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AL PIE DE LA LETRA
Raymundo Jiménez
Aunque lo más prudente será esperar que las autoridades ministeriales investiguen y esclarezcan el verdadero móvil del asesinato de Clemente Nagasaki Condado Escamilla, presidente del DIF municipal de Acayucan y miembro de una influyente familia perredista en esa región del sur de Veracruz, por lo mientras, ayer, la especulación prevaleciente en las redes sociales y corrillos políticos es que el trasfondo de la ejecución del ex subprocurador regional de Justicia del estado pudiera estar vinculada a la pugna política por las anticipadas sucesiones estatal y presidencial de 2024.
Y es que en el proceso electoral de 2021, la entidad veracruzana ocupó el deshonroso primer lugar nacional en violencia política, sin que las autoridades estatales y federales hayan mostrado mayor interés y eficacia por proteger a las víctimas y combatir a los grupos criminales que, curiosamente, sólo se dedicaron a amenazar, golpear y asesinar a los aspirantes a las presidencias municipales, no a quienes contendían por las diputaciones locales o federales.
De los 782 actos de violencia registrados en total durante las campañas del año pasado en el país –ocho más que en el proceso electoral de 2018– 117 ocurrieron en Veracruz, considerado el epicentro de dicha crisis.
En un amplio texto difundido en 2021 bajo el título “Por qué Veracruz es el estado más peligroso de México en homicidios de políticos”, la agencia de investigación criminal InSight Crime analizó por qué nuestra entidad era especialmente vulnerable a los intentos del crimen organizado por intimidar o asesinar políticos. Señalaba concretamente que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el grupo de Los Zetas Vieja Escuela se disputan el control del territorio veracruzano porque, “en primer lugar, tiene un atractivo especial por su ubicación geográfica para ejercer operaciones criminales”, ya que “es largo y estrecho, y toca otros siete estados que conectan el sur de México con Tamaulipas, la parada final antes del ingreso de narcóticos, contrabando y migrantes a Estados Unidos”, además de que “sus sólidas industrias de café y ganado, entre otros sectores agrícolas, ofrecen oportunidades de lavado de dinero y extorsión de residentes”, y sus puertos marítimos “traen cargamentos internacionales de mercancías legales, además de químicos precursores para la producción de drogas sintéticas”.
En segundo lugar, apuntaban, “es corriente que grupos criminales y políticos hagan acuerdos a puerta cerrada para poder operar”. El problema, referían, “se remonta a comienzos de la década de 2000, cuando la administración del entonces gobernador Fidel Herrera le permitió el ingreso al estado a un grupo criminal (que con el tiempo llegaría a convertirse en Los Zetas), si estos acordaban hacer contribuciones a las campañas de algunos candidatos”.
Como tercera causa señalan que “años de corrupción han contribuido a fomentar la fragmentación política, lo que les facilita a los grupos criminales apoderarse de gobiernos débiles, y que los gobiernos busquen la ayuda de los grupos criminales”.
“Durante años, Veracruz fue una plaza fuerte del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Pero desde la destitución de Duarte en 2016, la gobernación del estado ha rotado entre el PRI, el Partido Acción Nacional (PAN) y Morena. Los partidos están cada vez menos dispuestos a colaborar entre sí, lo que implica que se hayan fragmentado los diferentes ámbitos del gobierno y no siempre coordinen sus esfuerzos contra el crimen organizado.
“En 2016, aunque el estado pasaba por una crisis presupuestal causada por el desfalco de (Javier) Duarte, el gobierno federal rechazó darle auxilio financiero, pues adujo que el estado era responsable de su situación financiera. Mucho de ese dinero pudo haber reemplazado los millones de dólares que Duarte robó a los gobiernos municipales que los grupos criminales intentan intimidar hoy.
“Lo peor es que estas luchas intestinas en la política ponen a los candidatos en mayor riesgo de ser atacados”, alertaban.
Sin embargo, exponían que “aunque el análisis de los homicidios políticos en Veracruz apunta a una fuerte participación del CJNG, esa no es la historia completa.”
Y es que referían que de los 16 homicidios ocurridos en la entidad, y registrados por el grupo de análisis de riesgos Etellekt, 11 fueron de partidos opositores al gobierno estatal. “Ocho eran opositores, no candidatos a reelección, y no tenían ningún cargo político al momento de su asesinato”, puntualizaron.
“En un nuevo proyecto lanzado en junio de 2021, titulado ‘Elecciones y violencia en México’, Noria Research busca entender mejor los motivos detrás de la violencia política. La introducción del proyecto declara que la mayoría de los estudios explican la violencia política y electoral exclusivamente ‘mediante un modelo de incentivo criminal’, y dejan de lado ‘la participación activa o pasiva, la protección, la colaboración o el patrocinio de políticos (…) fuerzas armadas, así como otros actores públicos o privados’.
“Es difícil señalar con exactitud por qué los homicidios en Veracruz fueron perpetrados exclusivamente por grupos criminales o cuál puede haber sido la participación de funcionarios del gobierno local”, concluían.
Pero Veracruz no es la única entidad con este grave problema. En 2021 también se hizo público cómo la noche anterior a la elección de gobernador de Sinaloa, el cártel de Joaquín “El Chapo” Guzmán operó para neutralizar la estructura electoral del PRI y asegurar el triunfo del candidato de Morena, Rubén Rocha Moya.
Ahora, a escasos nueve días de la elección en Tamaulipas, existen graves señalamientos también en contra del candidato morenista a la gubernatura Américo Villarreal por sus presuntos nexos con Sergio Carmona Angulo, un empresario de Reynosa vinculado al negocio del huachicol que financió campañas de alcaldes y legisladores del partido guinda hasta que fue ejecutado en noviembre del año pasado en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.