Desde el Café
Un maestro de escuela jubilado que había sido impulsado a la alcaldía por los habitantes de un pequeño municipio veracruzano, acaba de mandar al diablo la probable candidatura después de que fue amenazado de muerte hasta en tres ocasiones y golpearon a uno de sus hijos.
¿Caso reprobable? Sin duda. Pero no te vayas a creer lector que hechos como este son la constante. No hombre qué va. Son hechos aislados; en Veracruz hay paz y está garantizada la seguridad para los comicios del 1 de junio.
Al menos es lo que dicen las autoridades. Y supongo que debemos creerles aunque la realidad no empate con el discurso oficial.
En los últimos seis años se contabilizaron en la entidad 172 agresiones a personas vinculadas con la política. El dato que en sí es preocupante, alarma al enterarnos que sólo en 2024 se registraron 40 eventos de violencia político-electoral que fueron desde el clásico “o te bajas de la candidatura o te bajamos”, hasta el asesinato.
Según el informe “Votar entre balas” elaborado por Data Cívica y México Evalúa, Veracruz ocupa el séptimo lugar como la entidad más peligrosa para los actores políticos.
“Si, pero eso fue hasta noviembre del año anterior, en otro gobierno del que ya nadie quiere saber nada. A partir de diciembre son tiempos nuevos para Veracruz y está garantizada la seguridad tanto para los ciudadanos como para los candidatos”.
Pues no.
En lo que va de este gobierno (1 de diciembre del 2024 a ayer 9 de febrero del 2025), han perdido la vida al menos cinco personas en eventos de violencia político-electoral. El 9 de diciembre fue asesinado el diputado federal Benito Aguas. El 24 de diciembre murió abatido a tiros en Villa Aldama el policía municipal Nicolás Cruz y el 31 de ese mes fue asesinado el también policía municipal Alberto Carrera.
¿Por qué dos policías municipales son considerados víctimas de violencia político-electoral?, pregunté. Porque eran funcionarios públicos y fueron asesinados en pleno proceso electoral, me contestaron.
A estas tres víctimas hay que agregar las muertes violentas de los hermanos Carlos Ramsés y Juan Daniel Neri Rodríguez, que fueron “levantados” el jueves cerca de Camarón de Tejada y hallados sin vida al día siguiente en un ejido de Actopan.
Carlos Ramsés era secretario del Ayuntamiento de Paso del Macho y precandidato de Morena y el PVEM a la alcaldía de ese municipio. “Pero no lo dejaron llegar” dijo un familiar.
¿Cuántos actores políticos caerán acribillados de aquí al 31 de mayo? ¿Cuántos serán “levantados” para soltarlos después del 1 de junio? ¿Cuántos serán amenazados de muerte a fin de que desistan de ser candidatos a las alcaldías?
Horas después del doble crimen, la gobernadora Rocío Nahle dijo: “Estoy obligada y es mi función, con el equipo de seguridad, a proporcionar seguridad para todos los veracruzanos, los que están de candidatos y los que no están de candidatos. Para eso trabajamos todos los días”.
Sus declaraciones pueden ser bien intencionadas, pero reitero, chocan con la realidad que se vive en Veracruz donde según el periodista Filiberto Vargas Rodríguez: “El ‘levantón’ y asesinato de los hermanos Carlos Ramsés y Juan Daniel Neri, de Paso del Macho, es una muestra clara de que grupos criminales están metiendo las manos en la selección de candidatos”.
Para el maestro jubilado no queda duda, fueron grupos criminales quienes lo amenazaron de muerte para que no compitiera por la alcaldía.
¿Denunció la agresión ante las autoridades? Le pregunté. “Ni loco que estuviera -me contestó-. De lo que tengo ganas es de salir de mi casa con una pancarta que diga ‘Nunca seré candidato a alcalde y menos alcalde’ y pasearme con ella por todo el pueblo, a ver si así terminan las amenazas y puedo recobrar mi tranquilidad y la de mi familia”.
Por mucho que se quieran minimizar los hechos de violencia político-electoral en Veracruz dos cosas están claras: que los grupos delincuenciales cada día tienen más poder y siguen influyendo en la selección de candidatos. Y que cinco asesinatos de actores políticos son un mundo de muertos para un gobierno estatal que apenas tiene 71 días en el cargo.