Expresión Ciudadana
Carlos A. Luna Escudero
El nepotismo, esa vieja práctica que ha moldeado la política mexicana durante décadas, sigue siendo un cáncer enquistado en todos los niveles de gobierno y de los partidos políticos. A pesar de los discursos anticorrupción y la promesa de una transformación radical, la realidad demuestra que los lazos familiares siguen siendo una de las principales credenciales para acceder a un cargo público.
El nepotismo es una forma de corrupción que viola principios fundamentales de igualdad de oportunidades y acceso a la función pública. De acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todos los ciudadanos tienen derecho a acceder a cargos gubernamentales en igualdad de condiciones. Sin embargo, en México, las estructuras familiares han convertido el poder en un legado hereditario.
Esta práctica ha cobrado un protagonismo alarmante en los últimos años. La creciente influencia de familiares de altos funcionarios en el poder ha generado un debate sobre sus límites éticos y legales, especialmente cuando se traduce en una red de influencias que asegura el control de estructuras políticas y económicas. Veracruz, con su historial de cacicazgos y clanes políticos, no es la excepción.
El gobierno de la Cuarta Transformación (4T), encabezado primero por Andrés Manuel López Obrador y ahora por Claudia Sheinbaum, ha prometido repetidamente erradicar estas prácticas. La presidenta incluso presentó una iniciativa para prohibir que los familiares de funcionarios salientes sean candidatos en elecciones inmediatas. Sin embargo, esta propuesta resulta contradictoria con la realidad de su partido, Morena y de sus partidos aliados donde el nepotismo sigue siendo una norma y no una excepción.
Las evidencias del nepotismo en Morena son contundentes. Ahí están los Monreal, los Batres, los Alcalde y los Taddei, entre muchas otras familias que han convertido el servicio público en un asunto de sangre. Ricardo Monreal, por ejemplo, ha logrado colocar a seis de sus familiares en posiciones clave a nivel federal y estatal. Martí Batres, exjefe de Gobierno interino, ahora encabeza el ISSSTE, mientras que su hermana Lenia es ministra de la Suprema Corte y otra de sus hermanas, Valentina, es diputada local en la Ciudad de México.
La presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, también es un caso emblemático. Mientras dirige un órgano autónomo, sus familiares han encontrado cómodos puestos en diferentes niveles de gobierno. Su hijo, sobrina y sobrino ocupan posiciones clave en el Congreso de Sonora y en la empresa estatal Litio MX.
Uno de los casos más notorios en la actualidad es el de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador, quien ha sido colocado en una posición clave dentro del partido Morena. Su rol en la estrategia política y operativa del partido ha despertado sospechas de que, más que un simple colaborador, está siendo preparado para consolidar una dinastía política en el país.
En Veracruz, la historia se repite con nombres distintos, pero con la misma trama: el poder es una herencia familiar. Veracruz es uno de los estados donde el nepotismo ha alcanzado niveles alarmantes. En los últimos años, el pueblo veracruzano sido testigo de una descarada repartición de cargos entre familiares.
Durante el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, se presentaron denuncias por nepotismo, destacando los casos de su primo Eleazar Guerrero Pérez, exsubsecretario de Finanzas y Administración, y su sobrino Eleazar Guerrero Barrera, exdirector de Vinculación Institucional de la Secretaría de Seguridad Pública. Guerrero Pérez incluso logró colarse en la lista plurinominal de Morena, asegurándose un escaño en la Cámara de Diputados.
Además, se conocen los siguientes casos:la de la llamada “Reina delnepotismo”Rosalinda Galindo. porque, durante su tiempo en el congreso del estado colocó a toda su parentela en la nómina del gobierno del estado de Veracruz.
Otro caso de escándalo que se destacó en el sexenio anterior fue la de la familia del exgobernador donde sobresalen el caso de Dorheny García Cayetano, se dice que es su media hermana, quien fue titular de la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad (STPSP) y actual diputada local.
Aillet García Cayetano, hermana de Dorheny, fue magistrada del Tribunal Superior de Justicia en el estado (TSJE); Elio Hernández Gutiérrez, esposo de Aillet, fue secretario de Infraestructura y Obras Públicas del Estado (SIOP).
Nytzia Aracely Guerrero Barrera, hija de Eleazar Guerrero Pérez, ocupó la dirección general de Atención a la Población Vulnerable en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Veracruz); Eleazar Guerrero Barrera, hijo de Eleazar Guerrero Pérez, fue director de Vinculación Institucional en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
En los partidos políticos aliados a Morena y de la oposición no cantan malas rancheras. Ahí están los casos de la familia Yunes del Estero quienes han ocupado cargos de Gobernador, alcaldes, diputados y senadores; Pepe Mancha expresidente del PAN, que impuso a su esposa como diputada local; Otro caso emblemático entre los panistas es la del también exdirigente estatal panista Joaquín, el Chapo, Guzmán Avilés, quién colocó a dos hermanos como diputados federales y a otro como alcalde de Tantoyuca.
En otros casos de nepotismo se encuentran Ricardo García Guzmán quien impuso a sus hijos uno como diputado federal y al otro como diputado local; En la región de Papantla está el caso de Basilio Picazo y su familia que fueron alcaldes de ese municipio; el de Guillermo “Memo” Moreno quien colocó a sus hijos como funcionarios de las secretarías Seguridad Pública y Protección Civil.
En Misantla, Othón Hernández Candanedo fue sustituido por su hermano Javier en la alcaldía de ese municipio quien quiere heredar el gobierno a su hija; en el puerto está el caso de Bingen Rementería hijo del exsenador y actual diputado federal Julen Rementería. También están Leticia Luz López, regidora por Morena de Córdova e hija de la ex alcaldesa de ese municipio Leticia López Landero.
En esta misma situación se encuentra Javier Herrera Borunda quien designó a su primo hermano Edgar Herrera Landechy como dirigente del Partido Verde en Veracruz y Luis Vicente Aguilar Castillo, alcalde del PT en Alto Lucero, quien busca ahora que su esposa, Romina Arroyo, sea la candidata del PT para 2025, con el respaldo de su padre, Vicente Aguilar, líder estatal del PT.
En la actual administración de Rocío Nahle García, los casos de nepotismo han sido minimizados con argumentos burocráticos. Está el caso relevante de Esteban Bautista Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, quien ha sido señalado por la contratación de su sobrina Ana Patricia González Bautista en la dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales; por último, en una entrevista para un noticiario local, la Gobernadora confirmó que su esposo colabora en la Sedarpa, pero enfatizó que su rol es únicamente de “colaborador”. Aseguró que Peña Peña no recibe un salario por esta labor y no tiene injerencia en el manejo del presupuesto público.
Todo ello sin mencionar los cabildos de diferentes municipios veracruzanos donde se han colocado primos, hermanos, esposas, amantes, compadres, comadres y toda clase de gentes cercanas a personajes del poder. En este rubro quizá el caso más relevante sea el de la capital estatal, donde familias enteras de diferentes partidos políticos, han pasado por el cabildo xalapeño.
Lo anterior, ilustra la práctica extendida del nepotismo en México y en Veracruz, donde familiares y allegados fueron colocados en puestos clave del gobierno, lo que generó y genera críticas y cuestionamientos sobre la transparencia y la equidad en la administración pública.
Es por ello que la presidenta Claudia Sheinbaum ha impulsado una reforma contra la reelección y el nepotismo, intentando frenar este fenómeno dentro del sistema político. Sin embargo, la propuesta enfrenta resistencia, incluso dentro de su propio partido y de sus aliados.
Legisladores del Partido Verde y del PT han manifestado su desacuerdo, argumentando que, en lugar de una reforma constitucional, Morena debería modificar sus propios estatutos para evitar estas prácticas dentro del partido. La oposición también señala que esta reforma es insuficiente, pues no aborda el nepotismo en el Poder Ejecutivo, el Legislativo ni en el Judicial, donde los familiares de funcionarios, senadores, diputados, jueces y magistrados también han encontrado cobijo.
El nepotismo no solo afecta la calidad del servicio público, sino que también distorsiona la democracia, perpetúa la desigualdad y frustra el acceso de ciudadanos realmente capacitados a cargos de relevancia. Mientras el gobierno siga permitiendo que los lazos familiares sean la principal carta de presentación de los aspirantes a puestos públicos, el país seguirá atrapado en un sistema donde el apellido pesa más que el mérito.
El desafío ahora es si la reforma propuesta logrará eliminar estas prácticas o si solo servirá como un instrumento político sin aplicación real. Mientras no haya una transformación genuina en la forma en que se ejerce el poder en México, el nepotismo seguirá siendo uno de los elefantes en la sala que nadie quiere enfrentar.