Juegos de poder
Leo Zuckermann
El acceso a internet se ha convertido en un servicio de primera necesidad, tal como ocurrió con la electricidad el siglo pasado. El Presidente lo entendió y, por eso, prometió llevar el internet a toda la población.
El problema es que hay muchas regiones donde no es rentable para las empresas privadas llevar este servicio. La inversión de la red cuesta mucho dinero y se torna imposible recuperar el capital con los pocos usuarios que hay en comunidades chicas, pobres y aisladas del país. Las empresas prefieren quedarse con la “pechuga” del mercado, es decir, las grandes ciudades y, sobre todo, las clases medias y altas que tienen los recursos para pagar este servicio.
Si las empresas privadas no quieren ir a los mercados no rentables, el gobierno debe intervenir para que llegue el servicio a las comunidades que carecen de él. Tiene que subsidiar no sólo el capital, sino el costo de operación, ya que esas poblaciones carecen de los recursos para pagarlo.
Se trata de un asunto de justicia social. Y es que, hoy, al igual que la electricidad y el agua potable, el acceso a internet es fundamental para tener mejores oportunidades económicas en la vida.
Yo, como liberal, no me opongo a la intervención del gobierno para llevar internet barato, incluso gratis, a las comunidades más pobres y alejadas del país. La pregunta es cómo hacerlo.
El gobierno mexicano tiene dentro de la Comisión Federal de Electricidad una unidad llamada CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, que está desplegando una red pública de internet y servicios móviles 4G para estas comunidades donde, se calcula, viven 60 millones de mexicanos.
Sin embargo, la CFE TEIT no tiene, por sí sola, la capacidad de llegar a todas las viviendas. Es el problema de la llamada “última milla”: la infraestructura de llevar la señal de las redes principales a los hogares es muy cara y compleja.
Ahí entra a escena Altán Redes, una empresa que se formó el sexenio pasado con el objetivo de conectar a todos los mexicanos.
Esta corporación actualmente está quebrada. Se encuentra en “concurso mercantil”, ya que no puede pagar todas las deudas que tiene. Se calcula que son mil 500 millones de dólares de pasivos. A todas luces se trata de una empresa pésimamente administrada. Gastan mucho, le deben a sus proveedores y bancos, y no han logrado el objetivo de llevar internet barato a todo el territorio nacional.
Ahora el gobierno de López Obrador ha decidido rescatarla con dinero de los contribuyentes.
Con el fin de seguir operando, Altán recibirá una inyección de capital de 388 millones de dólares. El Banco Nacional de Comercio Exterior, propiedad del gobierno, aportará 161 millones de dólares y el resto lo pondrán los proveedores, accionistas y clientes.
Se trata del primer rescate del gobierno actual que había prometido no socializar las pérdidas de las empresas privadas. López Obrador ha reculado con esta promesa porque tiene que cumplir otra, es decir, llevar internet a todos los mexicanos.
El gobierno cree que la solución es apuntalar a Altán Redes a fin de convertirla en una empresa del Estado. Creo que se equivoca. Lo que procedía era la liquidación de esta corporación a fin que otras compraran sus activos. Los accionistas perderían su capital. Seguramente, también saldrían perjudicados proveedores y bancos prestamistas. Ni modo: así es el proceso de destrucción creativa del capitalismo.
Sin embargo, con la liquidación de Altán, el gobierno no resolvería la promesa de llevar internet para todos. ¿Cómo hacerlo?
Una mejor solución podría ser trabajar con las empresas privadas que tienen experiencia en este mercado. Darles incentivos para conectar a las comunidades más alejadas. Podrían otorgarles incentivos fiscales o subsidios directos contra resultados pactados. La CFE desplegaría las redes principales y las empresas privadas se encargarían de la llamada “última milla”.
A López Obrador le ganó su vena estatista. Altán se convertirá en una empresa paraestatal y, como sabemos, el Estado mexicano es un pésimo administrador. En el corto plazo sacará a esta empresa de la quiebra, pero, luego, con toda seguridad, volverá a tener problemas de liquidez. Se convertirá en otro hoyo negro que los contribuyentes tendremos que rescatar cada tantos años.
El objetivo de López Obrador es correcto y loable. No así el medio que ha escogido para lograrlo. El rescate de Altán y su constitución como empresa paraestatal tiene la palabra “desastre” escrita por todos lados.
Twitter:@leozuckermann