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Hay un discurso de Estado temerario frente a una realidad política tensa, violenta, peligrosa.
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Me refiero al contexto preelectoral de Veracruz en el 2021.
El primer domingo de junio habrá elecciones en todo el país y en suelo veracruzano se renovarán el Congreso Local y 212 Ayuntamientos.
El asesinato de Juan Gilberto Ortiz Parra -aspirante a la alcaldía de Ursulo Galván- el once de febrero pasado, fue para un sector del periodismo basado en cifras y datos recogidos por organismos especializados, el primer asesinato conectado al proceso electoral 2021.
De acuerdo a esta versión el doble crimen en las personas de la empresaria y política Gladys Merlín Castro y su hija Karla Enríquez Merlín -15 de febrero 2021- en Cosoleacaque, habría sido el segundo caso.
Y ya entrados en este recuento -equívoco según mi perspectiva- la ejecución del precandidato del PRI a la alcaldía de Las Perlas, José Melquiades Vázquez Lucas, el pasado jueves 4 de marzo, sería el tercero.
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Van más datos, algunas precisiones y contextos más amplios y profundos.
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Si nos atenemos a esta serie de privaciones de la vida en el ámbito de un proceso electoral formal en curso, es correcto ubicar la muerte de cuatro personas -dos de ellas inscritas como precandidatos de MORENA y PRI, una más como aspirante a la precandidatura de MORENA y su mamá, política de carrera pero sin aspiración actual declarada – durante la precampaña.
No obstante el 2020 registra hechos de violencia grave en torno a aspirantes a tomar parte de la elección del 2021, al interior y exterior de los partidos políticos.
El 2 de febrero del 2020 Jorge Baruch Custodio, ex alcalde, ex funcionario de la SEDESOL y auto declarado aspirante a competir por segunda ocasión para edil de Soconusco, fue baleado en céntricas calles de dicha población.
David Hernández Nolasco, a la sazón director de obras públicas de Soconusco, murió baleado el 23 de agosto del 2020, a unos pasos de su domicilio en la cabecera del municipio que -anunció durante meses- deseaba gobernar.
En Acayucan el 15 de febrero del 2020 fue asesinado muy cerca de las oficinas del PRI el regidor del vecino municipio de Sayula de Alemán Héctor Velázquez Vázquez, deseoso de convertirse en precandidato y candidato a alcalde durante el 2021.
El 27 de noviembre del 2020 fue asesinado -en la zona rural de Minatitlán- Guillermo de Paz, dirigente de la Asociación Ganadera Local con una de las más numerosas membresías del sector pecuario en el sur veracruzano y aspirante a participar como candidato a la alcaldía, sí: en los comicios del 2021.
Durante la epifanía del 6 de enero del 2021 en Matías Romero, Oaxaca, fue herido mortalmente Luis Juan N., vecino del poblado 10 en Uxpanapa quien buscaba la candidatura de MORENA para contender por la alcaldía.
Si basamos nuestro análisis periodístico en el formalismo de las instituciones, el “miércoles -16 de diciembre del 2020- fue instalado el Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, con lo que inicia de manera formal el proceso para elegir alcaldes y diputados locales el próximo año”. (1)
Es decir, según esta visión -no compartida, reitero- el crimen del aspirante a la alcaldía de Uxpanapa se suma a los asesinatos de Juan Gilberto Ortiz Parra, Karla Enríquez Merlín y José Melquiades Vázquez Lucas porque los cuatro acontecieron durante el proceso electoral del año, aunque no todos se habían registrado formalmente.
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Desde mi óptica, la violencia a nivel de arrebatar vidas de aspirantes a contender por cargos edilicios en Veracruz de cara a los comicios del primer domingo de junio venidero, no se circunscribe al inicio del proceso electoral ni a los registros legales de precandidatos y/o candidatos de los partidos políticos.
Dichos elementos son parte de la estructura burocrática de los comicios: de sus tiempos, sus formas, sus requisitos.
Más allá está el contexto político amplio y profundo: si aspiras a un cargo político a menudo trabajas para ello durante mucho tiempo, en ocasiones toda tu vida productiva.
Y en la medida de tu crecimiento político se incrementan las listas de tus amigos y simpatizantes pero también las de tus rivales y enemigos.
¿Puedes morir por ser un político con fuerza preelectoral o electoral?
Sí, desde luego.
Hay ejemplos por miles en la historia humana.
Veracruz suma casos desde -por lo menos- el 2020 y lo que va del 2021.
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Cayo Julio César fue un militar y dictador romano promotor de la caída de la República.
Lo apuñalaron los Senadores encabezados por su hijastro Bruto durante los Idus de marzo, el día quince del tercer mes durante el año 44 antes de Cristo.
Aquel fue un asesinato político y la historia registra los nombres de los culpables.
Veracruz y México entero viven sus Idus de marzo que dieron inicio desde muchos meses antes y nadie sabe si habrán de concluir en junio o seguirán.
Pronto arribaremos al 23 de marzo, cuando se conmemorará el magnificado de Luis Donaldo Colosio Murrieta.
Lo ocurrido en Lomas Taurinas en 1994 no fue sólo el crimen de un candidato del PRI.
Se trató de un suceso vinculado a un antes y un después en el país.
Aquella tragedia, visualizada desde lo general, puede no tomar en cuenta lo particular.
Empero, desde lo particular los asesinatos de aspirantes a cargos edilicios representan su propio peso en la historia del microuniverso donde ocurrió cada hecho.
Nada es igual en Cosoleacaque, Las Perlas, Soconusco, Sayula, Acayucan, Minatitlán, Úrsulo Galván, Matías Romero, Uxpanapa, después de los sucesos aquí aludidos.
Nada será igual en Veracruz después de los Idus del 2021.
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Nihil Novum Sub Sole, reza un adagio latino.
Nada es nuevo bajo el sol.
Muy cierto.
Y sin embargo todo cambia bajo el sol y dentro del refugio otorgado al Poder desde la oscuridad.