Agencias/Sociedad 3.0
Luego de que el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, fuera condenado a casi 39 años de prisión en Estados Unidos por su participación en actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico, el expresidente Felipe Calderón emitió una carta en la que fijó su postura sobre la sentencia que enfrentará su excolaborador.
A través de su cuenta en la plataforma X, Calderón expresó que durante su mandato como presidente (2006-2012) no tuvo evidencia verificable que relacionara a García Luna con el narcotráfico ni recibió informes de inteligencia, tanto nacionales como internacionales, que sugirieran dicha relación. Asimismo, afirmó que no tuvo acceso a los testimonios y pruebas presentadas durante el juicio en Estados Unidos.
Calderón, sin embargo, enfatizó su respeto hacia los tribunales y la ley, subrayando que «quien infrinja la ley debe asumir las consecuencias de sus actos». También recordó que, como presidente, enfrentó al crimen organizado con toda la fuerza del Estado y defendió las acciones que tomó su administración.
En su carta, el expresidente destacó los puntos principales sobre el caso García Luna:
- Falta de evidencia: Afirmó no haber tenido pruebas que vincularan a García Luna con actividades ilícitas ni haber recibido información de agencias de inteligencia que lo involucraran.
- Respeto a los tribunales: Calderón, como «hombre de leyes», manifestó su respeto hacia el juicio y la acción de los tribunales estadounidenses.
- Responsabilidad compartida: Indicó que la lucha contra el crimen organizado no dependió de una sola persona, sino de un equipo de gobierno que combatió a las organizaciones criminales.
- Reconocimiento al trabajo del gobierno: Aseguró que, aunque han pasado 12 años desde que dejó la presidencia, la lucha por la seguridad fue una decisión correcta y que la sociedad podrá comparar los avances y retrocesos de las administraciones posteriores.
El expresidente finalizó su carta exhortando a la unidad del país para enfrentar al crimen organizado, y expresó su esperanza de que el actual gobierno implemente una política eficaz de seguridad que pueda fortalecer los aciertos del pasado y corregir los errores, sumando esfuerzos en defensa de las familias mexicanas.