Este fin de semana se cumplirán 8 meses y medio de que Emilio Lozoya Austin fue traído a México desde España, en calidad de preso y en cumplimiento a una solicitud de extradición del gobierno mexicano.
En todo ese tiempo el exdirector de Pemex, acusado de desvíos millonarios en la petrolera nacional, de recibir sobornos de la compañía brasileña Odebrecht y de enriquecerse por la corrupción en su cargo, ha gozado de inexplicables privilegios que no se le otorgan a ningún otro presunto delincuente en México: nunca pisó la cárcel ni siquiera para escuchar los cargos que se le imputaban, nunca se permitió a los medios fotografiarlo detenido ni se difundió ninguna foto suya desde su llegada al país y le han permitido seguir su proceso en la comodidad de su lujoso departamento en
Polanco.
Todos esos privilegios se los otorgó la Fiscalía General de la República cuando decidió otorgarle el criterio de oportunidad y la posibilidad de convertirse en “testigo colaborador” porque,
supuestamente, daría a cambio información y pruebas que llevarían o a la detención de superiores jerárquicos que participaron en los actos de corrupción, sobornos y desvíos de los que se le acusan (léase ex secretarios como Luis Videgaray, Pedro Joaquín Coldwell o el ex presidente Enrique Peña Nieto) o bien a políticos de distintos partidos que recibieron parte de los sobornos millonarios que le entregaron a Lozoya los directivos y dueños de Odebrecht.
Pero después de medio año lo único que ha habido hasta ahora en este caso han sido filtraciones, especulaciones y mucho show mediático -incluido el que se armó desde Palacio Nacional- porque en los hechos, 255 días después de la extradición de Lozoya, no hay ningún detenido, apenas había un expediente judicializado y de los 70 nombres que Emilio Lozoya mencionó en su declaración testimonial no hay ni siquiera uno de ellos indiciado o acusado formalmente.
El único expediente que la FGR había logrado judicializar, con base en la “colaboración” de Lozoya, era el del exsenador panista Jorge Luis Lavalle, a quien acusaron de asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero, luego de que la UIF le documentó movimientos por 60 millones de pesos en sus cuentas, además de gastos y transferencias de dinero que rebasan con mucho su capacidad y sus dietas en el Senado.
Pero de la manera más extraña y sospechosa, justo el día que se debía realizar la primera audiencia de ese juicio en contra del panista campechano, el Ministerio Público Federal se desistió de los cargos en contra de Lavalle y retiró su denuncia.
El problema que ahora tiene don Alejandro Gertz es que se le agota el tiempo legal para proceder en el caso Lozoya porque si no hay ningún acusado o procesado, se vería obligado legalmente a cancelar la colaboración y a meter a la cárcel a Lozoya para que sea procesado por los delitos que se le imputaron y que ameritarían prisión preventiva porque se trata de un prófugo de la justicia.
Ya veremos si don Alejandro despierta de su letargo y hace algo con el caso Lozoya o si de plano el tema ya se le desinfló y tendrá que proceder, lo quiera o no, contra el acusado exdirector de Pemex. Y más vale que el fiscal se mueva antes de que, una vez más el presidente López Obrador le vuelva a tronar los dedos y a regañarlo públicamente porque “no avanzan los casos”, como ya lo
hizo una vez. Porque la molestia es mucha en Palacio Nacional, ante la lentitud, el tortuguismo y la falta de eficacia para concretar sus acusaciones de la FGR.
Y si ya una vez el presidente le dio un manotazo al fiscal para que se moviera, el siguiente puede ser mucho más duro. Se baten los dados y nos mandan una Escalera doble para todos los lectores a los que se les desean unas felices vacaciones de Semana Santa y unas felices Pascuas. Que nos cuidemos todos en estos días para que las vacaciones no nos traigan más contagios. Los dados
se guardan en estos días y vuelven a girar, recargados y filosos, el próximo 12 de abril.