Tremenda alharaca ha despertado el “decretazo” por el cual el gobierno estatal declara extinguido el fideicomiso del Acuario de Veracruz y se asume como nuevo administrador de dicha empresa al transferir la responsabilidad a la Procuraduría del Medio Ambiente cuyo titular, por cierto, no goza de buena fama. ¿cuáles son las motivaciones que impulsaron al gobernador Cuitláhuac García a dar ese paso? ¿Acaso es la fiebre estatizadora del gobierno federal permeando hacia las entidades federativas donde gobierna MORENA? Porque no hay visos de tratarse de una ocurrencia, un paso de esa naturaleza no puede ser fruto de la improvisación sino de una estudiada premeditación, ya que desde lejos se notaba que el asunto del manatí muerto era solo parte de la narrativa en la lógica de construir un pretexto, muy endeble, pero de cualquier manera la decisión de asumir el control ya se había tomado. Han surgido voces de juristas negándole bases legales al referido decreto, y si la parte afectada demanda la restitución del fideicomiso podremos comprobar si ese aserto se acompaña con la hermenéutica jurídica correcta. Mientras tanto, no estará de más formular los inventarios correspondientes, incluido los de índole económica y financiera, para dejar constancia plena de que el Acuario es una empresa exitosa, positivamente rentable, adornado con un prestigio internacional ganado a pulso y que la obligación del gobierno será potenciarlo aún más. Sugerencia nada gratuita porque es triste la experiencia histórica que exhibe la pírrica habilidad administrativa de los gobiernos cuando se trata de dirigir una empresa privada. En el seno de la población conurbada Veracruz-Boca del Río-Medellín este asunto es la comidilla del momento, algunos aplauden la intervención del gobierno porque, dicen, los beneficios de ese gran atractivo turístico se repartían entre pocas manos y no son menores los intereses creados. Ojalá no resulte peor el remedio que la enfermedad