La militarización del país será uno de los peores legados que deje el régimen de la pretendida “cuarta transformación”.
Y es que independientemente de quién gobierne a partir de 2024, revertir el proceso de empoderamiento de las fuerzas armadas en todos los campos de la vida pública del país será imposible, por lo menos en el mediano plazo.
La presidencia de Andrés Manuel López Obrador le entregó el país a los militares, que hoy hacen tremendos negocios construyendo y operado obras multimillonarias como el aeropuerto “Felipe Ángeles”, un monstruoso “elefante blanco” oda a la necedad y al capricho, al que quieren hacer funcionar a punta de “decretazos” y de presiones a las aerolíneas.
Los militares también participan en la construcción de la refinería de Dos Bocas y en el ecocida Tren Maya, mientras administran y controlan las aduanas y los puertos del país. Todo eso les ha entregado el presidente con tal de tener contentas a las fuerzas castrenses e intentar “garantizar” su “lealtad” de la única manera que la “4t” sabe hacer política y gobierno: a billetazos.
La seguridad pública también está en sus manos, a pesar de que fue una promesa de campaña y una bandera de la izquierda supuestamente democrática regresar a los militares a sus cuarteles, luego de doce años de una estrategia fallida iniciada en el sexenio de Felipe Calderón y continuada en el de Enrique Peña Nieto. Nadie se habría podido imaginar que con López Obrador ésta se exacerbaría a niveles de república bananera y que provocaría el baño de sangre más grande de la historia del país.
La “solución” propuesta por el régimen para atender el fenómeno de la inseguridad fue la creación de una Guardia Nacional con coordinación castrense, pero que se prometió sería un cuerpo predominantemente civil. A día de hoy, esas promesas son letra muerta y los elementos no militares prácticamente han desaparecido de esa corporación.
Como resulta lógico, a iguales acciones, iguales y hasta peores resultados. Durante lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador se habían cometido 119 mil 132 homicidios dolosos al corte del 1 de mayo, superando por mucho todos los de la “guerra de Calderón” y los de la indolencia de Peña Nieto.
De esos casi 120 mil homicidios, nueve mil 500 se perpetraron entre enero y abril de 2022, siendo hasta ahora el festivo 1 de mayo el día más violento en lo que va del año, con 112 asesinatos.
¿Cuál ha sido el beneficio entonces de la Guardia Nacional y de sostener la estrategia de militarización de la seguridad pública? Si nos atenemos a los números, absolutamente ninguno. Para más, este cuerpo ha servido para atender intereses geopolíticos desastrosos, como la contención por medio de la fuerza de la migración centroamericana ante las amenazas del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de reventar la economía mexicana imponiendo aranceles a las exportaciones si el gobierno de López Obrador no detenía a los “hermanos migrantes”, episodio que fue recientemente evocado por aquél, con una frase humillante –“nunca vi a nadie doblarse así”- que vergonzosamente no mereció una respuesta contundente de las autoridades mexicanas.
Los defensores a ultranza y los facilitadores del régimen lopezobradorista justifican la militarización que antes condenaron aduciendo que como este gobierno si es “justo”, “popular” y de “mayorías”, no hay problema con que las Fuerzas Armadas se apropien de las tareas que les corresponderían a los civiles, porque ellos “nunca” les ordenarían atacar al pueblo, como “pasaba antes”.
Pero resulta que no hace falta dar la orden. Los militares están entrenados para responder con fuerza letal a cualquier signo que consideren de amenaza, lo que provoca que al realizar tareas de seguridad agredan a civiles, que terminan reducidos a “daños colaterales”.
Fue exactamente eso lo que pasó este fin de semana en Irapuato, cuando en un momento de “incertidumbre” un elemento de la Guardia Nacional abrió fuego contra un vehículo que transportaba a estudiantes de la Universidad de Guanajuato, asesinando a uno e hiriendo gravemente a otra.
Las condenas contra estos hechos han sido unánimes. Las universidades del Sistema Universitario Jesuita (SUJ), por ejemplo, condenaron el uso desproporcionado de la fuerza y manifestaron su desaprobación por la militarización de la seguridad pública que, “como hemos manifestado en repetidas ocasiones, agrava las violaciones a derechos humanos”.
Todavía peor, la Universidad de Guanajuato denunció que el presunto homicida fue puesto en libertad al imputársele el delito de tentativa de homicidio, aunque las autoridades afirman que en realidad se trató de otro guardia nacional que también disparó, pero no hirió a nadie. Un juego de confusiones que más pareciera querer procurar impunidad para el o los agresores.
Hace muy poco, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU publicó un informe sobre México, en el que entre otras cosas señaló que “la permanente participación de la fuerza armada establecida en la reforma constitucional del 11 de mayo de 2021, a pesar de presentarse como ‘extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria’, permite poner en duda su conformidad con los estándares constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos y seguridad ciudadana”, reporte que solo recibió las consabidas descalificaciones de un presidente ciego y sordo ante cualquier hecho y dicho que contravenga su limitada concepción de la realidad del país.
El fracaso de la militarización de la seguridad pública es trágicamente evidente. Y también el lopezobradorismo lo cargará sobre los hombros.
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