Agencias/Sociedad 3.0
La lucha del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra la migración indocumentada ha alcanzado a los menores de edad, con algunos estados impulsando iniciativas para restringir su acceso a la educación pública.
El mandatario ha autorizado redadas migratorias en lugares previamente considerados sensibles y protegidos por la DEA, como escuelas e iglesias. Mientras que en Denver se presentó una demanda para evitar estas acciones en su distrito escolar, en otros estados los legisladores han promovido medidas para dificultar el acceso de estudiantes indocumentados a la educación.
En Tennessee, legisladores republicanos respaldaron una propuesta que permitiría a los distritos escolares locales negar la inscripción a niños sin estatus legal. «Las comunidades de Tennessee no deberían tener que sufrir ni pagar cuando el gobierno federal no asegura nuestras fronteras», declaró el representante William Lamberth. Aunque el gobernador Bill Lee aún no ha revisado la propuesta, sí ha firmado una ley que excluye a estudiantes indocumentados de recibir ayuda económica para estudiar en escuelas privadas.
En Indiana, se presentó un proyecto de ley que facultaría a los distritos escolares para negar la inscripción de alumnos sin documentación. En caso de enfrentar demandas, el fiscal general del estado sería el encargado de defender a los colegios. Además, la normativa obligaría a las escuelas a reportar la cantidad de estudiantes sin papeles, su asistencia, si estudian inglés y cuántos docentes imparten clases en modalidad bilingüe.
Por su parte, en Texas se busca que los distritos escolares contabilicen a los alumnos indocumentados a partir del próximo curso, con el objetivo de que el estado solicite al Gobierno federal el reembolso del costo anual de su matrícula.
En Oklahoma, el superintendente estatal republicano, Ryan Walters, propuso exigir que los estudiantes presenten pruebas de ciudadanía o de estatus migratorio al momento de su inscripción. Aunque la medida no impediría la matrícula de alumnos sin documentos, sí obligaría a las escuelas a realizar censos sobre su presencia. Esta disposición fue aprobada por la Junta de Educación estatal; sin embargo, el gobernador Kevin Stitt aseguró que detendrá su implementación, argumentando que la prioridad debe ser perseguir a quienes cometen delitos, en lugar de a los estudiantes.
Estas medidas han generado un intenso debate sobre los derechos educativos de los niños migrantes y el impacto que podrían tener en las comunidades escolares de diversos estados del país.