Agencias/Sociedad 3.0
Este jueves, un juez federal otorgó la libertad provisional a ocho militares que están involucrados en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014.
Los militares, acusados de desaparición forzada y delincuencia organizada, fueron liberados bajo un «criterio parcial y sesgado», según denunció el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que ha estado apoyando a las familias de los estudiantes desaparecidos.
Estos soldados pertenecían a los batallones 27 y 41 de Infantería de Guerrero, estado en el que ocurrió el crimen el 26 de septiembre de 2014, presuntamente por una colaboración entre grupos criminales y autoridades, incluyendo al Ejército.
El juzgado, ubicado en el Estado de México, consideró que la prisión preventiva para los militares no era necesaria ni justificada, a pesar de las argumentaciones de la Guardia Nacional sobre un «alto» riesgo de fuga.
El Centro Prodh y otras organizaciones como Fundar, Talchinollan y SeraPaz, que han seguido de cerca el caso, acusaron a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de «continuar litigando a favor de los militares acusados en el caso Ayotzinapa», sumado a su negativa de entregar todos los documentos de sus archivos.
Esto, según expresaron en un comunicado conjunto, confirma «el poder militar sin contrapesos, que afecta a la justicia y el esclarecimiento del caso».
Las protestas por el caso Ayotzinapa han aumentado ante las elecciones presidenciales del 2 de junio, con estudiantes actuales y familias acusando al presidente Andrés Manuel López Obrador de proteger a militares involucrados en la desaparición de los 43 jóvenes y de no cumplir su promesa de resolver el caso.
La Comisión de la Verdad del Gobierno concluyó en agosto de 2022 que el hecho fue un «crimen de Estado», con la participación de grupos criminales en colusión con autoridades de todos los niveles, incluidas las Fuerzas Armadas.