Pasar el mando de la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es una de las reformas constitucionales que pretende enviar el presidente López Obrador al Congreso en la segunda mitad de su sexenio. Cuando escuché esta propuesta de inmediato pensé lo obvio: otro paso más hacia la militarización de la seguridad pública, una estrategia que, si nos atenemos a los números de delitos, en particular los homicidios dolosos, ha fracasado.
Y no me sorprendió. AMLO siempre quiso que la Guardia Nacional dependiera de la Sedena. Si aceptó que estuviera subordinada a un mando dizque civil fue porque así consiguió los votos de la oposición para aprobar la reforma constitucional.
No obstante el compromiso, se han pasado la Constitución por el Arco del Triunfo. Para todos los efectos prácticos, la Guardia Nacional es una institución militar, integrada en su gran mayoría por exsoldados, marinos y comandada por un general de brigada. Lo que López Obrador está proponiendo es hacer de jure lo que ya existe de facto. ¡Fuera máscaras!
Pero esta nueva reforma constitucional que propondrá AMLO sería peor. Cito un reporte de Lantia Intelligence, que dirige el experto en seguridad pública, Eduardo Guerrero:
“La incorporación de la Guardia Nacional a Sedena no sería una mera formalidad. Resultaría trascendente, pues haría sumamente difícil que, en el futuro, otro gobierno intentara devolver a manos de civiles el mando efectivo de la corporación”.
He ahí el quid del asunto: cómo quitarles a los militares todas las tareas de gobierno que les ha entregado AMLO, pero que les corresponde a los civiles.
Que yo recuerde, nunca un Presidente, desde que los civiles tomaron el poder en México con Miguel Alemán Valdés en 1946, les había dado tantas responsabilidades al Ejército y la Marina como AMLO. Son sus instituciones preferidas.
Además de darles, en los hechos, el control de la seguridad pública con la Guardia Nacional, les ha encargado la construcción de varias obras: el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, otro aeropuerto de Tulum, los cuarteles de la Guardia Nacional, las sucursales del Banco del Bienestar y dos tramos del Tren Maya. Además, operarán el aeropuerto de Santa Lucía y ya están a cargo de la administración de las aduanas, puertos y la aeronáutica civil de todo el país. Amén de la distribución de bienes públicos, como libros de texto gratuito, fertilizantes, árboles y vacunas contra covid-19.
De seguir por este camino, México se convertirá en un país donde las Fuerzas Armadas producirán varios puntos del Producto Interno Bruto, tal y como sucede en Egipto o Paquistán. El problema es que, luego, no hay manera de sacarlos de todas estas labores que les dejan poder, prestigio y dinero. Porque, aunque sirven a la patria, los soldados también son seres humanos que defienden sus intereses. Y para ello cuentan con algo muy poderoso: las armas.
Como dice el reporte de Lantia, si AMLOconsigue que pase la Guardia Nacional a la Sedena, será prácticamente imposible que un próximo Presidente pueda dar marcha atrás; las Fuerzas Armadas lo tomarían como una afrenta.
Si al menos hubiera funcionado la militarización de la seguridad pública en México —que comenzó con Calderón, siguió con Peña y se ha profundizado con López Obrador—, pues uno estaría dispuesto a tragarse un sapo de ese tamaño. Lo justificarían los resultados positivos. La paz en nuestras calles. Pero no ha sido el caso. La realidad es que los militares no han podido resolver el problema. Persisten los altos niveles de violencia. Tan sólo hay que ver lo que sucedió el pasado fin de semana en Reynosa, donde el crimen organizado masacró a 14 personas inocentes al azar.
Es el peor de los mundos: un modelo militarista que ha fracasado, ahora legalizado en la Constitución y que, de prosperar la nueva reforma de AMLO, sería casi imposible de echar para atrás.
Termino con una noticia positiva para no quedar tan deprimidos. Dice el reporte Lantia: “La operación de la Guardia Nacional no ha propiciado, como se temía inicialmente, un aumento de las ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones graves a los derechos humanos. De hecho, durante el actual gobierno se ha observado una disminución en el uso de la fuerza letal por parte de las instituciones federales de seguridad. Un indicador al respecto es el porcentaje de masacres con participación de autoridades, que en 2018 fue del 15.5%, se redujo al 11.5% en 2020”. Por lo menos, algo bueno que reportar.
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