Agencias/Sociedad 3.0
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció la creación del Consejo de Desarrollo Regional, que incorporará a cámaras empresariales y a la Cámara de Comercio de Estados Unidos, con el fin de ordenar las inversiones extranjeras y nacionales en México. El objetivo es que las empresas se ubiquen en zonas que cuenten con la infraestructura adecuada, acceso al agua y energía suficiente para su operación, alineándose con un plan nacional que contempla la creación de 100 polos de desarrollo en el país.
Sheinbaum explicó que la empresaria Altagracia Gómez, quien ha trabajado honoríficamente a su lado, será la encargada de la interlocución con la iniciativa privada. El plan busca que las inversiones no solo lleguen por llegar, sino que tengan como fin generar buenos empleos y bienestar para los mexicanos, incentivadas por programas nacionales de energía e hídricos.
La mandataria citó el ejemplo del sexenio pasado, cuando la cervecera Constellation Brands intentó ubicarse en Mexicali, una zona sin agua suficiente, lo que provocó su relocalización en Veracruz, donde sí hay recursos hídricos, y cuya planta se inaugurará el próximo año.
En otro orden, Sheinbaum informó sobre una nueva iniciativa para evitar que ningún servidor público gane más que la presidenta. Aclaró que la administración pasada, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, había enviado una propuesta similar, pero se usaron subterfugios para evitar su cumplimiento. Ahora se busca cerrar esas lagunas y garantizar que la política de austeridad republicana se aplique en toda la administración pública.
La presidenta subrayó que los salarios de los servidores públicos provienen de los impuestos de los mexicanos, por lo que es inaceptable que existan funcionarios con sueldos excesivos. «No puede haber gobierno rico con pueblo pobre», afirmó.
Finalmente, Sheinbaum alertó sobre los conflictos de interés entre funcionarios y empresarios. Recordó el caso de Ernesto Zedillo, quien privatizó los ferrocarriles y posteriormente fue contratado por una de las empresas beneficiadas, así como las relaciones poco claras de Felipe Calderón con Iberdrola. Al respecto, fue contundente al señalar que ningún legislador debe tener contratos con el gobierno, en referencia a un caso reciente de un legislador de Morena en Coahuila con contratos con la Comisión Federal de Electricidad.