Agencias/Sociedad 3.0
De acuerdo con Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), un juez de la Ciudad de México ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) la entrega de los contratos de 2018 y 2019 relacionados con el software espía Pegasus, tal como lo había ordenado el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)
En principio, la SEDENA había negado la existencia de dichos contratos. Sin embargo, documentos de la Auditoría Superior de la Federación obtenidos por la Red mediante solicitudes de acceso a la información demostraron la celebración de al menos dos contratos para la adquisición del «Servicio de Monitoreo Remoto de Información», por más de 140 millones de pesos.
Desde octubre de 2022, la investigación Ejército Espía documentó que la Sedena suscribió contratos con Comercializadora Antsua por un Servicio de Monitoreo Remoto de Información para el Centro Militar de Inteligencia, el cual aparece como usuario final.
Un oficio filtrado por el Colectivo Guacamaya acreditó que la Secretaría de la Defensa Nacional celebró contratos con Comercializadora Antsua S.A. de C.V. (compañía designada por NSO Group como su representante en México a partir del 2018) para la adquisición de un «Servicio de Monitoreo Remoto de Información», fechado el 12 de abril del 2019.
Posteriormente, la propia Sedena reconoció ante la Auditoría Superior de la Federación la existencia del citado contrato, así como sus montos y fechas de pago por «arrendamientos y adquisiciones realizadas durante los ejercicios fiscales del 2019 y 2020».
El 10 de febrero del 2023, Sedena respondió que había localizado los citados contratos, pero se negó a entregarlos catalogando su contenido como «información reservada» por cinco años, argumentando que podría afectar la seguridad nacional ya que la adquisición de equipo y servicios se hizo «para la generación de inteligencia militar».
R3D señaló que ante la evidencia de que la SEDENA mintió, en enero de 2023, el INAI resolvió revocar la respuesta que alegaba la inexistencia y ordenó la entrega de la información.
«La SEDENA y el gobierno de López Obrador han pretendido mantener en la impunidad la corrupción y el espionaje ilegal con Pegasus en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Esperamos que el desacato militar a las resoluciones definitivas del INAI no se extienda a las resoluciones judiciales, lo cual reiteraría el peligro que representa la militarización de la vida pública para el gobierno civil y la democracia en México», remarcaron.
Con información de Aristegui Noticias