Si la declaración del presidente Trump referidas a la supuesta vinculación del gobierno mexicano con la delincuencia organizada se toma con rigurosa objetividad, en efecto sería muy difícil negar ciertos signos en nuestra realidad que podrían confirmar su dicho. Obviamente, el señalamiento de Trump no es hacia el gobierno presidido por la presidenta Sheinbaum, pues solo tiene en funciones cuatro meses y días, sino a su antecesor, durante cuyo periodo (2018-2024) desde Allende el Bravo se integraron gruesos expedientes relativos a ese tema. En cumplimiento del principio de Derecho cuyo postulado estipula que quien acusa tiene la carga de la prueba, Trump tendría que demostrar su denuncia. Aunque debemos reconocer que en nuestro contexto social diariamente brotan casos que facilitarían esa tarea, en las investigaciones de sus agencias (DEA, CIA, FBI) debe abundar la información suficiente.No es esta la mejor época de nuestro país, quedan para la añoranza los apacibles días del México rural porque el “progreso” llegó acompañado de patologías bastante severas, un breve recuento lo comprueba: en Sinaloa, tras 150 días de violencia se contabilizan 809 asesinatos, 941 desaparecidos, 2 mil 878 vehículos robados, 249 detenidos y 21 niños asesinados. En Guanajuato y en Tabasco la violencia esta desatada. Según la asociación civil México Evalúa siete entidades enfrentan una situación grave de inseguridad: Baja California Sur, Chihuahua, Guanajuato, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí y Sonora, por otro lado, en cinco entidades: la Ciudad de México, Veracruz, Querétaro, Aguascalientes y Coahuila la situación podría empeorar en el corto plazo. El secuestro, la extorsión, las desapariciones, los homicidios son ya parte del costumbrismo social mexicano. Alan García Campos, Coordinador de la Unidad de Análisis de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU en México, declaró que Veracruz es la entidad federativa con mayor número de fosas clandestinas, con las desapariciones como fenómeno asociado. En el estado de México ayer fue capturado Pedro Luis Hernández de Paz quien estaba prófugo (en diciembre tomó posesión de la presidencia municipal de Santo Tomás de los Plátanos) porque está acusado de mantener vínculos con el crimen organizado; su esposa, quien le heredaba el cargo, ya está en prisión acusada de lo mismo. El exfiscal de Morelos, Uriel Carmona, acusó al exgobernador Cuauhtémoc Blanco por intento de violación, pero ese fiscal, según se investigó, aparece con cercanos nexos con el grupo delincuencial “Los Rojos”; en igual circunstancia se encuentra la diputada Valentina Rodríguez Ruiz, quien impulsó su destitución. El actual senador, Adán Augusto López Hernández, coordinador de la JUCOPO en el senado de la república ha sido acusado por su sucesor en el gobierno de Tabasco de haber designado en la función de seguridad pública estatal a un capo de la droga, pero ahora desde su actual posición política de privilegio declara que no habrá protección especial para Cuauhtémoc Blanco. Ni hablar de Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa, del senador Salgado Macedonia, el poder tras del trono en Guerrero, de Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas y de muchos actores políticos más a quienes se le complica actualmente viajar a los Estados Unidos. Ante este escenario, al margen del prurito nacionalista, por todo cuanto está ocurriendo en nuestro país se antoja vestir a Trump de Chapulín Colorado y evocar su lúdica expresión: “¡Oh! y ahora ¿quién podrá salvarnos?”