Carlos Miguel Acosta Bravo*
Apenas el jueves pasado el Instituto Nacional Electoral informó que para el primer proceso en el que se elegirán a integrantes del Poder Judicial se han acreditado 25,540 solicitudes para desempeñarse como observador, pues otra cantidad similar (24 mil) fueron desechadas por estar vinculados a partidos políticos.
De entrada esta situación pudiera representar un gesto de imparcialidad o de no injerencia en la votación. Sin embargo esto no es del todo cierto, pues al amparo de haber sido propuestos por la Cámara de Diputados o de Senadores, hay muchos candidatos que están plenamente identificados con el actual partido en el poder, tal es el caso de la ministra del pueblo, o de familiares de la exministra y exsecretaria de Gobernación y también de colaboradores del expresidente de la Suprema Corte de Justicia al inicio de la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La realidad es que al no participar en las mesas representantes de los diferentes partidos políticos, se estará quitando certeza a la elección, pues no estarán ahí por un lado los distintos partidos políticos, pero tampoco contarán los votos nuestros vecinos y el hecho mismo de que los resultados no sean dados a conocer el mismo día de la elección como estamos acostumbrados desde hace mucho tiempo, sino dos semanas después, le dan un gesto de sospechosísmo a los resultados de la nueva elección.
El otro elemento, es que a estás alturas del proceso electoral que tendrá lugar el 1 de junio, hay mucho escepticismo y los pronósticos de observadores electorales apuntan que registrará una participación ciudadana entre el 17 y máximo un 20% de ciudadanos registrados en el padrón electoral. Lo cual significa que los nuevos integrantes del Poder Judicial no tendrán una auténtica representación ciudadana y responderán más a los intereses de las organizaciones que los han postulado.
Es también contradictorio que por un lado, la narrativa oficial hable de que los nuevos representantes serán elegidos por el pueblo, pero la realidad indica que dadas las condiciones de austeridad en la que se desarrollará la elección acudirán muy pocos ciudadanos a las urnas.
Para la elección de revocación de mandato convocada por el expresidente AMLO, se instalaron 57 mil 436 casillas, cuando en las pasadas elecciones de 2024 se recibieron votos en 170,858 casillas para un padrón electoral de cerca de 98 millones de votantes registrados en esa elección. Ahora se colocarán solo 84 mil casillas en todo el país, y nos entregarán una boleta que aún para los más ilustrados resulta difícil de entender y comprender.
Para esta elección las organizaciones religiosas no tienen permitido llamar al voto particular en favor de de algún candidato. Situación que para esta ocasión si tienen permitido las organizaciones sindicales y también las cámaras empresariales.
Entre abogados existe también duda acerca del destino y del rumbo que tomará los nuevos jueces, y se duda que puedan garantizar los intereses del ciudadano y se cree, quizás de manera errónea que sus decisiones estarán apegadas a los inteses del Gobierno Federal, Estatal o municipal del partido en el poder y que no atenderán ni defenderán al ciudadano común, aún y cuando las leyes vigentes continuén siendo las mismas, el problema es que sus decisiones difícilmente se inclinarán en favor del trabajador despedido que reclame una indeminización o reinstalación laboral, solo por citar un ejempllo.