Designada presidenta del H. Tribunal de Justicia del Estado por motivos ajenos a su pírrica trayectoria en ese poder, la señora Isabel Romero desocupará ese importante cargo en la judicatura veracruzana el próximo 30 del mes en curso, después de también haber sido favorecida por el Congreso local para obtener una irregular e inmerecida prorroga en esa función pese a los dictados de la ley. Este lamentable periodo en la historia del Poder Judicial veracruzano será recordado como un episodio equivalente al teatro de lo absurdo, durante el cual la señora Romero presidió (es un decir) los destinos de tan importancia instancia “haya sido como haya sido” y aunque usted no lo crea. Ella lo condimenta con su candorosa declaración acerca de un fantasmal legado de lucha anticorrupción. Pero no hay mal que dure cien años ni plazo que no se cumpla, según contempla para esta clase de casos la sabiduría popular, aplicable en toda su extensión a este dramático lapsus calami, que sin embargo tiene sesgo positivo porque permite advertir con diáfana claridad la gran diferencia de estatura intelectual y capacidad profesional de quienes han precedido en ese cargo a la señora Romero. Por supuesto, la comparación peca porque no es equivalente, pues referida a sus antecesores en la comparación estos resultan gigantes de la judicatura veracruzana, porque así han sido considerados en su justa dimensión en sus respectivos tiempos: don Aureliano Hernández Palacios, don Fernando García Barna, don Julio Patiño, don Adalberto Sosa Hernández, entre otras muchas lumbreras de la ciencia jurídica en Veracruz. No se requiere conocer por adelantado el informe que rendirá la señora Inés para definirlo como el espacio de un vacío insulso, al cual el sucesor o la sucesora deberán empezar a retribuirle sustancia para devolver con la seriedad que el caso requiere la merecida solemnidad a tan importante Poder público. Se va doña Inés Romero sin pena y sin gloria, entre los pendientes deja la reincorporación de Gustavo Cadena Matey a sus labores, un caso de paradójica circunstancia porque según el dictamen legal debe ser incorporado a su lugar de trabajo, pero denegado precisamente por quien tiene a su encargo la aplicación de la ley.