Expresión Ciudadana
Carlos A. Luna Escudero
El próximo 1 de junio, Veracruz vivirá una de las elecciones más intensas y complejas de su historia. Están en juego 212 presidencias municipales, 212 sindicaturas y 630 regidurías, sumando 1,024 cargos públicos. Pero más allá de las cifras, lo que se disputa es el rumbo político de un estado inmerso en la violencia, sacudido por el nepotismo, las rupturas partidistas y la creciente desconfianza ciudadana.
Más de mil cargos públicos en disputa no han motivado la esperanza, sino el miedo; no han despertado propuestas, sino reciclajes políticos; no han convocado a la ciudadanía, sino al crimen organizado. Este no es un proceso electoral, es un teatro de lo absurdo montado sobre los escombros de la democracia.
Desde que inició el proceso electoral local ordinario en noviembre de 2024, Veracruz se ha convertido en epicentro de violencia política en el país. Hasta mayo de 2025, al menos 18 actores políticos han sido asesinados, incluyendo a tres candidatos: Germán Anuar Valencia (Morena, Coxquihui), Yesenia Lara (Morena, Texistepec) y Carlos Ramsés Neri (PVEM, Paso del Macho). A esto se suman más de 400 renuncias de aspirantes, por amenazas, secuestros o atentados, y más de 118 solicitudes de protección, según el Financiero del pasado 24 de mayo. ¿Cómo puede una sociedad votar libremente si los candidatos tienen que elegir entre la boleta y el féretro?
Los focos rojos, aunque digan lo contrario las autoridades estatales, se extienden por todo el estado, los municipios no son plazas cívicas, parecen zonas de guerra: desde Cazones, donde en 2021 ya se había asesinado a un candidato, hasta municipios como Martínez de la Torre, Acayucan, Coatzacoalcos, Poza Rica, Zongolica y varios municipios más, donde los ataques a balazos y secuestros se han vuelto moneda corriente, la lista es larga y sangrienta.
La violencia política en Veracruz no es un fenómeno aislado ni accidental. Es sistemática, selectiva y cobarde. Y ha alcanzado niveles intolerables a tan solo días de las elecciones municipales. No se trata únicamente de estadísticas frías o de informes institucionales. Detrás de cada ataque, de cada amenaza, hay nombres, rostros, familias rotas y comunidades aterradas.
El caso de Cindy Gabriela Cruz Nolasco, candidata de Morena en Tamiahua, es un ejemplo atroz. A unos días de cerrar campaña, denunció haber recibido amenazas de muerte, dirigidas también a su equipo de trabajo y familiares. A pesar del riesgo, continuó con sus actividades proselitistas, denunciando que quienes intentan intimidarla no buscan competir, sino «regresar al poder para saquear y violentar».
Pero no todas las víctimas han tenido la oportunidad de denunciar. Avisack Douglas Coronado, periodista e integrante del equipo de campaña de la candidata de Movimiento Ciudadano en Juan Rodríguez Clara, fue asesinada durante un ataque armado a la casa de campaña.
El crimen ocurrió el 20 de mayo, cuando hombres armados atacaron el lugar sin piedad. Esta tragedia no solo cobró una vida más, sino que reafirma la condición de vulnerabilidad extrema en que se encuentran los comunicadores y los equipos políticos en Veracruz.
A este panorama sombrío se suma el ataque perpetrado el 21 de mayo en Tantoyuca, donde un grupo de hombres armados interceptó vehículos de campaña del PAN. El saldo: una persona herida y un ambiente de terror que continúa escalando.
El propio candidato a la presidencia municipal, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, quien busca el cargo por cuarta vez, denunció el atentado y exigió públicamente la intervención urgente del INE, del OPLE, de la Guardia Nacional y de la Sedena. Lo mismo hizo el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, quien reveló que otros candidatos del partido también han recibido amenazas.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y la gobernadora del estado, Rocío Nahle, han anunciado un operativo especial de seguridad, desplegando más de 3,500 elementos de la Guardia Nacional. Sin embargo, dirigentes como Federico Salomón (PAN) y Luis Carbonell (MC) han denunciado que estas medidas resultan insuficientes ante la magnitud del problema.
En cualquier democracia funcional, estos hechos habrían paralizado el proceso electoral hasta restablecer las condiciones mínimas de seguridad. Pero en Veracruz, todo sigue como si nada. La agenda electoral avanza entre asesinatos, amenazas, persecuciones y atentados. Y lo más preocupante es que ningún nivel de gobierno —federal, estatal ni local— parece estar dispuesto a reconocer la dimensión real de la tragedia.
Así también, es importante subrayar que el escenario político veracruzano ha cambiado radicalmente. El PRI y el PAN no van en alianza. Morena rompió con el PT, lo que ha generado un mosaico de candidaturas independientes y nuevas coaliciones. En total, se han registrado más de 11 mil aspirantes a distintos cargos en el estado.
La pelea por las candidaturas también ha provocado renuncias y saltos de un partido a otro. Hipólito Deschamps, excandidato a gobernador por el PAN, pasó a Movimiento Ciudadano y luego terminó en Morena, donde fue postulado para la alcaldía de Alvarado. Otros casos similares son los de Raúl Zarrabal (del PRI a MC), Monserrat Ortega (del PAN al PRI), y Luis Vicente Aguilar (del PT a Morena).
Más de 100 aspirantes han solicitado medidas de seguridad. Otros han optado por renunciar, ocultarse, abandonar la contienda. ¿Qué tipo de elección es esta, donde la candidatura se gana por sobrevivencia, no por propuestas?
Uno de los grandes lastres de estas elecciones ha sido el nepotismo, tan evidente que incluso la presidenta Sheinbaum pidió aplicar la ley que impide heredar cargos a familiares hasta el cuarto grado. Lejos de erradicarse, el nepotismo ha mutado en una versión más cínica y agresiva. La política veracruzana se ha convertido en un patrimonio familiar
El caso más paradigmático es el de los Guzmán Avilés en Tantoyuca, donde Joaquín Guzmán busca su cuarto mandato como alcalde. Su familia ha controlado el municipio por casi tres décadas, intercalando cargos entre hermanos, hijos y sobrinos.
En Hueyapan de Ocampo, el clan Gómez Cazarín ha sido señalado por imponer a familiares en candidaturas de Morena. En Alto Lucero, el PT postuló a Constantino Aguilar, cuyo sobrino es el actual alcalde. En Cosoleacaque, Cirilo Vázquez Parissi busca perpetuar el reinado de una dinastía manchada por la violencia.
En este escenario, el Organismo Público Local Electoral (OPLE) debería ser el garante del orden, la legalidad y la transparencia. En cambio, es un espectador inerte de un proceso que se desmorona,el OPLE ha recibido más de 405 renuncias y múltiples denuncias por uso indebido de recursos públicos y han proliferado encuestas de dudosa calidad, con metodologías poco claras y márgenes de error inaceptables.
Algunas, como las de Arias Consultores y otras “patito”, han sido usadas como herramientas de propaganda más que como estudios científicos, inundando los medios, el OPLE actúa como si todo estuviera bajo control. En Acayucan, por ejemplo, se acusa a funcionarios de entregar transformadores y hacer obras con fines electorales. En Xalapa, la candidata de Morena fue denunciada por usar un inmueble del Instituto de Pensiones para actos proselitistas.
¿Dónde está el castigo por el uso electoral de bienes públicos, como el inmueble del Instituto de Pensiones en Xalapa? ¿Dónde están las sanciones contra las campañas financiadas por dinero ilícito? ¿Dónde están los mecanismos para frenar el uso faccioso de encuestas amañadas, como las señaladas? En ningún lado. El árbitro no pita, no interviene, no incomoda.
El reciente debate por la presidencia municipal de Xalapa fue un fiel reflejo del desastre político: propuestas genéricas, acusaciones recicladas, y ausencia total de visión estratégica. La candidata de Morena, Daniela Griego Ceballos, parece decidida a revivir los peores momentos de la administración de Hipólito Rodríguez, un gobierno calificado como el más gris y dañino de la capital veracruzana. De hecho, Griego recicla a su equipo, a sus operadores y a sus métodos.
Maribel Ramírez (PAN) propone cámaras y arcos de seguridad, como si con videovigilancia se resolviera el colapso institucional. Silvio Lagos (PRI), el más articulado de los candidatos, se dice el único que no ha traicionado a su partido y que conoce completamente el municipio. Román Moreno (MC), dice tener propuestas como empresario, pero no logra concretar una sola solución viable. Yolanda Hernández (PT) solo pidió que Griego declinara a su favor. ¿Eso es todo? ¿Para eso piden el voto?
Los municipios de Veracruz y Boca del Río concentran poder político y económico. Aquí el PAN aún mantiene presencia a través del grupo Yunes, pero Morena busca arrebatarles el control. Las candidatas del PAN, Indira Rosales y Josefina Gamboa, enfrentan una batalla cuesta arriba ante candidatas morenistas que cuentan con todo el apoyo y recursos del estado.
Sin duda, desde hace tiempo las encuestas se han convertido en armas de propaganda, con metodologías amañadas y márgenes de error inaceptables. Se difunden para crear una sensación falsa de “inevitabilidad”, para inducir el voto y desmoralizar al opositor. Esta manipulación informativa es parte de una estrategia sistemática para distorsionar la voluntad popular.
Y ante tanto cinismo, el ciudadano reacciona con desinterés, miedo o apatía. Se prevé que la participación en esta elección municipal apenas alcance en el mejor de los casos un 45%. La abstención se espera altísima, especialmente entre los jóvenes.
Según el INE, la Lista Nominal incluye más de 6 millones de electores, de los cuales más de 2 millones son jóvenes entre 18 y 34 años. Sin embargo, el ambiente de violencia e incertidumbre puede derivar en una alta abstención.
Ya no hay ninguna duda de que el crimen organizado se ha infiltrado en este proceso y en algunos niveles de gobierno: desde financiar campañas hasta postular candidatos. Esta elección no es solo una disputa partidista, sino una lucha por la autonomía de los gobiernos municipales frente a intereses criminales.
En medio de este caos, aún queda una pequeña luz: el voto como acto de resistencia. Votar hoy en Veracruz no es un ejercicio de confianza, sino un acto de protesta. De nada sirve repetir el discurso de “fiesta democrática” cuando lo que hay es una procesión fúnebre por la democracia veracruzana.
Este proceso electoral no solo refleja la descomposición de los partidos y la corrupción del sistema, sino también el abandono de los ciudadanos. Pero todavía hay tiempo para que el hartazgo se convierta en decisión. Todavía hay espacio para que el miedo no se imponga. Porque, incluso rodeadas de sangre, mentiras y traiciones, las urnas siguen siendo un lugar donde la dignidad puede alzar la voz.
Votar no solo es nuestro derecho, es nuestro poder. En la elección del próximo domingo primero de junio, con nuestro voto, habremos de decidir el futuro de nuestras familias. La demagogia como persuasión no debe confundirnos. El bienestar común debe prevalecer por encima de cualquier diferencia o discriminación de género.
Reflexionemos nuestro voto, no nos dejemos influenciar por siglas, sino por la capacidad y perfil de los candidatos. La estabilidad social, política y económica de nuestros municipios no debe seguir en manos inexpertas, corruptas, abusivas e irresponsables.