Cuando el Presidente pregona a los cuatro vientos que va a presentar 3 nuevas reformas constitucionales en los próximos meses, a pesar de que sabe que su partido ya no tiene la mayoría calificada en ninguna de las dos cámaras del Congreso de la Unión porque la perdió en las pasadas elecciones, lo que en realidad está anunciando es que su gobierno está dispuesto a todo para conseguir los votos suficientes de sus opositores, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, y lograr así la aprobación de sus reformas pasando por encima de la oposición.
Es decir, que si López Obrador dice que va a intentar “convencer” a algunos priistas o a diputados o senadores de cualquier otro partido para que apoyen sus reformas y le ayuden a construir con sus votos las mayorías calificadas de dos terceras partes que se necesita para cambiar la Constitución, no está hablando de un convencimiento por la vía del diálogo y la negociación; mucho menos de una negociación en la que su gobierno tenga que ceder algo o conceder lo que pidan sus opositores: lo que en realidad está anunciando el Presidente es que, utilizando los medios judiciales y fiscales y haciendo sentir todo el peso de las instituciones del Estado, va a obligar a que sus reformas tengan el número de votos suficientes para ser aprobadas en el Congreso.
Una muestra de lo que viene para los opositores y hasta para sus aliados que se le resistan, sean dirigentes partidistas, gobernadores, diputados o senadores, es lo que está ocurriendo en estos momentos con el coordinador del PVEM en el Senado de la República, Manuel Velasco, a quien aun siendo aliado de Morena y del presidente López Obrador, le aventaron a la caballería del SAT para revisarle y revivirle auditorías de los años en que fue gobernador de Chiapas (2012 a 2018) y le han documentado gastos por 500 millones de pesos que presuntamente fueron ejercidos a través de empresas factureras. Aunque los gastos del presupuesto chiapaneco se ejercieron entre 2014 y 2016, las auditorías del SAT, según el reportaje de MCCI, se hicieron hasta 2019 y 2020 cuando ya Velasco era senador.
Para que no quedaran dudas del mensaje que le mandan desde Palacio Nacional al coordinador verde —unos días después de que declarara que su partido está “abierto a dialogar y buscar acuerdos con todas las fuerzas políticas”— ayer el gabinete de seguridad en pleno, con los secretarios de Defensa y de Marina, general Luis Cresencio Sandoval y el almirante Rafael Ojeda, además de la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, y el consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, se trasladaron a Chiapas, donde tuvieron su reunión diaria con el gobernador de Morena, Rutilio Escandón, quien está abiertamente confrontado con su antecesor del PVEM.
El mensaje a Velasco es en realidad para todos los opositores y es bastante fuerte y claro: si así tratan y presionan a un aliado del Presidente, para que no se le ocurra “salirse del huacal” y regatearle sus votos a Morena, ¿qué les puede esperar a los dirigentes, políticos y congresistas de la oposición, si es que el Presidente decide que, por ejemplo, para aprobar su reforma constitucional al sector eléctrico, que ya anticipó, necesita unos 20 votos del PRI, unos 5 del PRD y unos 15 del PAN?
Es claro que, en aras de sacar adelante las que serían sus últimas reformas constitucionales, como la ya mencionada del sector eléctrico que es prioridad para él, junto con la reforma electoral que desaparezca plurinominales y cambie la forma de integración del INE y la de adscribir a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, el presidente López Obrador no dudará en presionar y amedrentar a sus opositores para que le den los votos que necesita para lograr la mayoría calificada. Y en ese sentido ni los líderes de los partidos, sobre todo del PRI y el PRD, ni los gobernadores, especialmente los que dejarán el poder en los próximos meses, ni por supuesto los diputados y senadores de la alianza opositora, se escaparán de sentir “todo el peso del Estado” en caso de que su voto sea requerido para cumplir los caprichos presidenciales.
Ayer conversamos en radio con el senador Ricardo Monreal, líder de la mayoría de Morena en el Senado, y él anticipaba que “no será fácil sacar las reformas constitucionales que quiere el Presidente”, a partir de que se necesitan votos de la oposición ya no sólo en el Senado sino también en la Cámara de Diputados. Pero Monreal se refería a la negociación y operación política con las bancadas opositoras que en los tres años de la actual legislatura él ha tenido que realizar desde la Cámara de Senadores; pero eso es algo que al parecer ya no están considerando tan necesario desde Palacio Nacional donde, más que convencer o negociar, ahora parecen dispuestos a presionar, amenazar y amedrentar, si es necesario, para que los opositores den su brazo a torcer y su voto a las reformas lopezobradoristas.
Así que a remojar las barbas y a medirse las colas, señores de la oposición, porque en los siguientes meses y en los tres años que le quedan al gobierno, el Presidente ya decidió que, si los electores no le dieron la mayoría calificada en las urnas, él la va a construir a como dé lugar. Y si en 2018 la 4T se fabricó una mayoría constitucional comprando y moviendo diputados de distintos partidos, no sólo de sus aliados sino también del PRD, en este 2021 parece que a López Obrador y a sus operadores se les endureció la mano y no van a dudar, como ya lo están avisando, en activar auditorías fiscales, denuncias penales o revisiones patrimoniales para “convencer” a priistas, panistas o perredistas, de que se necesita su voto para reformar la Constitución. Se viene la mano dura de la 4T.
NOTAS INDISCRETAS…
Entre las estrategias que echarán a andar desde Palacio Nacional para conseguir votos de los nuevos diputados en la 65 Legislatura que arranca en septiembre, están las investigaciones, auditorías y hasta denuncias penales en contra de los gobernadores salientes. A cada nuevo gobernador de Morena, de los 11 que ganaron el pasado domingo, le van a encargar una “revisión a fondo” de las cuentas y manejos de los mandatarios que les entregarán el poder para que, de ese modo, se pueda tener “cooperación” de los diputados federales de cada estado, la mayoría de los cuales les deben las candidaturas y su diputación a los gobernadores salientes. Así cada exgobernador tendrá su policía y verdugo: Carlos Mendoza Davis tendrá a Víctor Castro; Alejandro Moreno tendrá a Layda Sansores; Silvano Aureoles a Alfredo Ramírez; Alejandro Tello a David Monreal; Juan Manuel Carreras a Ricardo Gallardo, y así cada sucesor estará resoplándole en la espalda a su antecesor. Pero, además, a los gobernadores del PRI que no jugaron en esta elección, también les harán marcaje personal, aunque ahí el Presidente parece tener dos que serán sus aliados incondicionales y que le darían votos de diputados sin necesidad de que los presionara: Alejandro Murat, de Oaxaca, y Alfredo del Mazo, del Estado de México. Sea como sea, buscarán conseguir los votos para las reformas que quiere el Presidente… A propósito de Ricardo Monreal, en la entrevista que ayer le realizamos para el noticiero de “A la Una” de El Heraldo Radio, le preguntamos si era verdad que el presidente López Obrador lo había regañado en la reunión que tuvieron un día después de las elecciones del 6 de junio, a lo que el zacatecano respondió: “Absolutamente falso. Hablé con el Presidente de la agenda legislativa y no hubo ningún reclamo ni regaño. Ni yo lo hubiera permitido porque yo no tengo una relación de subalterno con el Presidente, somos pares y aliados, pero yo soy autónomo. Jamás permitiría algo que vaya en contra de mi dignidad ni contra el Poder que representó”, aseguró Monreal quien de paso dijo que sí está interesado y apuntado para la sucesión presidencial pero que ni se moverá ni hará nada “hasta que se lleguen los tiempos”. De las acusaciones de “traidor” que le hacen grupos del gobierno de la CDMX por la derrota que sufrió Morena en 9 de las 16 alcaldías y en los distritos locales, el líder del Senado dijo que “yo no asumo culpas que no son mías. Que revisen qué hicieron mal y qué candidatos escogieron los que tuvieron la responsabilidad de esa elección y que no busquen achacarme culpas y responsabilidades que no me corresponden”. Más adelante diría en la entrevista que fue el equipo de Claudia Sheinbaum quien tomó las decisiones en la elección capitalina y que ellos tendrán que revisar qué hicieron mal para que la ciudadanía votara en su contra. Sobre el tema de la Línea 12, que involucra tanto a Marcelo Ebrard como a la jefa de Gobierno, Monreal comentó que “la situación se ve difícil para ambos” pero confió en que Marcelo “sabrá salir adelante”, mientras que de Sheinbaum se limitó a comentar que le parece “una buena gobernante y compañera”. En fin, que aún no son los tiempos de la sucesión, pero como si lo fueran…Los dados mandan Capicúa. Repetimos el tiro.