La publicación del informe preliminar sobre el caso Ayotzinapa para el esclarecimiento de la desaparición de los 43 normalistas recibió tantas críticas porque la verdad alterna del gobierno de Andrés Manuel López Obrador era la misma en lo central –la muerte de los estudiantes a manos de Guerreros Unidos– a la verdad histórica del gobierno de Enrique Peña Nieto, que Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación y responsable de la Comisión de la Verdad encargada del caso, sacó de la chistera días después el nombre del coronel José Rodríguez y lo acusó del asesinato de seis de los jóvenes. Frustrado por los reproches, elevó su apuesta.
Encinas siempre ha pensado que el Ejército tuvo responsabilidad en aquel crimen que llamó “de Estado”, y soltar el nombre de Rodríguez y acusarlo de homicidio, quizá creyó, demostraría que su trabajo sí había llevado a un puerto distinto. Visto en el primer plano, es cierto, pero observado bajo sus diferentes ángulos, abrió un conflicto con las Fuerzas Armadas que sólo superará si respalda con evidencia que sus imputaciones fueron legales y sólidas. De otra forma, el revés no sólo será para Encinas, sino para el propio gobierno, abriendo la posibilidad de que el multicitado informe se caiga a pedazos.
Rodríguez, hoy general en retiro, era el jefe del 27O Batallón de Infantería, con sede en Iguala, la noche del 26 de septiembre de 2014 cuando desaparecieron los normalistas, y el miércoles pasado se entregó ante sus autoridades superiores en el Campo Militar Número 1 para enfrentar la acusación de Encinas que, dijo en ese momento, era mentira. Rodríguez inició inmediatamente su defensa y la semana pasada presentó una demanda de amparo directo contra el subsecretario ante un juez en la Ciudad de México, donde subraya que no intervino en los hechos delictivos de que lo imputan.
El general retomó la presentación del informe y la conferencia en la mañanera de Palacio Nacional el 26 de agosto frente al presidente López Obrador, así como una entrevista el 28 de agosto en el programa Voces Públicas que conduce el presidente del Sistema Público de Radiodifusión del gobierno en el Canal 14, Jenaro Villamil, donde reiteró las conclusiones del documento y la intervención del Ejército mexicano en la desaparición de los normalistas.
“A partir de estos momentos y como consecuencia directa de los señalamientos incriminatorios realizados por una autoridad de alta investidura, la opinión de la sociedad se vio influenciada y prejuiciada en mi contra, y comencé a ser públicamente señalado como responsable de hechos delictivos en los que no tuve intervención”, apuntó. “Todo ello sin la prosecución de un juicio a cargo de una autoridad verdaderamente competente (el énfasis es del autor de la columna) en la investigación de delitos y en su juzgamiento”.
“Salta a la vista la presión mediática y política generada en el presente caso”, agregó al incluir como prueba una serie de informaciones publicadas en papel y plataformas digitales, recogiendo sus acusaciones. “Los señalamientos ilícitos de una autoridad (subsecretario de Estado) que no recepta facultades constitucionales de investigación delictiva (el énfasis es del autor de la columna) me privan de un debido proceso y me estigmatizan públicamente como un culpable, pues se me brinda un trato irregular en forma contraria a mi derecho humano de presunción de inocencia”.
La demanda de amparo tiene dos vertientes de largo alcance. Una es la particular, directamente contra Encinas, por presuntas violaciones a los derechos humanos del general Rodríguez, y la otra, donde perjudica al gobierno, y el caso en específico, al haber usurpado Encinas funciones que están fuera de sus atribuciones y facultades legales como subsecretario de Gobernación, en especial lo plasmado en el artículo 21 constitucional que establece que la investigación de delitos corresponde, única y exclusivamente, al Ministerio Público y a las policías.
El Presidente tiene la facultad de crear comisiones por decreto, como fue la de la Verdad, pero de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, las conclusiones a las que arriben esas comisiones no son vinculantes. Encinas, se entiende, se excedió. “El poder político que detenta el titular de una secretaría o subsecretaría de Estado es amplísimo, más aún la de Gobernación, que históricamente se ha erigido como una extensión de la figura del Presidente de la República”, agregó Rodríguez en su demanda. “Por ello, cuando uno de sus titulares usurpa funciones ministeriales, su actuación fuera de todo cauce legal y constitucional, genera un inmediato espectro de desconfianza en torno de la información de la investigación”.
Si el juez falla a favor del general, la conclusión descalificará el informe de la comisión, al haberse construido sobre ilegalidades. Según lo expuesto por Rodríguez, Encinas violó cinco derechos fundamentales: el de la audiencia previa, seguridad y certeza jurídica; el del debido proceso y una defensa adecuada; el de la presunción de inocencia; el de tener acceso a un juez competente e imparcial, y el derecho a la verdad, objetividad y legalidad en el contexto de suministro de información pública a la ciudadanía por parte de las autoridades.
Encinas violó los artículos 14, 16, 20 y 21 de la Constitución, según la demanda, así como el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas. “La autoridad responsable ha violado todos y cada uno de los postulados, pues el derecho a una defensa adecuada se ha anulado en mi perjuicio”, afirmó Rodríguez, por el efecto corruptor, la doctrina formulada por el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, en el caso de Florence Cassez, que viola el principio de la presunción de inocencia.
El subsecretario de Derechos Humanos deberá responder a la demanda para demostrar que lo que hizo no contraviene con sus funciones y atribuciones. Enfrenta una situación difícil, porque no es la primera vez que viola la ley para acomodarla a sus intereses. La demanda estará ahora en su cancha, y veremos su argumentación para evitar el colapso del caso Ayotzinapa.