Uno de los escándalos de corrupción que trascenderá a este sexenio y que abarca prácticamente todo el sexenio del presidente López Obrador, es sin duda el de la corrupción y el “huachicol fiscal” que ocurre dentro del ahora llamado Sistema Aduanero Mexicano. El tráfico ilegal de combustibles y el contrabando de gasolinas y diésel que son enviados desde los Estados Unidos y que en México reportan mucho menos cantidad al ingresar por las aduanas mexicanas, es todo un “modus operandi” que atraviesa transversalmente a este gobierno, a su partido Morena y a destacados funcionarios que aprovecharon, como directivos del sistema de Aduanas federales y se beneficiaron del robo de gasolinas e impuestos al Gobierno federal.
El problema es tan real y de él tienen conocimiento pleno las más altas esferas de la 4T. Lo sabe bien desde el Presidente de la República, que cuando se dio cuenta del tamaño de la corrupción aduanera mandó al Ejército a tratar de controlar la evasión de impuestos federales y de importación y el contrabando de gasolinas; hasta el general secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, que el pasado 18 de agosto de 2022 mandó un oficio firmado y dirigido al general Audomaro Martínez Zapata, en el que pedía al director del Centro Nacional de Inteligencia investigar la corrupción en las aduanas de Baja California y Sonora y acusaba directamente al director del Centro Operativo de Aduanas, Juan Carlos Madero Larios, de tener tratos con “operadores externos” para participar en actos de corrupción como el contrabando de hidrocarburos y de pepino de mar a través de las aduanas mexicanas.
En el oficio No. 812, clasificado como “confidencial” y con la firma del General Secretario, se señalaba también a los directores de Evaluación, Álvaro Alejandro Hernández y de Tecnologías de la Información, César Reyna Carrillo, “manipulan el Sistema de Parametrización de la ANAM (reconocimiento aduanero por alertamiento) para presuntamente realizar actos de extorsión a los agentes aduanales”.
Pero para cuando el Presidente ordenó la entrada del Ejército a las aduanas federales, la red de tráfico había crecido a tal dimensión que ya había corrompido a líderes de Morena y financiado campañas políticas en estados donde la presencia del crimen organizado es muy fuerte, como Sinaloa, Sonora y Tamaulipas. No es gratuito que desde hace al menos tres años Morena lleva cargando la acusación de haber obtenido financiamiento ilegal para las elecciones de 2021 de parte del llamado “Rey del huachicol”, el empresario tamaulipeco Sergio Carmona, quien operaba una red de ingreso ilegal de combustibles a México a través de las aduanas ubicadas en la frontera, particularmente de Reynosa, durante las administraciones en la Dirección General de Aduanas de Ricardo Peralta y de Horacio Duarte.
Y cuando ya el dinero del “huachicol fiscal” había permeado a los directivos y hasta el partido gobernante, empezaron a ocurrir hechos que no parecen aislados. En noviembre de 2021 es asesinado sigilosamente y sin testigos, videos ni investigaciones a fondo, Sergio Carmona, en San Pedro Garza García. Pero la muerte de Carmona no cerró para nada el tema del financiamiento ilegal a Morena y la operación de la red de huachicoleo en las aduanas continuó durante la administración de Horacio Duarte, actual secretario general de Gobierno del Estado de México, a contracorriente del discurso de combate a la corrupción del Presidente.
Es en esa fecha cuando el General Secretario de la Defensa mandó el citado oficio de fecha 18 de agosto de 2022, acusando actos de corrupción en las aduanas federales. Y, hasta donde se sabe, el funcionario señalado por corrupción por el titular de Sedena, Juan Carlos Madero, nunca fue cesado del cargo a pesar de que se trataba de una instrucción directa del Presidente en aquel año. Horacio Duarte fue relevado de la Dirección de Aduanas en octubre de 2022, dos meses después de los señalamientos del general Cresencio.
Y dos años después, en este 2024, el choque entre el general Audomaro Martínez y Horacio Duarte está teniendo un nuevo capítulo. Porque tras ganar la elección mexiquense de la mano de la actual gobernadora, Delfina Gómez, Horacio Duarte se posicionó como el “hombre fuerte” del gobierno mexiquense y quiso concentrar todo el poder en la Secretaría de Gobierno. Pero no contaba Duarte con que la gobernadora Delfina aceptaría para la Secretaría de Seguridad del Estado de México a un recomendado del general Audomaro, como es Andrés Andrade.
El choque de Duarte con Andrade fue inmediato y comenzó una guerra interna en el gobierno mexiquense, con resonancias en el Gobierno federal. Esa guerra lleva ya varias semanas y dentro de ella se menciona con insistencia que desde la Secretaría de Gobierno impulsan la llegada de un nuevo titular de Seguridad y le proponen a la gobernadora Gómez el nombre del teniente coronel Cristóbal Castañeda, para sustituir a Andrés Andrade.
Cristóbal Castañeda era el secretario de Seguridad en Sinaloa, durante el “Culiacanazo” del 17 de octubre de 2019. El militar manejó la seguridad sinaloense durante cinco años, con el priista y ahora embajador en España, Quirino Ordaz y con el actual gobernador Rubén Rocha Moya y renunció justo tres semanas antes de la toma de protesta de Delfina Gómez, tiempo en el que se mencionó con insistencia que sería el encargado de la seguridad en Edomex.
No se ve muy claro quién vaya a ganar la disputa interna que se libra en el gobierno de Delfina Gómez y si permanece el secretario Andrade, recomendado del general Audomaro Martínez, o si llega finalmente el teniente coronel recomendado por Horacio Duarte. Pero, de entrada, está claro que un cambio en el esquema de seguridad de la entidad podría generar un escenario de desestabilización porque los grupos del crimen organizado asentados en Edomex lo verían como el inicio de su desplazamiento de tierras mexiquenses y la posible entrada del Cártel de Sinaloa, lo que acabaría en enfrentamientos y ajusticiamientos por la pelea de las plazas. Esto tendría un serio impacto en el gobierno de Delfina.