Ayer los comerciantes organizados de México, representados principalmente por la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), reiteraron su exigencia de crear una Fiscalía Especializada en Delitos contra la Economía, con un enfoque específico en combatir la extorsión, particularmente el cobro de «derecho de piso» o «impuesto delincuencial». Esta demanda responde a la creciente problemática que afecta al 78% de las entidades federativas del país, donde micro, pequeñas y medianas empresas, así como grandes compañías, son víctimas de extorsión por parte de bandas criminales.
Los comerciantes de México, a través de organizaciones como la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR), el Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño y la Empresa Familiar (Concomercio), y la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), han expresado su preocupación por la extorsión y el cobro de piso (impuesto delincuencial), que afectan gravemente al sector comercial, especialmente a pequeños y medianos negocios.
La extorsión es una amenaza constante que afecta a un amplio rango de negocios, desde tienditas hasta grandes empresas. Según la ANPEC, 1 de cada 4 comerciantes en México paga extorsión, y en Veracruz, se reportan de 10 a 15 denuncias diarias solo en Cosoleacaque, con montos que van desde 500 a 12,000 pesos semanales dependiendo del tamaño del negocio.
En Veracruz, sectores como restauranteros, transportistas, polleros, joyeros y tortillerías son especialmente vulnerables, con exigencias de hasta 20,000 pesos por negocio para «trabajar tranquilos». La CONCANACO señala que la extorsión impacta al 78% de las entidades federativas, incluyendo Veracruz, y se manifiesta como un «impuesto criminal» que encarece productos y frena el desarrollo económico. Gerardo López Becerra de Concomercio destaca que el crimen organizado incluso define precios y productos que se pueden vender en ciertas zonas y temporadas, afectando productos como el aguacate, limón y pollo, lo que genera una «narcoinflación» que eleva los costos hasta un 20%. Cuauhtémoc Rivera de la ANPEC califica el cobro de piso como un «impuesto deleznable» que no debería normalizarse, ya que pagar por trabajar no es aceptable en una economía moderna. En Veracruz, esta práctica es común junto con otros estados como el Estado de México, Tamaulipas y Jalisco.
Los comerciantes denuncian que la extorsión representa un costo fijo que reduce sus utilidades (hasta un 20% en pequeños comercios) y encarece los productos para los consumidores. En Veracruz y otras regiones, el 15% de los comercios (unos 300,000 a nivel nacional) han cerrado o se han reubicado debido a la extorsión, según la ANPEC. La falta de denuncia es un problema grave: el 97% de las extorsiones no se denuncian por miedo a represalias o desconfianza en las autoridades, según el INEGI. En Veracruz, esta «cifra negra» es especialmente alta.
Los comerciantes, como una tendera citada por EL PAÍS, denuncian que la policía local a veces colabora con los extorsionadores, saludándolos o ignorando el problema, lo que agrava la percepción de impunidad. La CONCANACO y México Evalúa señalan que la ausencia del Estado en materia de seguridad permite que los criminales actúen como una «administración paralela», cobrando impuestos ilegales que compiten con los legales.
Las organizaciones de comerciantes han propuesto varias medidas para combatir la extorsión y el cobro de piso, muchas de las cuales son aplicables a Veracruz:
Implementar medidas efectivas contra la violencia: La ANPEC pide estrategias específicas para frenar la extorsión, como operativos coordinados con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para identificar y desmantelar redes criminales en zonas de alto riesgo como Veracruz. Botones de pánico y cámaras de seguridad: La CONCANACO promueve la instalación de botones de pánico en comercios y la conexión de cámaras a centros de comando, como se ha implementado en la Ciudad de México. En Veracruz, estas medidas podrían aplicarse en mercados y zonas comerciales críticas como Cosoleacaque. Programas de vigilancia: CONCOMERCIO respalda iniciativas como el programa «Policía en mi Negocio» de la Ciudad de México, que incluye rondines frecuentes y presencia policial en áreas vulnerables. Esto podría replicarse en ciudades veracruzanas con alta incidencia de extorsión.
Ley General contra la Extorsión: La COPARMEX propone una reforma constitucional (artículo 73, fracción XXI) para facultar al Congreso a crear una Ley General de Extorsión que homologue la tipificación del delito y sus penas en todo el país, incluyendo Veracruz, donde las extorsiones son frecuentes.
Agravantes específicos: La CONCANACO y la COPARMEX apoyan elevar las penas por extorsión hasta 15-30 años de prisión cuando las víctimas sean comerciantes, se usen menores, armas o métodos electrónicos, o se cometa desde penales. En Veracruz, donde se reportan extorsiones telefónicas y presenciales, estas medidas serían relevantes.
Fiscalía Especializada: Creación de una Fiscalía Especializada en Delitos contra la Economía para investigar y perseguir de oficio los casos de extorsión, reduciendo la carga sobre las víctimas que temen denunciar.
Tarifas preferenciales de energía eléctrica: La ANPEC propone tarifas reducidas para pequeños comercios, lo que aliviaría la presión financiera de los costos operativos y el pago de extorsiones, especialmente en estados como Veracruz, donde los comerciantes enfrentan múltiples presiones económicas.
Fondo crediticio revolvente: Crear un fondo para inyectar recursos a pequeños negocios afectados por la extorsión, permitiéndoles mantenerse operativos sin ceder al crimen.
Simplificación de trámites: Reducir la burocracia para facilitar la formalización de negocios, ya que la informalidad (común en Veracruz) aumenta la vulnerabilidad a la extorsión.
Talleres y campañas: La CONCANACO y el gobierno de la Ciudad de México han implementado talleres para capacitar a comerciantes sobre cómo actuar ante extorsiones y coordinarse con autoridades. En Veracruz, donde la desinformación contribuye al miedo, estas campañas podrían ser clave.
Campaña «Juntas y juntos contra la extorsión»: Propuesta en la Ciudad de México, esta iniciativa de difusión masiva (carteles, trípticos, medios) podría adaptarse a Veracruz para informar a comerciantes sobre recursos y líneas de denuncia como el 089.
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