Cuando el cinco de febrero del año en curso el presidente López Obrador reafirmó su intención de enviar para su aprobación en el Congreso Federal reformas constitucionales y a leyes secundarias a los opositores a esa idea quedaba el recurso de obtener una votación favorable, o cuando menos que le alcanzara para evitar una mayoría absoluta a favor de MORENA. Pero el dos de junio la votación mayoritaria favoreció a MORENA y sus aliados, lo que estratégicamente utilizó el gobierno para el día tres anunciar que había obtenido mayoría calificada en el Poder Legislativo, pese a que ese anuncio le corresponde al INE, tal como oficialmente lo hará el día de mañana. Los plazos ya se cumplieron, ahora el veredicto del Instituto Nacional Electoral nos informará cómo quedará integrada la Cámara de diputados y la de senadores. Aunque queda la instancia de la Sala Superior del Tribunal Electoral el gobierno sigue firme en sus propuestas de reformas legales ocasionando una ola de protestas principalmente a causa de la muy debatida reforma al Poder Judicial. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados ya tiene preparado el dictamen que elimina al Inai, la Cofece, la CNH, la CRE, el IFT, el Coneval y el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, será un grave preludio a la del Poder Judicial, que hoy por hoy tiene en paro de labores a los trabajadores, jueces y magistrados de ese Poder de gobierno en protesta contra la reforma. En cuanto a los referidos órganos autónomos en peligro de extinción no está demás alertar a la población que de consumarse su desaparición diversos sectores sociales se verán afectados, porque si se desmantela INAI se lesiona su derecho a la información y protección de datos personales. El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) se encarga de regular y supervisar las redes y la prestación de servicios de radiodifusión y telecomunicaciones (allí se acude para conseguir concesiones de televisión, radio, etc.); garantiza la igualdad de condiciones para la competitividad de los concesionarios, resuelve las controversias entre concesionarios, comercializadores y demás participantes de la industria de las telecomunicaciones. La importancia de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) se mide por sus acciones en torno a la energía eléctrica, a la energía eólica, solar, y procurar el aumento de las reservas de los hidrocarburos. Pero, sin demérito de la importancia de esos órganos autónomos, lo que trae de cabeza a la clase empresarial, los inversionistas de dentro y de fuera del país, a los constitucionalistas, a la democracia misma, es lo referente a la reforma al Poder Judicial, cuya médula reside en el propósito de elegir popularmente a jueces y magistrados, según el bodrio de iniciativas enviado a la Cámara de diputados. Excepto el presidente y quienes por comodidad o conveniencia lo apoyan, las protestas provienen de diversos sectores de la población. El presidente calificó de politiquería la inquietud de calificadoras como Fitch Ratings, o de CitiBanamex y Morgan Stanley, que alertan de severas consecuencias económicas para el país en caso de prosperar dicha reforma. Morgan Stanley degradó su recomendación para México a ‘underweight’ (infraponderado), o sea, se avizoran disturbios económicos por el posible impacto en el mercado bursátil mexicano. Por otro lado, Fitch Ratings alude a reformas “que podrían poner en riesgo la calificación soberana de México”. «No le crean a esta gente… es pura mentira» dice López Obrador, pero él se va de la presidencia dentro de 38 días ¿a quién le creen los inversionistas? O, acaso, la depreciación acelerada del peso mexicano ¿no es radar que detecta un posible sismo económico financiero? Debemos aceptar que la depreciación sufrida por el peso mexicano se debe a diversos factores, entre otros lo que este día declare Jerome Powel, responsable de la Reserva Federal de los EEUU, pero sin duda también influye la declaración de Ken Salazar sobre la propuesta de Reforma del Poder Judicial: “la elección popular directa de jueces es un gran riesgo para el funcionamiento de la democracia en México”. Al buen entendedor, pocas palabras, ¿va o no la reforma?