Salvador García Soto
Más de 551 muertos (7 asesinatos diariamente); 18 mil millones de pesos en pérdidas económicas y 25 mil empleos en riesgo de perderse es el saldo trágico de la guerra entre narcotraficantes que vive Sinaloa desde hace ya casi tres meses. Pasado mañana se cumplen 90 días desde que estalló el conflicto armado entre las dos facciones del Cártel sinaloense que se disputan el control de esa organización delictiva, los Mayitos y los Chapitos, cuyos enfrentamientos armados han aterrorizado a la población, paralizado la economía y las actividades de Culiacán y de sus habitantes, y han alterado la normalidad y la seguridad de los sinaloenses.
Todo eso ocurre en medio de la ineptitud y la complacencia de las autoridades estatales y federales que, lejos de utilizar la fuerza armada del Estado para neutralizar y poner en orden a los dos grupos de narcotraficantes, se han dedicado a buscar todo tipo de pretextos para justificar su falta de valor y capacidad para pacificar a Sinaloa. Desde echarle la culpa a los Estados Unidos “por haberse llevado a Ismael ‘El Mayo’ Zambada”, hasta decir que la violencia solo terminará “hasta que los dos grupos se pongan de acuerdo”; argumentar que “se exagera la violencia que sólo son hechos aislados”; o lo más nuevo, justificar que sí van a detener la guerra narca, pero “no va a pasar de la noche a la mañana”.
Y mientras las autoridades federales y del estado sólo atinan a balbucear pretextos y justificaciones, la vida en Sinaloa y principalmente en su capital Culiacán se ha vuelto tensa, incierta y completamente anormal para sus habitantes. Comercios y establecimientos que apenas abren unas horas en el transcurso del día por la ausencia de clientes; niños que dejaron de asistir a las escuelas; una vida nocturna que dejó de existir porque los culichis se encierran en sus casas entre las 5 y las 7 de la noche por miedo a verse atrapados por un fuego cruzado, una explosión o una balacera, es la nueva realidad que se vive en la capital sinaloense.
Un buen ejemplo de lo abandonados que están los sinaloenses en esta lucha armada entre narcos, es lo que ocurrió ayer cuando los habitantes de Culiacán despertaron por la madrugada en medio de un fuerte estruendo por una explosión en las afueras de la ciudad. El estallido que cimbró a varias colonias, fue de inmediato reportado en las redes sociales con videos e imágenes de una columna de fuego y humo que les robó el sueño a las familias.
Horas después la versión de lo sucedido difería según la autoridad que lo reportaba: el secretario de Seguridad Estatal, Gerardo Mérida, dijo que fue la explosión de un tanque de un auto lo que provocó el estruendo; el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, negó desde Palacio Nacional que se tratara de un “coche bomba” y atribuyó el estallido a “un dron con explosivos”; mientras que el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, sostuvo que se trató de un “petardo con mecha operado por un dron”. ¿Si no tienen ni siquiera claridad de lo que está sucediendo en esta guerra entre narcos, cómo se espera que puedan controlarla?
Porque hasta ahora ningún operativo militar ha funcionado para evitar los enfrentamientos entre Los Mayos y los Chapos. Ni los primeros contingentes del Ejército y la Guardia Nacional que fueron de entre 200 y 300 militares enviados a reforzar la seguridad en el estado, ni los 2,500 efectivos castrenses que se contabilizaban al 23 de octubre en Culiacán y sus alrededores, ni tampoco los 100 soldados “de élite” que el pasado 25 de noviembre arribaron a la entidad, han sido suficientes ni eficientes para terminar con los enfrentamientos y ataques entre los dos bandos de narcos que ha entrado en una suerte de “guerra de guerrillas” con la que evaden y neutralizan la presencia militar y siguen atemorizando a la población civil.
Otro de los ejemplos gráficos y contundentes de que el gobierno federal no ha sabido o no ha querido acabar con el enfrentamiento entre Los Mayos y Los Chapos fue la visita del gabinete de seguridad en pleno, ocurrida el pasado 8 de octubre, cuando los secretarios de Defensa, Ricardo Trevilla, de Marina, Raymundo Pedro Morales, y el “supersecretario” de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se trasladaron a Culiacán para revisar los operativos militares en marcha, y presumieron, con un video de ellos caminando por las calles (eso sí fuertemente custodiados) una supuesta “normalidad y tranquilidad” en la capital estatal.
Ayer mismo, ante la contundencia de los datos oficiales que revelan nulos avances en su estrategia para pacificar Sinaloa (45 muertos en agosto cuando estalló la guerra; 144 en septiembre; 188 en octubre, y 175 en noviembre para un total de 551 asesinatos violentos en los 3 meses) el secretario García Harfuch reconoció en la mañanera que ni el anterior ni este gobierno han podido parar la confrontación entre narcos que están teniendo altísimos costos humanos, económicos y sicológicos para la población sinaloense: “Esto se va a resolver, no es de la noche a la mañana, es un trabajo constante”, dijo ayer el “supersecretario”.
Y mientras el gobernador Rocha Moya insiste en minimizar la gravedad de la situación, y sostiene que los asesinatos “se exageran por una perspectiva política” de la que culpa “a la derecha”, la realidad es que los sinaloenses están desesperados y hartos de vivir en un estado de guerra, en donde la vida normal se ha alterado, la actividad económica ha decaído, al grado de amenazar con cierre de negocios y fuentes de empleo, y el ánimo social se encuentra seriamente afectado por un estado de tensión sicológica, miedo e incertidumbre.
Así que va de nuevo la pregunta que le hicieron los periodistas locales a aquel general Francisco Jesús Leana Ojeda, comandante de la Tercera Región Militar en Sinaloa, el pasado 16 de septiembre: ¿Cuándo terminará la violencia en Sinaloa y volverá la tranquilidad y la normalidad a la vida del productivo estado? Aquella vez el general del Ejército mexicano respondió que eso “no depende de nosotros, sino de ellos (los narcos) que se enfrentan y cobran vidas, que se pongan de acuerdo”. Ahora la última respuesta que tenemos de García Harfuch es que “se va a resolver, pero no es de la noche a la mañana”. ¿Será que al secretario 3 meses, 551 vidas humanas, 18 mil millones de pesos en pérdidas económicas y el riesgo de que pierdan hasta 25 mil empleos le parecen poco?
NOTAS INDISCRETAS… Para documentar las severas afectaciones económicas que están sufriendo los negocios y comercios en Sinaloa, una delegación de la Coparmex en el estado, encabezada por su presidenta, Martha Reyes, llegó ayer al Senado de la República para presentar un “Plan Emergente de Recuperación Económica”, con el que buscan el apoyo del gobierno federal para diferir el pago de impuestos y poder salvar así los pagos de aguinaldo y de sueldos a sus empleados. Una comisión de senadores escucharon el plan de ayuda que piden las empresas y negocios de Sinaloa y se comprometieron a apoyarlos y a gestionar ayuda de la Secretaría de Hacienda para sus peticiones de diferimiento de impuestos sin recargos en los próximos dos o tres meses. “Ante la insensibilidad y la falta de respuesta de las autoridades estatales, hemos venido a buscar desesperados el apoyo federal porque la mayoría de negocios apenas podemos abrir unas cuantas horas y tenemos dificultad para lograr ventas e ingresos ante la falta de clientes porque la población no está saliendo de manera normal”, nos dijo ayer la dirigente de la Coparmex sinaloense, quien hoy será recibida, junto con los empresarios que la acompañan, por el subsecretario de Economía, Vidal Llerenas, para presentar su Plan Emergente de Recuperación Económica para el estado. Esperemos que en Hacienda y en Economía, sus titulares Rogelio Ramírez y Marcelo Ebrard muestren sensibilidad para ayudar a los pequeños y medianos negocios de Sinaloa, no sólo por los empresarios, sino más bien por los trabajadores cuyos empleos e ingresos dependen de esos negocios y que, ante la baja de ventas y de ingresos podrían no recibir ni siquiera su aguinaldo. Si el gobierno federal no ha podido con el paquete de parar la guerra de narcos en Sinaloa, ojalá y al menos apoyen a los comerciantes y emprendedores para evitar cierre de establecimientos y pérdidas de empleos… Ayer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación ocurrió un hecho que documenta muy bien lo dividida y fracturada que está la relación entre los ministros que la integran. Resulta que los reporteros de la fuente recibieron una invitación para un “convivio de fin de año con los ministros”, pero cuando llegaron a la reunión se encontraron con que sólo estaban presentes 6 de los 10 ministros que actualmente integran el pleno. La reunión de fin de año la encabezaba la ministra presidenta, Norma Piña, que fue quien la organizó e invitó, y con ella estaban solamente los ministros que integran su bloque: Juan Luis González, Margarita Ríos Farjat, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Javier Laynez Potisek. Cuando uno de los reporteros preguntó por qué no estaban los otros cuatro ministros Loretta Ortiz, Alberto Pérez Dayan, Yasmín Esquivel Mossa y Lenia Batres, la respuesta de la ministra Piña fue que no se les convocó al encuentro. ¿Y entonces? ¿Era reunión de fin de año con los ministros de la Corte o con uno de los bloques de la Corte? Parece que aún en la agonía de los condenados los pleitos pueden más que la institucionalidad y entre los bloques de ministros aplican aquella práctica discriminatoria de NRDA… Se baten los dados. Cayó otra Serpiente. Mala racha.