Esta justa electoral para elegir jueces, magistrados y ministros, aparte de la precaria convocatoria inspirada al colectivo ciudadano, está resultando un dolor de cabeza más para el gobierno de la presidenta Sheinbaum, a quien se le multiplican los expedientes en un entorno de inseguridad, de violencia al interior del país, de presiones políticas y económicas de gran calado impuestas por la geopolítica, principalmente la actitud injerencista del presidente Trump. Pero también los gobernados cargan con su parte, por la violencia e inseguridad en su entorno social, por el efecto de una inflación que no cede, más la esperanza de tener un gobierno capaz de resolver con eficacia los problemas de la agenda nacional. Porque estamos en el curso de un proceso electoral atípico, pues generacionalmente nunca en siglos en México se ha elegido a los integrantes del Poder Judicial. Por la reforma judicial se elegirán nueve ministro@s de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dos magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quince magistraturas de las Salas Regionales del TEPJF, cinco magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, cuatrocientos sesenta y cuatro magistraturas de Circuito, trecientps ochenta y seis juezas y jueces de Distrito. Las campañas empezaron el 30 de marzo y concluirán el 28 de mayo para esperar el veredicto ciudadano del 1 de junio.
Previamente a esta fase del proceso, para determinar las candidaturas a los cargos anteriormente reseñados, se establecieron tres comités de evaluación, uno por cada poder de la Unión, cuya encomienda fue la de revisar los antecedentes de cada precandidatura. Pero la improvisación cobra su cuota: se descubrió que por lo menos 20 aspirantes han mantenido vínculos con la delincuencia organizada, una falla del “filtro” del Comité del senado de la república. No obstante, ese desliz ha sido minimizada desde el senado por Fernández Noroña quien lo atribuye a “pequeños” descuidos. Por su lado, la presidenta Sheinbaum también minimiza el asunto refiriendo el mínimo porcentaje que representan 20 candidaturas no solventes en una elección donde participan tres mil 400 aspirantes. Este proceso ya está en marcha, carga con la consigna del morenismo: “Queremos jueces y ministras honestas, que sirvan al pueblo y no a los privilegios” (Ramírez Cuellar), es decir, según ese bodrio de expresión ideológica, en un pleito legal quienes tengan posición económica elevade llevarían las de perder, si a su vez el juzgador se atiene a esa consigna y no a la estricta hermenéutica jurídica. La suerte está echada, en esta elección habrá observadores, pero no habrá conteo ciudadano de los votos ni resultados preliminares, ¡Ah! Las boletas no utilizadas no serán anuladas. A propósito de esto último, Lenia Batres en su visita a Xalapa calculo 10 millones de votantes, pero su partido, MORENA, pretende 25 millones de votos, aunque el INE, con toda su experiencia en materia de procesos electorales supone 8 millones de votantes. En todo caso, ese asunto queda a cargo del acarreo de votantes para evitar que esta elección inédita resulte un gran fiasco. Pero, por alguna razón viene a mente el conocido aforisma: “el que parte y reparte, se queda con la mejor parte”.