Al gobernador de Durango, el panista José Rosas Aispuro, lo está acusando un grupo de empresarios de Querétaro de robarse un avión que ellos compraron en una subasta del Indep (antes SAE) y por el que pagaron 6.4 millones de pesos. El avión es un Gulfstream Comander 1000 y, al momento de ser subastado, estaba “bajo resguardo” del gobierno de Durango, a quien se le había prestado en tanto era vendido, pero ocurrió que al mandatario duranguense nadie le avisó que la aeronave ya había sido vendida y cuando sus nuevos dueños fueron hasta su estado a recogerla, sus pilotos y guaruras se negaron a entregarla a sus nuevos y legítimos dueños.
La subasta del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado comenzó desde el 14 de noviembre pasado y diez días después, tras una oferta de 6 millones 412 mil pesos, que fue la más alta en la puja, la dependencia emitió su fallo el 24 de noviembre y asignó la aeronave, matrícula XC-AA19 y número de serie 96056 a los empresarios queretanos que un día después pagaron el 50% del valor del avión y el 30 de noviembre, de acuerdo al plazo que les puso el Indep, liquidaron la suma total, recibiendo incluso la factura del aparato que era propiedad del gobierno federal.
Cuando los nuevos dueños pidieron ver el avión por el que ya habían pagado, los funcionarios del Instituto de la Secretaría de Hacienda les informaron que se encontraba físicamente en Durango, donde el gobierno de Rosas Aispuro lo tenía en resguardo, pero que les sería entregado el 16 de diciembre en el aeropuerto de la capital de aquel estado. Hasta allá llegaron puntuales los empresarios que se presentaron al hangar del gobierno del estado donde se encontraba la aeronave, pero cuál sería su sorpresa que el piloto del gobernador, Samuel Barcaza, y su copiloto, les dijeron que no entregarían el avión porque “el gobernador no estaba de acuerdo con que el SAE hubiera subastado la aeronave en la que él se movía sin avisarle”.
Desde entonces los nuevos propietarios de la aeronave han estado insistiendo en pedir que se les entregue el avión por el que ya pagaron y del que tienen la factura, pero la respuesta de los funcionarios del Indep, que dirige Ernesto Prieto, ha sido la misma: “No podemos hacerles la entrega”. El tema ya llegó a los tribunales con el amparo interpuesto por los empresarios afectados, quienes acusan no sólo el incumplimiento del Indep para entregar un bien federal subastado y pagado, sino también la negativa del gobernador de Durango, quien dicen, se robó su aeronave.
El tema, que parece anecdótico, plantea en realidad que los problemas e irregularidades en el Indep siguen siendo tan delicados como cuando su anterior director, Jaime Cárdenas Gracia, renunció en 2020, en medio de denuncias y acusaciones de corrupción en esa institución, acusaciones que le valieron al abogado una descalificación del presidente López Obrador que lo acusó de “no dar el ancho para el servicio público”.
Ahora, en lugar de dar certidumbre a los particulares que participan en su subasta, el Indep del señor Prieto pretende cancelar la adjudicación que ya había hecho a los empresarios de Querétaro y revertir una compra ya finiquitada y facturada, mientras que el gobernador sigue volando en un avión, que fue de propiedad federal y que ahora es propiedad particular. Unos defraudando y otros robando. El Instituto que supuestamente debe “devolver lo robado” está legitimando un robo y el gobernador se apropió de un bien que le habían solamente prestado. Y los empresarios terminaron viendo volar su dinero, pero no el avión por el que pagaron. No se ría que es en serio.