerrero, monseñor Salvador Rangel, el lunes pasado, por parte de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) el asunto causó revuelo y conmoción por tratarse de un prelado católico que ha cuestionado públicamente la violencia del narcotráfico que impera en Guerrero y ha puesto en duda la eficacia de las estrategias de seguridad de los gobiernos estatal y federal, al reunirse con narcos en busca de un «acuerdo de paz» para que no ataquen ni asesinen a la población.
La presunta desaparición del obispo crítico generó reacciones inmediatas desde el Gobierno federal y fue asumida por la Fiscalía de Justicia de Morelos, que encabeza Uriel Carmona, otro fiscal «incómodo» para la 4T y que fue acusado, perseguido y encarcelado en un penal de máxima seguridad, de donde salió libre por orden de un juez que no encontró elementos para que lo hubieran detenido y apresado. Pero como el gobernador Cuauhtémoc Blanco está enfrentado a muerte con el fiscal Carmona, ordenó a su secretario de Seguridad estatal, José Antonio Ortiz, meterse también a indagar qué había ocurrido con la desaparición del obispo Rangel, quien apareció el mismo lunes que la CEM lo reportó desaparecido, lastimado y drogado en un hospital de Cuernavaca.
El fiscal Uriel Carmona declaró a los medios que se investigaba un caso de secuestro exprés, como la causa de la desaparición del obispo y que éste no podía declarar porque lo habían drogado al parecer con cocaína. Pero cuando la Fiscalía estatal estaba llevando el caso, el comisionado de Seguridad morelense irrumpió en la escena con una declaración no sólo insensible y desafortunada, sino que violentó de golpe no sólo la privacidad de Salvador Rangel, sino también su calidad de víctima de un presunto delito. «No fue un secuestro», dijo el funcionario del gobierno morenista de Morelos. «El obispo Rangel entró a un motel acompañado de otro hombre».
Así, de golpe y por una declaración claramente malintencionada del Gobierno de Morelos, al obispo católico de Chilpancingo, al mismo que ha cuestionado los vínculos de la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, con el crimen organizado y ha dicho que la gobernadora Evelyn Salgado entregó el estado al narcotráfico, no sólo lo exhibieron y vulneraron su intimidad y privacidad, sino que además atacaron y cuestionaron su autoridad moral y religiosa ante su feligresía. ¿Era necesario dar detalles tan particulares para decir que el obispo había sido atacado en un encuentro privado con otra persona y no secuestrado?
A estas alturas, con un Presidente que ya ha dejado claro que no le importa la ley ni la Constitución y que está dispuesto a todo, lo que haga falta con tal de mantener el poder y hacer que gane su candidata presidencial en las próximas elecciones del 2 de junio, difícilmente se puede creer que esos dos casos de abuso de poder y ataques desde el gobierno a la privacidad de dos ciudadanos mexicanos es algo casual o aislado. Lo que está emergiendo en este fin de sexenio es la amenaza y el peligro que representa un poder desbordado y autoritario como el que le han dado al presidente López Obrador y que él pretende heredarle a la que quiere a toda costa como su sucesora.
Cuando un gobierno usa los instrumentos del Poder y los recursos de un Estado para ir en contra de los ciudadanos, con intenciones políticas perversas y aviesas, como las que se ven muy claramente en estos dos casos, los focos de alerta para una democracia deben encenderse. Nada garantiza a estas alturas que lo que pasó en la última semana, con los ataques a María Amparo Casar y al obispo Salvador Rangel, no se convierta en una práctica común contra los que critiquen, disientan o se opongan ya no sólo a este gobierno, sino al movimiento político que representa y que busca mantenerse en el poder por los próximos seis años. Ahora son una académica investigadora y un prelado religioso, después podría ser cualquiera en que esté en la mira de un Estado dictatorial y autoritario que se vuelva en contra de los ciudadanos y su derecho a disentir… Se lanzan los dados. Escalera Doble. La semana pinta bien.