Sociedad 3.0
Un violento operativo realizado por elementos de la Policía Municipal de Colipa y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en un rancho de la comunidad Las Parcelas ha sido denunciado ante la Fiscalía Especializada contra Servidores Públicos en Xalapa. Los uniformados son acusados de disparar contra civiles, dañar propiedades y robar 15 mil pesos en efectivo, entre otras pertenencias.
El ataque ocurrió el sábado pasado alrededor de las 08:45 horas en el rancho «El Dólar», ubicado en la carretera Colipa-Vega de Alatorre. Según el testimonio de Manuel Almazo Masegosa, propietario del predio, los policías brincaron el cerco y comenzaron a disparar sin previo aviso, obligando a él, su familia y trabajadores a huir hacia el monte para resguardarse.
Desde allí, Almazo presenció cómo los agentes:
- Destrozaron su camioneta Dodge: Reventaron llantas, perforaron el tanque de gasolina y rompieron un retrovisor.
- Robaron sus pertenencias: Se llevaron su cartera, un teléfono celular y 15 mil pesos en efectivo (dinero recién cobrado por un trabajo de instalación de aire acondicionado).
- Abandonaron evidencias: Casquillos de bala de grueso calibre y la cartera del afectado, esta última tirada en la orilla de la carretera.
Los responsables
En su denuncia (carpeta FECCEV/147/2025), Almazo señaló directamente a:
- Andrés López Hernández, comandante de la Policía Municipal de Colipa.
- José Peña, elemento de la Policía Estatal.
- Gabriela Alejandra Ortega Molina, alcaldesa de Colipa.
- Jorge Martínez Carmona («El Pagua»), síndico municipal.
Los delitos que se investigan incluyen tentativa de homicidio, allanamiento, abuso de autoridad y robo.
El ranchero y su familia temen por su seguridad tras interponer la denuncia, dado el involucramiento de autoridades locales y fuerzas policiales. Hasta ahora, ninguna de las corporaciones señaladas ha emitido un comunicado oficial sobre el caso.
Este hecho se suma a una serie de denuncias por abuso policial en la zona norte de Veracruz, donde comunidades rurales han reportado operativos arbitrarios y extorsión por parte de agentes. Organizaciones civiles exigen una investigación expedita y la depuración de las corporaciones involucradas.
