***Eleazar Guerrero Pérez es quien controla al Poder Judicial y ordena la continuidad de Isabel Inés Romero Cruz.
La magistrada Concepción Flores Saviaga gana un recurso jurídico, bajo la resolución del Amparo Indirecto 843/2021 del Índice del Juzgado Décimo Octavo de Distrito del Poder Judicial de la Federación, al violarle sus derechos humanos perpetrado por la magistrada presidenta Isabel Inés Romero Cruz. Y esta aún titular pretende adueñarse del Poder Judicial e incumple la ley de retiro al cumplir 70 años, siendo que la Constitución de Veracruz establece su retiro forzoso, buscando que con una dispensa del Congreso Local la mantenga en el cargo, cuando es ilegal.
Recordemos que la magistrada Concepción Flores Saviaga es especialista en Derecho Constitucional y al ganar este Amparo Indirecto con el número 843/2021, se comprueba haberle violentado sus derechos humanos, por haber sido cambiada de Adscripción de la Octava Sala Especializada en Material Familiar del Tribunal Superior de Justicia a la Visitaduría Judicial, sin tomar en cuenta su inmovilidad, siendo arbitrario este cambio y nulo consentimiento.
Y a quien también le violentaron sus derechos por presuntamente aplicar la ley de retiro por edad, es a la magistrada Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros, quien cumplió 70 años y el mismo día fueron sacadas sus pertenecías, rompiendo reconocimientos y objetos personales, cuando ella estaba en resguardo por la pandemia, violentando la ley y sus derechos humanos, así como le causaron daños, sin justificación alguna.
Y es que Isabel Inés Romero Cruz es manipulada por su jefe, mentor y protector, el subsecretario de Finanzas y Administración, Eleazar Guerrero Pérez, quien es en verdad el que manda y ordena en el Poder Judicial, desplazando al propio diputado local Juan Javier Gómez Cazarín.
La magistrada presidenta del TSJ pretende comprar su perpetuidad, pues aseguran haber entregado al primo del gobernador la cantidad de mil setecientos millones de pesos del presupuesto y fondos de mejoramiento en la impartición de justicia y de pensión complementaria. Además, acató las órdenes de desaparecer 20 juzgados, dejando a Orizaba sin presencia en el tema de lo familiar y mandar a todos los abogados y litigantes a que vayan a Nogales, a un juzgado penal y familiar.
Lo peor, en abierto, apoyó la campaña para la frustrada Consulta de Revocación de Mandato y la misma Isabel Inés Romero asegura tener todo el poder y dijo que cuando sea “gobernadora” Rocío Nahle García, la hoy magistrada presidenta será la nueva secretaria de Gobierno. Y con este comentario, se comprueba estar enloquecida y enferma de poder.
Los diputados locales de MORENA y aliados pudieron evitar la ilegal dispensa de la magistrada presidenta y exigir que entregara su retiro al cargo, pero prefirieron acatar órdenes de Eleazar Guerrero Pérez y de Juan Javier Gómez Cazarín para aprobar una continuidad que violenta la Constitución. Y vuelven a mostrar su ignorancia en las Leyes y la normatividad que rige a nuestro estado. Hasta abogados ya cuestionan la lucidez de Isabel Inés Romero y piden un estudio neurológico, pues violenta la Ley para su beneficio personal.
No hay división de poderes y la magistrada presidenta obedece todo lo que le ordena el gobernador y el primo incómodo de éste, Eleazar Guerrero Pérez.
Al disminuir los salarios de los trabajadores del Poder Judicial, fomentas la corrupción y el cobro de moches, propiciando actos deshonestos en los juzgados y áreas de atención al público. Y esto no es nuevo, pero se supone que “los Honestos” acabarían con la corrupción en el estado y ellos mismos la fomentan.
Dos años más le dieron de dispensa a Isabel Inés Romero Cruz para seguir al frente del Poder Judicial y acatando órdenes del Ejecutivo y sus pillos parientes. Una fragilidad que puede ser merecedora a inhabilitaciones, pues recordemos, la conocida como “Chabela”, puede correr el mismo camino que Sofía Martínez Huerta, a quien usaron y cuando ya estorbaba, la quitaron de la peor manera. Y la magistrada presidenta no tiene fuero, así que puede ser objeto de recursos jurídicos federales que pueden llegar a órdenes de aprehensión y hasta cárcel, por actos de corrupción e ilegalidades jurídicas perpetradas en el Poder Judicial.
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