Agencias/Sociedad 3.0
-Con información de Animal Político
En 2020, el segundo año de operación del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) no logró mejorar sus mecanismos para evitar pagos irregulares, como los 28 millones de pesos entregados a jóvenes que se registraron para ser aprendices, pero en realidad eran beneficiarios de otros programas y empleados en la administración pública y privada.
Además, la dependencia encabezada por Luisa María Alcalde no presentó pruebas de las revisiones que, según los lineamientos del programa, se deben hacer a los centros de trabajo donde los jóvenes aprenden un oficio o adquieren experiencia laboral, como revela la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el informe sobre la Cuenta Pública 2020.
Destacar, que el programa de JCF es la principal estrategia del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador hacia los jóvenes de 18 a 29 años que no tienen oportunidad de estudiar y trabajar, pues, al registrarse como becarios, la STPS los vincula con una empresa o con pequeños negocios a cambio de recibir una beca. En el periodo del informe, el apoyo era de 3 mil 700 pesos mensuales durante un año (en 2021, el monto subió a 4 mil 310 pesos mensuales, y en 2022, a 5 mil 258 pesos mensuales).
Recordar, que de acuerdo a múltiples reportes, en el primer año de operación, la secretaría incumplió sus propias reglas de operación al tener a 322 mil becarios haciendo labores como funcionarios públicos, y tener más becarios en municipios que no tienen altos índices de desempleo, marginación o inseguridad.
Por ejemplo, había hasta 6 mil becarios en una sola delegación del Bienestar en Veracruz o Tamaulipas, pese a que el máximo es de 50 becarios por cada instancia.
En 2020, la dependencia repitió esa irregularidad, pues “no supervisó que 10 mil 760 centros de trabajo respetaran los límites de beneficiarios a capacitar establecidos en las Reglas de Operación”, por lo que la ASF pidió la “promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría del Trabajo” proceda.
La STPS también pagó a empleados que se registraron como becarios del programa. Gastó 1 millón de pesos en las becas para personas que “se identificaron como trabajadores en dependencias públicas y empresas privadas, durante el mismo periodo de capacitación”.
Además, se entregaron apoyos a 252 beneficiarios por 2 millones 218 mil pesos, a jóvenes que estaban registrados como becarios y como tutores, la figura que “enseña” el oficio o actúa como “responsable” del joven en algún centro de trabajo.
La auditoría a dicho programa forma parte del Tercer Informe de la Cuenta Pública 2020, entregado este pasado domingo, y en la revisión también detectó un pago de 3 millones 188 mil pesos por el seguro médico de 17 mil 283 personas que no son becarios, pues la dependencia no “demostró que se capacitaron en un centro de trabajo participante del programa, además no se localizaron en el padrón de beneficiarios de dicho programa”