Agencias/Sociedad 3.0
La tala clandestina está devastando el Parque Nacional Cofre de Perote sin que las autoridades federales actúen para frenar el saqueo. Habitantes de la comunidad de Cuatitila, en el municipio de Xico, han denunciado repetidamente ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) la presencia de bandas organizadas que han destruido al menos 10 hectáreas del predio Buena Vista, donde árboles de hasta 150 años han sido derribados indiscriminadamente.
A pesar de las denuncias formales presentadas por los legítimos herederos de 50 hectáreas de este bosque —José Silverio Morales Vázquez, Jorge Morales Aguilar, Rosalba Chávez Morales y José Luis Morales Arriaga—, las autoridades han sido omisas. Expedientes abiertos en la PROFEPA, la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y la SEMARNAT no han derivado en acciones concretas para frenar la destrucción de este ecosistema vital.
Las denuncias no solo señalan a los talamontes, sino que advierten sobre una red de complicidad dentro de las propias instituciones ambientales. Se acusa a funcionarios de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y de la SEMARNAT de estar al tanto de la tala clandestina sin intervenir. En particular, se menciona a Moisés Martínez, inspector de la CONANP, y a un ingeniero forestal de SEMARNAT, quienes habrían facilitado la operación de estos grupos delictivos.
El modus operandi es claro: los talamontes ingresan al predio alegando permisos inexistentes, mientras las autoridades fingen desconocer lo que sucede. En algunos casos, incluso se han colocado lonas con sellos falsos de clausura en aserraderos ilegales para simular una intervención gubernamental. Sin embargo, la actividad depredadora sigue su curso sin interrupción.
Más allá del daño ambiental, la situación se ha tornado peligrosa para quienes han intentado frenar el ecocidio. Los herederos del predio Buena Vista han denunciado amenazas directas y actos de intimidación por parte de los grupos responsables de la tala. A pesar de haber expuesto su caso en las mesas de coordinación para la Construcción de la Paz, las agresiones han escalado, generando un clima de miedo y desesperación.
Además del saqueo de recursos naturales, ahora existe el riesgo de despojo de tierras, pues estos grupos criminales buscan apropiarse del territorio mediante la violencia. Ante esta situación, los afectados han hecho un llamado urgente a la gobernadora Rocío Nahle García y a las dependencias correspondientes para que actúen antes de que la situación se torne aún más grave.
Organizaciones ambientalistas, ciudadanos y los propios denunciantes exigen operativos inmediatos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para detener a los responsables en flagrancia. También piden la intervención de grupos ambientalistas independientes para documentar la devastación en el Cofre de Perote y presionar a las autoridades.
Mientras tanto, el saqueo forestal sigue su curso, dejando a su paso tierras arrasadas, fauna desplazada y una huella de corrupción que parece envolver a todos los niveles de gobierno. La pregunta sigue en el aire: ¿habrá justicia o la impunidad seguirá dictando el destino de los bosques de Veracruz?
