Ante la falta de mayoría en el Poder Legislativo que le permita la aprobación de una reforma constitucional en materia electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador está por enviar “en estos días” su “Plan B” a la Cámara de Diputados para modificar el sistema electoral, el cual tiene dos propósitos fundamentales: disminuir el costo de las elecciones y desterrar los fraudes.
“Son dos cosas fundamentales: Una, que no se gaste tanto en la organización de las elecciones. Que no ganen tanto, 400,000 pesos mensuales, los consejeros. Es mucho, es un insulto. Que tienen que bajar los gastos porque es dinero del pueblo, y eso la Constitución lo permite. Y, lo segundo, es que no haya compra de votos, también la Constitución lo permite; entonces va en la ley. Porque si no, imagínense, se reúnen pues todos los corruptos, toda la banda de malhechores que quieren mantener el antiguo régimen y utilizarían muchísimo dinero, ya lo han hecho, en las elecciones, porque así es como se emparejan”, delineó el presidente López Obrador el miércoles 23 de noviembre en su conferencia de prensa.
Desde abril pasado, el presidente envió su propuesta de reforma electoral , la cual –para ser aprobada– requiere 334 votos de los diputados, sin embargo, Morena y sus aliados sólo tienen 276.
Aunque el bloque de oposición PRI, PAN, PRD se fracturó en la discusión de la reforma que amplió de cinco a nueve años el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, han anunciado que no aprobaran la iniciativa electoral del presidente López Obrador.
Ante esta situación, el presidente anunció el pasado 15 de noviembre que optaría por un Plan B para conseguir los cambios.
“Como es tan importante el que haya democracia, pues es probable que yo envíe una reforma a la ley que no requiere de dos terceras partes. Un Plan B. Es que es posible que, sin violar la Constitución, se pueda proponer en una ley o alguna reforma a la ley electoral que se elijan a los consejeros y magistrados del Tribunal Electoral, del INE y del Tribunal Electoral; que sea posible que no haya plurinominales, que en vez de 500 sean 300. Ver si existe, de acuerdo a lo que establece la Constitución, la posibilidad de hacer una reforma”, anunció.
Ésta no es la primera vez que el presidente opta por un plan alterno. Cuando envió su propuesta de reforma eléctrica, también propuso una iniciativa para modificar la Ley de la Industria Eléctrica con la cual fortalece a la Comisión Federal de Electricidad.
El presidente López Obrador dará prioridad sólo a algunos de los ejes de su iniciativa de reforma constitucional, esto con reformas a leyes secundarias, por lo que ha planteado dos prioridades:
Bajar el costo de las elecciones. El presidente considera que el aparato electoral mexicano es uno de los más caros del mundo, por lo que debe modificarse sin necesidad de modificar la Constitución.
Erradicar el fraude. El presidente argumenta que México ha sufrido de varios fraudes electorales, por lo que se siente con la obligación de presentar una iniciativa que contribuya a acabar con esas malas prácticas.
El Plan B busca modificar estas leyes secundarias pero sin modificar la Constitución:
· Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe).
· Ley General de Partidos Políticos.
· Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
· Ley General en Materia de Delitos Electorales.
· Ley Federal de Consulta Popular.
· Ley General de Comunicación Social.
El presidente busca una reducción en la estructura del INE a nivel nacional y con ello disminución de recursos, sujetar la elección de los consejeros a reglas para impedirles ocupar cargos públicos o de elección popular por 10 años.
El 28 de noviembre la Cámara de Diputados dictaminará la iniciativa de reforma electoral constitucional y, en caso de ser rechazada por el pleno, durante la semana se pondrá en marcha el «Plan B» para concretar los cambios en la materia vía leyes secundarias.
El presidente y su partido cuentan con mayoría simple para hacer cambios a leyes generales, por lo que el Plan B lograría su aprobación.
Si existe alguna inconformidad, la oposición podría recurrir a interponer recursos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“Estoy a punto de enviar la iniciativa de reforma legal, pero eso ya lo van a atender en el Poder Legislativo y, si se requiere, en el Poder Judicial si hay alguna controversia constitucional o se declara inconstitucional en el caso de que se apruebe la ley. Eso ya corresponde a la Suprema Corte”, dijo.
Adicionalmente, en el Poder Judicial el presidente tiene cinco perfiles afines a su proyecto: Juan Luis González, Yasmin Esquivel, Margarita Ríos y Loretta Ortiz Ahlf (a quienes propuso para llegar al cargo), así como al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar.
Para que una ley sea declarada inconstitucional, se requiere del voto de siete ministros de la Corte, por lo que el panorama para el presidente es optimista.
*Con información de Expansión