Agencia/Sociedad 3.0
La industria de los conciertos en México quedó bajo la lupa por presuntos vínculos entre empresas promotoras de espectáculos y organizaciones del narcotráfico. Una investigación publicada por El País expone cómo compañías dedicadas a organizar presentaciones musicales fueron señaladas por autoridades estadounidenses por supuestas operaciones de lavado de dinero relacionadas con grupos criminales.
El reportaje, firmado por Isaías Alvarado y publicado el 9 de octubre, aborda dos redes empresariales vinculadas, según las autoridades de Estados Unidos, con Los Mayos, facción del Cártel de Sinaloa, y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Los casos involucran a promotoras que organizaron eventos en Baja California y en la Feria Nacional de San Marcos, en Aguascalientes, con carteles que incluyeron a reconocidos intérpretes de música latina.
In House Espectáculos, bajo sanciones de Estados Unidos
Uno de los casos señalados es el de In House Espectáculos, promotora relacionada con el empresario Marco Antonio Moreno Gómez Santelices.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra una red de personas y empresas que, de acuerdo con la dependencia, facilitaban las operaciones del grupo criminal conocido como Los Mayos.
La dependencia identificó a Moreno y a distintas compañías de su red empresarial, entre ellas Conciertos y Espectáculos Inhouse, como parte de una estructura que presuntamente brindaba apoyo financiero y comercial al Cártel de Sinaloa.
La promotora organizó presentaciones de artistas como Ricky Martin, Marc Anthony, Belinda, Alejandra Guzmán, Cristian Castro y Los Ángeles Azules, entre otros.
La aparición de estos artistas en los carteles de eventos organizados por la empresa no implica que estén acusados de participar en actividades criminales ni que conocieran los presuntos vínculos de la promotora.
El antecedente de la Feria Nacional de San Marcos
Otro caso documentado es el de Jesús Pérez Alvear, conocido como “Chucho Pérez”, promotor relacionado con Gallística Diamante y Ticket Premier.
En 2018, autoridades estadounidenses señalaron a Pérez Alvear por presuntos vínculos financieros con el CJNG y Los Cuinis. Según los señalamientos oficiales, las actividades relacionadas con espectáculos y palenques habrían sido utilizadas para lavar recursos de procedencia ilícita.
La investigación menciona eventos de la Feria Nacional de San Marcos, donde se presentaron artistas como Alejandro Fernández y otros intérpretes de música regional mexicana y pop.
Pérez Alvear se declaró culpable en Estados Unidos de conspiración para realizar transacciones relacionadas con bienes de personas sancionadas por narcotráfico. Fue asesinado en México en diciembre de 2024.
Ángel del Villar fue condenado en Estados Unidos
Las investigaciones también alcanzaron al empresario musical Ángel del Villar, fundador de DEL Records, y al cantante de regional mexicano Gerardo Ortiz.
En marzo de 2025, un jurado declaró culpables a Del Villar y a su empresa de violar sanciones estadounidenses al mantener negocios con Pérez Alvear. En agosto de ese año, Del Villar recibió una sentencia de cuatro años de prisión y una multa de dos millones de dólares.
Por su parte, Ortiz se declaró culpable en 2024 de participar en transacciones relacionadas con el promotor sancionado y colaboró con las autoridades estadounidenses. En noviembre de 2025 fue sentenciado a tres años de libertad condicional.
Estos procesos corresponden a responsabilidades específicas determinadas en tribunales estadounidenses y deben distinguirse de los señalamientos que permanecen en el ámbito administrativo o de investigación.
¿Cómo se puede lavar dinero mediante conciertos?
Los espectáculos musicales implican movimientos importantes de dinero mediante la venta de boletos, patrocinios, contratación de artistas, renta de recintos y comercialización de bebidas y otros servicios.
De acuerdo con los señalamientos de las autoridades estadounidenses, las estructuras investigadas habrían utilizado empresas de entretenimiento y otras actividades comerciales para mover recursos presuntamente vinculados con el narcotráfico y darles apariencia de ingresos legítimos.
Sin embargo, la organización de un concierto, la contratación de un artista o la relación comercial con una promotora no constituyen por sí mismas pruebas de lavado de dinero. La responsabilidad depende de las operaciones documentadas y de los elementos probatorios de cada expediente.
Una industria millonaria bajo la lupa
Los casos ponen atención sobre los controles financieros en el sector del entretenimiento, donde participan promotores, representantes, patrocinadores, recintos y artistas.
Las sanciones de Estados Unidos pueden restringir las operaciones de las personas y empresas designadas bajo su jurisdicción, además de bloquear bienes sujetos a sus leyes.
La investigación de El País expone cómo las autoridades estadounidenses han seguido las relaciones entre redes criminales y negocios aparentemente legítimos. El caso abre nuevas preguntas sobre los mecanismos de supervisión de la industria musical y la necesidad de diferenciar entre empresas señaladas, artistas contratados y responsabilidades acreditadas ante la justicia.
Investigación original: Lee el reportaje completo de El País: “La huella de Los Mayos y el Cártel Jalisco en el negocio de los conciertos musicales en México”.