Juegos de poder
Leo Zuckermann
Como es lógico, los estadunidenses están inmersos en su proceso electoral. Poco les importa lo que está sucediendo en su vecino del sur. En este contexto, los medios han reportado poco sobre la reforma judicial de México. La mayoría lo ha descrito como un major overhaul of the judicial system, es decir, una “importante reforma del sistema judicial”. Esta caracterización no describe, ni de lejos, lo que verdaderamente está ocurriendo.
Tuve la oportunidad de describirles a unos abogados estadunidenses de lo que se trata la reforma judicial y puedo reportar la absoluta sorpresa que les produjo enterarse del tamaño y radicalidad de ésta.
“¿A ver, a ver, nos estás diciendo que van a elegir a todos los jueces del país?”, me preguntaron después de explicarles.
“Sí, a todos, los federales y locales”, respondí.
“¿Todos? ¿Incluyendo los jueces de la materia familiar?”.
“Sí, todos”.
“¿Los especializados en bancarrota?”.
“Todos”.
“Todos los ministros de la Suprema Corte”.
“A riesgo de sonar repetitivo, debo repetir que todos”.
“Pero esto es una locura”, concluyeron.
De repente, les cayó el veinte y preguntaron: “Espera, espera, ¿y qué de los jueces con los que actualmente tenemos casos en litigio en México?”.
“Pues prepárense porque, a más tardar el 2027, los sustituirán y entrarán nuevos a resolver sus juicios”, les dije tratando de ser suavecito.
“Tenemos que avisarles a nuestros clientes de esta locura”, advirtieron ya muy preocupados.
Estos abogados, además, no se rieron como sí lo hizo la audiencia en la Universidad de Harvard cuando el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena explicó los requisitos para presentarse a la elección de juzgadores en México. Al escuchar lo ridículo de que cualquier abogado con cinco cartas de recomendación de sus vecinos pueda participar en los comicios, los letrados con los que platiqué se alarmaron más porque llevan litigios muy sofisticados que requieren jueces especializados en ciertas materias, como la de concursos mercantiles.
En la audiencia había un abogado de Chicago. Illinois es uno de los estados de la Unión Americana donde se elige a los jueces locales por medio de los partidos. Los demócratas ponen a sus candidatos, lo mismo los republicanos.
Esta entidad, sin embargo, históricamente la ha dominado el Partido Demócrata, por lo que casi todos los jueces que se eligen son parte de esta poderosa maquinaria electoral. Le pregunté al jurista chicaguense cómo funcionaba el sistema judicial en su estado.
Me respondió: “En general, bien, si los jueces tienen que decidir pleitos entre particulares. El problema es que, al ser los jueces parte de la maquinaria demócrata, no hay manera de ganarle un juicio al gobierno del estado o a la ciudad cuando éstos son parte del litigio. En Illinois siempre gana el gobierno”.
“Y entonces qué hacen”, le pregunté.
“Muy sencillo. Ya sabemos que vamos a perder el caso en lo local e, inevitablemente, lo tendremos que subir a lo federal vía una apelación”, me respondió.
“Bueno, pues aquí no habrá esa oportunidad —le dije— porque todos los juzgadores, federales y locales, se elegirán y con toda seguridad responderán a los intereses de la maquinaria electoral de Morena”.
“Pues entonces será imposible ganarle un caso al gobierno en este país”, sentenció.
“¿Quieres, además, que endulce más tu conclusión con un elemento extra de la reforma judicial mexicana?”, le repliqué.
“¿A poco hay algo más en esta locura?”, inquirió.
“Pues sí. Resulta que para el nivel federal habrá un Tribunal de Disciplina Judicial conformado por cinco jueces, también electos por la ciudadanía, seguramente controlados por el aparato de Morena, que recibirá las denuncias en contra de trabajadores del Poder Judicial, los investigará y, en su caso, sancionará. Podrá denunciar presuntos delitos de los jueces. ¿Te das cuenta de lo que esto implica? Una especie de Tribunal de la Gran Inquisición que podrá castigar a los juzgadores que emitan sentencias que le disgusten al gobierno. Así de burdo”.
Fue entonces que no se aguantó, soltó un taco muy propio de la lengua inglesa y finiquitó nuestra conversación: “Se acabó el Estado de derecho en México”.
¿Exagera? No lo creo.
Nuestros principales socios comerciales no han entendido la dimensión de la reforma judicial. No es una “importante reforma” como reportan sus medios. Es una verdadera locura, sin pies ni cabeza. Cuando la comprendan a cabalidad pensarán mucho si vale la pena invertir en un país donde el de por sí endeble Estado de derecho está en peligro.